En los últimos años, los centros educativos se han convertido en escenarios clave para prevenir suicidios de menores, un tema con graves consecuencias emocionales y sociales. 

Según datos de la Fundación ANAR, en el año 2024 se produjeron en Canarias 135 intentos de suicidio entre los menores y adolescentes canarios, 45 más que en 2023. Asimismo, el informe refleja un incremento de un 19.3% de las llamadas a este organismo alertando de problemas de salud mental. 

Protocolo ante conducta suicida

Según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), 7 jóvenes menores de 19 años fallecieron por autolisis en el año 2023. 

Teniendo en cuenta los datos, desde el Gobierno de Canarias se han activado protocolos de prevención enfocados a los centros educativos del Archipiélago pero ni han arrojado los resultados deseados ni cuentan con el apoyo de los profesionales educativos y psicológicos., al considerar que no corresponde al profesorado hacer valoraciones que competen a los profesionales sanitarios

Sin consenso

“El documento aprobado al inicio del pasado curso escolar, 2024-2025, por las consejerías de Sanidad y Educación no fue negociado con las centrales sindicales y plantea una serie de obligaciones para el personal docente -que no es que no queramos hacerla-, sino que entendemos que no somos los profesionales adecuados para realizar esas valoraciones, sobre todo cuando nos referimos a un asunto tan delicado como este”, comenta a Atlántico Hoy el máximo responsable del sindicato del profesorado de la enseñanza pública no universitaria a escala estatal y autonómica (ANPE), Pedro Crespo.

Destaca Crespo que desde el sindicato plantearon a la Consejería de Educación la disconformidad y no fue hasta el pasado 8 de abril de 2025 cuando ANPE fue convocado a una mesa técnica con Sanidad y Educación en la que pudieron plantear sus reivindicaciones con respecto al protocolo. “A pesar de que ellos lo justifican, nosotros le hacemos ver que los profesores no tenemos capacidad para afrontar una cuestión sanitaria, como es la valoración de un test anti suicidio”.

Equipos sanitarios

“Puede que haya algún docente que cuente con formación en el ámbito sanitario, pero son muy pocos, una minoría”, apunta, manifestando que el protocolo anti riesgo suicida del Gobierno de Canarias se ha planteado para el cien por cien de los centros escolares, “y la gran mayoría no está capacitada para valorar un test relacionado con cuestiones de salud mental, por lo que nos hemos negado”. 

“Nosotros planteamos que en los centros educativos se conformen equipos sanitarios en cada isla, algo parecido al protocolo contra el acoso que, más o menos, está funcionando”, explica

Mejorar el protocolo

Al respecto y con la atención puesta en el inicio del próximo curso escolar 2025-2026, desde el sindicato canario de profesores se urge a las consejerías de Educación y Sanidad a replantear el protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas de Canarias 

La organización sindical recuerda que hay aportaciones relevantes del profesorado a las que se continúa sin dar respuesta a falta de apenas dos semanas para que comiencen las clases, a pesar del compromiso adquirido en ese sentido por la Administración en la mesa técnica sobre este tema celebrada el pasado 8 de abril.

Rechazan el intrusismo

Pedro Crespo considera que la decisión del ejecutivo en relación al protocolo “no es mala”, pero “sí que debe mejorarse” porque cualquier decisión con respecto a la salud mental de los menores a cargo de los profesores también podría afectar a la salud mental del profesorado.

Concluye el representante sindical que las y los docentes no tienen la formación adecuada para tratar temas sanitarios y deben contratarse profesionales de acuerdo a las necesidades del alumnado. “Un docente es un docente, un sanitario es un sanitario y un periodista es un periodista, cada cual con su responsabilidad”, matiza.

Responsabilidades

Por otro lado, también advierte que no se trata solo de la valoración del cuestionario sino de la responsabilidad jurídica que contiene porque, concreta, “desde que existe una norma en la que se explicita lo que tienes que hacer, si hay algo que no se interpreta bien cómo se debe de ejecutar, puede recaer sobre quien lo interprete la responsabilidad final”, subraya.

En este sentido, insiste en  que se conformen equipos de profesionales sanitarios en todas las islas que estén especializados en la actuación ante riesgo suicida en los centros educativos. “Si se crearan estas unidades”, subraya, “los centros podrían contactar directamente con ellas cuando se dé un posible caso para que acuda e intervenga en el mismo día”.

Así, recalca que el personal docente está dispuesto a colaborar y a formarse para afrontar los posibles casos de la mejor manera posible, pero sin invadir el campo de los especialistas en salud mental en un asunto tan delicado para la vida del alumnado.