Los veterinarios han tomado las calles en Canarias para protestar contra la conocida como Ley del Medicamento. Una normativa que les frena en el ejercicio de su profesión y pone en riesgo la salud de los animales, según denuncian. 

Se trata del Real Decreto 666/2023, que entró en vigor el 2 de enero, con el fin de regular los medicamentos veterinarios. La norma ha sido criticada en España por la desproporcionalidad en su aplicación en comparación con otros países. En Santa Cruz de Tenerife decenas de personas se han movilizado este miércoles por fuera de la sede de la Subdelegación del Gobierno de Canarias.

Las manifestaciones estaban convocadas a las 10:30 horas en Las Palmas de Gran Canaria --donde entregaron al delegado del Gobierno canario más de 20.500 firmas contra el decreto-- así como en Arrecife (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura) y a las 11:00 horas en Santa Cruz de La Palma. Los siguientes pasos a dar será la presentación de una Proposición no de ley (PNL) en el Parlamento canario. A nivel nacional los profesionales acudirán al Senado la próxima semana. 

Ley

La Ley del Medicamento surge para luchar contra la resistencia del antibiótico buscando un uso más adecuado. Con la nueva norma se obliga a comunicar las recetas a través del Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (Presvet) pero con un proceso que se convierte en una odisea para los profesionales.

El problema no es el Presvet, sino su aplicación, ya que la ley limita el uso que se puede hacer. El decreto clasifica los antibióticos en cuatro categorías (A, B, C y D). De la categoría D solo hay dos inyectables para animales de compañía y uno en pastillas para poder seguir con el tratamiento en casa. 

Lucha 

"Me sancionan por usar los medicamentos que salvan a tu mascota", "nuestro criterio clínico no se criminaliza" o "salvamos vidas mientras ustedes firman su sentencia de muerte" son alguna de las frases que llevaban los profesionales en sus carteles reivindicativos a los que acompañaban bocinas, pitos e incluso el claxon de algunos coches que se unían a los manifestantes. Ya en febrero los colegios profesionales de ambas provincias y muchas clínicas cerraban sus puertas de forma simbólica. 

María Luisa Fernández Miguel, presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, señaló que el problema es la rigidez de la norma que no permite elegir el tratamiento dentro de las presentaciones comerciales existentes para pequeños animales, caballos y ganadería. "Si no tenemos la oportunidad de movernos de unos grupos de antibióticos a otros, o de usar medicación de humanos si no existe la de animales de compañía, nos vemos en la imposibilidad de llevar hasta el final los tratamientos de los animales con los que trabajamos". 

Sanciones

Una preocupación que se extiende a los dueños de los animales que acuden a los veterinarios. "Estamos ante una situación de falta de seguridad jurídica. No sabemos si lo que estamos haciendo se va a castigar por parte de los inspectores. Las sanciones son muy altas, en principio hasta 60.000 euros", dijo la presidenta. 

Fernández aseguró que los profesionales están de acuerdo con el control de los antibióticos para evitar esa resistencia, pero insisten en que necesitan trabajar en una estructura que se adapte a la realidad clínica. "Si yo tengo solo un antibiótico inyectable para tratar a todas las especies, de todos los tamaños y pesos, tengo muy poco margen de maniobra".