El CEIP Virgen del Pilar, en Las Rosas, uno de los núcleos de la localidad de Chimiche, en el sur de Tenerife, arranca este miércoles el curso 2026/2027 con la cantera de Las Cármenes en plena actividad, muy cerca de las aulas. Un año después de que los primeros vecinos denunciaran el polvo de sílice que levanta la extracción de áridos, las familias del colegio afrontan la vuelta al cole sin respuesta administrativa y una extracción que hace peligrar la salud de los más pequeños.
El pasado 1 de septiembre, apenas ocho días antes del inicio de las clases, representantes del AMPA Chimisur se reunieron con Ana Zurita, directora general de Industria del Gobierno de Canarias, y otros responsables del área.
Esta cita sirvió para confirmar algo que ninguna administración había reconocido hasta ahora: nadie está verificando si la empresa que explota la cantera cumple los informes y analíticas periódicas que están obligadas a presentar. "Ellos lo que se excusan es que la empresa tiene que hacer todos los protocolos, pero que nadie está revisando que se esté haciendo", resume Begoña Correa, presidenta del AMPA Chimisur, a Atlántico Hoy.
Según confirma Correa a Atlántico Hoy, desde junio, tres familias han retirado a cinco niños del centro por miedo al sílice de la cantera, y al menos otra sopesa hacerlo antes de comprar el material escolar.
Entre quienes se quedan, la angustia se traduce en ideas que rozan la desesperación: mascarillas específicas para niños de cuatro años, encierros en el patio durante el recreo, protestar frente a las puerta del colegio y el Ayuntamiento. "No sabemos si estamos enviando a nuestros hijos a enfermar", resume Correa.
Tres familias menos en las aulas
Correa tiene constancia de que, desde que acabó el curso pasado, tres familias han dejado el centro: dos de ellas ya tenían a sus hijos matriculados, cuatro niños entre ambas familias, y una tercera había apuntado a su hijo que iba a empezar este curso con tres años. En total, cinco niños menos en un centro escolar que ya arrastraba una matrícula ajustada. "Puede que haya más casos que yo no conozca, pero de estos tengo la certeza", matiza la presidenta del AMPA.
No son las únicas que dudan. Una vecina que vive en la zona desde 2019 le ha trasladado a Correa que todavía no ha comprado el uniforme de su hija para este curso: "Está esperando a saber qué le decimos nosotros, porque si no, no compra ni los uniformes y se va para un colegio de San Isidro".
Según explica Correa, la decisión pesa especialmente entre quienes empiezan de cero: "Toda la gente que empieza nueva prefiere que su hijo empiece en otro lado a cambiarlo dentro de seis meses porque esto no funciona".
La propia presidenta del AMPA admite haberse planteado marcharse. "Yo tengo la posibilidad: si no me voy para San Isidro, me voy a otro lado, no tengo problema", explica, aunque matiza que no todas las familias cuentan con esa opción: "Hay gente que vive allí y no tiene la posibilidad de irse, que depende del transporte para los niños". Según afirma, ella se queda "a seguir luchando", aunque reconoce el desgaste tras meses y meses de reclamaciones públicas.
Un cierre que no se realiza
El pasado 3 de septiembre, el Ayuntamiento de Granadilla celebró un pleno extraordinario, el tercero solicitado por la oposición en menos de un año, para pedir el cierre cautelar urgente de la cantera y un estudio de calidad del aire. Todos los grupos votaron a favor, pero, según Correa, "poco tienen que ofrecer": la petición municipal de ese estudio está fechada el 9 de julio, y dos meses después el Ayuntamiento seguía sin empresa ni fecha. El propio alcalde, José Domingo Regalado, reconoció en la sesión —grabada— que la votación "no va a cambiar nada", frase que también recogió la prensa local.
La solicitud de aquel pleno identifica la explotación como la concesión minera CDE-1.992, titularidad de Cement Investment, S.L., y recoge que, según las familias, ya se habrían observado problemas respiratorios entre algunos menores el curso pasado.
