Ocho familias residentes en Carrizal de Ingenio se enfrentan a un procedimiento de desahucio previsto para el próximo 11 de noviembre a las 9.30 horas. Las personas afectadas no cuentan con una alternativa habitacional, según ha denunciado la organización Derecho al Techo, que las acompaña en este proceso.
La entidad señala a XiZdecor, empresa a la que identifica como gran tenedora, como promotora de los procedimientos judiciales. Las familias llevan años residiendo en el edificio en una situación de precariedad habitacional y, hace aproximadamente un año, recibieron incluso la visita de empresas de desokupación, según recoge la denuncia.
Menores y personas con discapacidad
Entre las personas que podrían verse afectadas por los lanzamientos hay menores de edad y personas con discapacidad. Todos los niños y niñas están escolarizados y las familias mantienen vínculos sociales, educativos y comunitarios en el barrio.
Derecho al Techo advierte de que el desalojo podría provocar la pérdida de su entorno habitual y agravar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
La organización también denuncia que inicialmente no se habían solicitado los correspondientes informes sociales, pese a las circunstancias de las familias. Por ello, ha reclamado que se recaben estos documentos y se incorporen al procedimiento judicial para que la situación de los afectados sea conocida y valorada antes de cualquier decisión sobre la ejecución de los lanzamientos.
Reclaman una alternativa habitacional
Ante esta situación, Derecho al Techo exige que no se ejecute ningún desahucio sin que previamente se hayan solicitado y valorado los informes de vulnerabilidad y se haya garantizado una alternativa habitacional digna para todas las personas afectadas.
La organización sostiene que la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda y atender las situaciones de emergencia habitacional corresponde a las administraciones públicas, y no debe recaer sobre las propias familias ni sobre las entidades sociales que las acompañan.
La entidad insiste en que el caso va más allá de un procedimiento judicial y afecta directamente a ocho familias que podrían perder su hogar y su entorno comunitario.
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