El Gobierno de Canarias firmó hace menos de dos semanas convenios con los siete cabildos insulares que suman una inversión de 1.630 millones de euros para Dependencia entre los años 2025 y 2028. El Ejecutivo regional resaltó su “firme compromiso” en un ámbito que ha generado mucha controversia en los últimos años por las largas listas de espera acumuladas.

Aunque el tiempo medio de espera para obtener el reconocimiento de la ayuda ha bajado de 26 meses a 14 desde que empezó la legislatura, aún existen críticas por la lentitud de los trámites administrativos —en especial a la hora de construir infraestructuras por parte de algunas corporaciones insulares—. Ahora bien, ¿a qué se debe la última inversión anunciada?

Desplazamientos y kilometraje

Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), considera que es una forma de reconocer que este grupo de Gobierno y los anteriores han “infrafinanciado” los servicios de la cartera de Dependencia. Detalla que las partidas no han estado a la altura tras un incremento importante generado en los costes del propio servicio.

La principal responsable es la inflación, que ha acabado encareciendo los materiales, los desplazamientos y el kilometraje —en muchas ocasiones, los trabajadores deben trasladarse a domicilio—. “Han ido financiando un coste por plaza muy inferior al que las propias entidades prestadoras de servicios, a través de los cabildos, han ido soportando”, apostilla.

Infrafinanciado

En definitiva, la principal causa es “la infrafinanciación de los servicios”. “Ni siquiera es que la hayan perdido solo gradualmente, es que desde el inicio ya era insuficiente”, exclama. Pone sobre la mesa que el convenio de cooperación con los cabildos insulares establece un incremento en torno al IPC. “Pero habrá que formular más reservas de crédito”, matiza.

“Es evidente”, prosigue, “que estamos ante una demanda que va en auge y no se puede estancar la inversión presupuestaria”. “No podemos entonces cantar victoria todavía porque entonces cuando las cosas se hagan bien no las vamos a saber reconocer”, agrega la directora de ODESOCAN. Destaca también que el aumento de financiación debe ser paulatino.

Infraestructuras

Uno de los mayores problemas se suele registrar en los cabildos insulares. “Son un codo de fontanería”, sostiene Colao. Expone que cuando se les inyecta presupuesto suelen presentar problemas para ejecutarlos. “Además, tienen un problema para prestar las infraestructuras”, señala. Eso sí, apunta que algunos actúan bien y “no pueden pagar justos por pecadores”.

Colao, más allá de los ritmos burocráticos de la administración, hace un llamamiento a la ciudadanía para que “exija sus derechos y sea impaciente e impertinente”. “Hay gente que fallece, que espera el expediente, que aguarda la resolución o que no entiende por qué la administración la trata de manera desagradable cuando la atiende”, dice de forma tajante.

Resolver el problema

Sostiene que cualquier incremento de presupuesto siempre debería mejorar el servicio, pero aclara que el problema real está en las listas de espera. Pide, por tanto, que se incrementen las plazas en servicio y sociosanitarias. Todo ocurre, dice, a pesar de que la directora general de Dependencia del Gobierno, Concepción Ramírez, “trabaja”.

“Teniendo mis grandes diferencias en cómo podríamos solventar el problema, es verdad que hay un trabajo hecho y se notan las cifras, pero da igual el trabajo que realice porque la cifra de espera es escandalosa por la desidia histórica que han mantenido todos los gobiernos con la Dependencia”, continúa.

Triplicar el presupuesto

Colao defiende las medidas estructurales con el objetivo de resolver los problemas sin “parchear”. “El primer punto a tener en cuenta es que el presupuesto en materia de dependencia tiene que triplicarse inmediatamente”, indica. “Por otro lado, hay que crear un decreto que regule excepcionalidades en torno a las resoluciones de dependencia”, añade.

“Para nosotras es importante que la gente tenga cerca a la administración, por lo que la situación de dependencia para la ciudadanía debería valorarse en sus municipios, en los centros de salud porque ahí se emite el informe de valoración, el informe médico y hay una trabajadora social que está acostumbrada a este tipo de casos”, sentencia.