El bloqueo se repite con el expediente completo de la cantera, solicitado por escrito el 13 de noviembre de 2025. Casi diez meses después, ni Vechisur, ni el resto de asociaciones ni el PSOE lo han recibido, pese a ser información pública.
La respuesta institucional, resume Correa, es siempre la misma: plazos. La petición para desplazar al colegio el vehículo móvil que también mide la calidad del aire en episodios de calima sigue sin respuesta. "Entiendo que hay plazos, pero depende de para qué. Si me piden dos chicas más para limpiar, entiendo que eso sea un plazo. Pero necesitamos ya, urgente, comprobar si los niños llevan un año tragando este polvo dañino", resume.
Una cantera a las puertas del colegio
La propia presidenta del AMPA ha medido la distancia real entre el centro docente y la cantera: algo unos 280 metros hasta el borde de la misma, frente a los cerca de 50 metros que separan las viviendas más próximas, en Las Rosas.
El control de la actividad, según relata, se limita a que la Policía Local compruebe la licencia, sin competencia medioambiental; en sus visitas ha constatado trabajadores sin protección: "Están trabajando allí sin EPIs, sin mascarilla, sin nada". Las asociaciones sospechan además que parte de la actividad se traslada a la noche para evitar controles: "Si tú no tienes nada que esconder, no tienes porque trabajar de noche."
Por otro lado, el polvo se agrava, según Correa, por la falta de riego en la propia zona de extracción: el Ayuntamiento sostiene que la empresa tiene cisterna para mojar el terreno, pero los vecinos aseguran que solo se riega el camino de los camiones, no la extracción.
Sobre el material existe ya un primer análisis independiente: un informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), fechado el 26 de julio, comparó por difracción de rayos X una muestra de la cantera con otras dos recogidas en una vivienda cercana y en el colegio. Su conclusión: el polvo de la casa y el colegio compartían un origen mineralógico casi idéntico, y distinto del de la muestra sin erosionar, lo que interpreta como prueba de que ambas proceden de la cantera.
El análisis, eso sí, no detecta cuarzo cristalino como componente principal, y sus autores advierten de que determinar el riesgo real requeriría aún un estudio del tamaño de partícula y de PM2,5 y PM10, una analítica que, según denuncia el AMPA, nadie ha encargado.
Familias sin respuesta
Esta tensión se traslada, según Correa, a las reuniones con las familias, que plantean medidas extremas: no llevar a los niños a clase, encerrarlos en el aula en el recreo, o mandarlos con mascarillas. Correa avisa de que esta última opción no es viable para los más pequeños: "La mascarilla para el sílice no es una mascarilla normal, tiene que ser de doble filtro, como las que usan los profesionales que trabajan con pintura y productos tóxicos".
Otras familias plantean sentadas en la puerta del colegio, o huelgas de hambre frente a la cantera. Correa reconoce que, como presidenta del AMPA, no siempre sabe qué responder: "A los padres, hasta dónde tenemos que llegar. Yo como madre, ahora mismo, pues salvar a mis hijos." Ella misma se plantea sentarse cada mañana en la puerta del Ayuntamiento con carteles, como ya hicieron el día de la concentración del 5 de septiembre.
Aquella concentración reunió a familias, vecinos y colectivos como Vechisur, Acomete, Tagoror Permanente y AMPA Chimisur, junto a representantes del PSOE y de Más Granadilla, los únicos partidos que acudieron pese a que todos habían sido invitados. Allí se recogieron firmas que las asociaciones prevén trasladar al Gobierno de Canarias, y se puso a disposición de los asistentes toda la documentación reunida hasta la fecha.
Mientras las administraciones hablan de plazos, la cantera sigue activa y el colegio empieza el curso con la misma pregunta que ha marcado todo el verano. Correa, que compagina la presidencia del AMPA con su papel de madre, y resume: "No voy a estar quieta hasta que los niños estén a salvo".
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