Los obispos españoles han aprobado un escrito firmado por los dos obispos de Canarias, José Mazuelos y Bernardo Álvarez, en el que apelan a todas las administraciones ante la situación migratoria en las islas y más concretamente en Gran Canaria. La Conferencia Episcopal estima que hasta 1.000 jóvenes tutelados se quedarán desamparados el próximo 1 de enero de 2023. A todos esos jóvenes se les puso como fecha de nacimiento el 1 de enero de 2004, porque cuando llegaron a las islas iban indocumentados, así el 1 de enero del año entrante “cumplirán” 18 años y serán mayores de edad. Los prelados advierten de que muchos acabarán en la calle, sin la madurez, capacitación, ni apoyos suficientes para una vida autónoma y un acceso al mercado laboral.
El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha explicado que los jóvenes no tendrán comida, empleo, ni techo bajo el que vivir en Canarias, donde existe una crisis de paro y una población empobrecida. "Es una bomba de relojería social", ha alertado en un encuentro con periodistas el obispo de Canarias, José Mazuelos. El prelado ha explicado que ya se empiezan a escuchar discursos de odio hacia la población migrante, ya que cada vez se ven más chavales jóvenes en la calle "deambulando y sin nada qué hacer".
2.235 menores tutelados
Mazuelos ha emplazado a Gobierno y comunidades autónomas a colaborar para permitir el tránsito de las personas migrantes por España y hacia el resto de países de Europa porque, según dice el Obispo, Canarias no se puede convertir en una "cárcel sin muros donde contener a los jóvenes migrantes". "No podemos estar lanzando jóvenes a la calle porque luego dirán que son delincuentes y no lo son. Cuando se les da formación, cuando se les prepara, son maravillosos. Esto es lo que tenemos que promover, no un almacenamiento de personas, sino una formación de personas, porque necesitamos a estos jóvenes", ha subrayado.
Por eso, los obispos canarios han pedido al resto de diócesis españolas que, tal y como hicieron durante la crisis de los refugiados ucranianos, se presten a acoger a jóvenes extutelados para ayudar subsidiariamente a las islas en el conocido como proyecto Corredores de Hospitalidad "y despertar así la conciencia de las administraciones públicas". En Canarias viven 2.235 menores tutelados por lo que en los próximos meses, muchos más jóvenes podrían llevar el mismo destino incierto. Por todo ello, han instado al Gobierno y a las comunidades autónomas a poner los medios para retomar las derivaciones de menores o jóvenes migrantes ex tutelados o en situación de emergencia a programas de inserción en otras regiones.