El 17 de agosto de 2026, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) quiso escenificar una vuelta a la normalidad. Más de 40.000 estudiantes regresaron a las aulas de sus 48 unidades académicas después de un semestre excepcional. Para entrar, muchos tuvieron que enseñar por primera vez una credencial con código QR. Había más cámaras, más luminarias, nuevos botones de pánico y decenas de vigilantes. En el exterior de algunos campus patrullaban incluso efectivos de seguridad pública, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.
Algunas facultades llevaban cinco meses y medio sin desarrollar con normalidad sus clases presenciales. La universidad acababa de atravesar una de sus mayores crisis recientes, desencadenada después de que dos de sus alumnas de 18 años, Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, desaparecieran y fueran encontradas muertas con pocos días de diferencia. A aquellas dos muertes se sumaría, antes del verano, la de una tercera estudiante, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de solo 15 años.
La seguridad había dejado de ser una preocupación abstracta. Había provocado manifestaciones, ocupaciones de instalaciones, meses de negociación con el rectorado y una inversión de hasta 15 millones de pesos mexicanos para reforzar la protección de la comunidad universitaria. La propia UAEM documentó durante meses aquel proceso.
Pocas semanas después de aquella reapertura llegó allí Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante canaria de 21 años de la Universidad de Granada que realizaba una estancia de movilidad académica en Morelos.
Este fin de semana se convirtió en la cuarta alumna de la UAEM encontrada muerta en apenas siete meses.
Y, sin embargo, la Universidad de Granada asegura ahora que desconocía los tres casos anteriores.
El primer caso
La sucesión comenzó el 20 de febrero. Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años y estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, dejó de estar localizable.
Su desaparición movilizó rápidamente a la comunidad universitaria. Hubo marchas, búsquedas y concentraciones para exigir su regreso. La discusión alcanzó además a la propia seguridad del campus: mientras se buscaba a Kimberly, estudiantes comenzaron a reclamar mejores condiciones de vigilancia dentro y alrededor de las instalaciones.
El 2 de marzo, antes incluso de que terminara de conocerse el desenlace del caso, la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario se declaró en sesión permanente. La UAEM anunció entonces la contratación de 30 nuevos integrantes de su cuerpo de seguridad, la creación de comités internos, un sistema de alerta rápida, canales de denuncia anónimos, más iluminación y una revisión de las condiciones de seguridad de cada sede.
Kimberly fue finalmente localizada sin vida. La propia universidad calificó públicamente su muerte como feminicidio y exigió justicia.
Pero la comunidad universitaria apenas tuvo tiempo para asimilarlo.
Otra alumna
El mismo 2 de marzo había desaparecido Karol Toledo Gómez, también de 18 años. Estudiaba Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec y había acudido a clases ese día.
Tres días después, el 5 de marzo, las autoridades localizaron un cuerpo con signos de violencia en Coatetelco. Las pruebas periciales confirmaron horas más tarde que se trataba de Karol. La Fiscalía de Morelos anunció entonces que agotaría las distintas líneas de investigación para esclarecer su muerte.
Eran dos estudiantes de la misma universidad, ambas de 18 años, muertas en cuestión de días.
El efecto sobre la UAEM fue inmediato.
Cinco meses
Lo que comenzó como movilizaciones por Kimberly y Karol terminó convertido en un movimiento estudiantil mucho más amplio contra la inseguridad y la violencia hacia las mujeres.
El 2 de marzo había arrancado el paro. En los días posteriores, diferentes centros fueron sumándose a las protestas, mientras una organización denominada Resistencia Estudiantil asumía buena parte de las negociaciones con el rectorado.
La propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos conserva en su web una página dedicada exclusivamente a aquel conflicto. Allí permanecen ordenados los comunicados, las respuestas de los estudiantes, las convocatorias de las mesas de diálogo, las garantías solicitadas al rectorado y las demandas de justicia por Kimberly y Karol.
A mediados de marzo, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández reconocía que la institución llevaba más de 20 días inmersa en el conflicto. El campus de Chamilpa permanecía afectado por el paro y una parte de la comunidad reclamaba no solo justicia por ambas jóvenes, sino una revisión profunda de las condiciones de seguridad de las instalaciones universitarias.
Cuando llegó agosto y la UAEM anunció finalmente la recuperación completa de la actividad presencial, algunas unidades llevaban cinco meses y medio entre suspensiones y clases virtuales.
Entre ambos momentos ocurrió todavía otra muerte.
Michelle
Michelle Itzayana Fuentes Calderón tenía 15 años. Era alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta de la UAEM e hija de una profesora de la propia institución.
Desapareció el 24 de mayo en Yautepec. Las autoridades activaron el Protocolo Alba y sus compañeros volvieron a movilizarse. Repartieron fichas de búsqueda y recorrieron diferentes puntos de Morelos reclamando que fuera localizada.
El cuerpo de Michelle fue encontrado días después. La UAEM confirmó su muerte el 3 de junio y volvió a exigir el esclarecimiento de los hechos.
Para entonces, los problemas de seguridad ya formaban parte de la agenda cotidiana de la universidad.
No significaba que sus campus fueran necesariamente el escenario de los crímenes —los casos ocurrieron en circunstancias y lugares diferentes— ni que las medidas universitarias pudieran evitar por sí solas la violencia que sufría el Estado de Morelos. Pero sí demuestra que la institución llevaba meses reaccionando a una crisis que afectaba directamente a sus estudiantes.
Mil cámaras
La respuesta de la UAEM acabó siendo también material.
Antes del nuevo curso se instalaron más de 1.185 cámaras de vigilancia y 1.600 luminarias en las 48 unidades académicas. En el Campus Norte se colocaron inicialmente 25 botones de pánico. La plantilla del cuerpo de seguridad universitario se elevó hasta unos 80 efectivos y se introdujeron nuevos controles para limitar el acceso de personas ajenas a la comunidad.
El presupuesto dedicado a estas actuaciones alcanzó entre 10 y 15 millones de pesos, según explicó la propia rectora.
El 17 de agosto llegó la prueba de fuego.
Los más de 40.000 alumnos regresaron presencialmente a los campus. Las credenciales físicas y digitales comenzaron a comprobarse mediante códigos QR y se desplegaron operativos en el exterior de algunos centros. La universidad informó aquel día de que la vuelta a las aulas había transcurrido sin incidentes.
Era el comienzo del mismo semestre en el que Claudia realizaría su intercambio.
Granada no sabía
La Universidad de Granada ofrece ahora una pieza que faltaba para comprender la historia desde España.
Según ha explicado este martes su vicerrectora de Internacionalización, Inmaculada Marrero Rocha, la institución desconocía que tres alumnas de la universidad mexicana habían muerto durante los meses anteriores.
Tampoco, sostiene, recibió ninguna comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos informándole expresamente de esos casos.
La UGR sí manejaba otra información: las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Exteriores había actualizado sus indicaciones sobre Morelos y advertía de un repunte de la violencia vinculado, entre otras cuestiones, a enfrentamientos relacionados con el narcotráfico y los secuestros. Las recomendaciones llamaban a extremar la precaución, especialmente durante la noche y en determinados desplazamientos.
Es decir, Granada conocía que Morelos presentaba problemas de seguridad, pero asegura que desconocía que la propia universidad de destino acababa de atravesar una crisis tras las muertes de tres estudiantes.
La diferencia es sustancial. Porque durante esos mismos meses la UAEM no solo conocía los casos. Había mantenido negociaciones con estudiantes, modificaba sus sistemas de acceso, instalaba cámaras, contrataba seguridad y preparaba una vuelta completa a la presencialidad condicionada precisamente por las demandas de protección surgidas durante las protestas.
No existe, con los datos disponibles, ningún elemento que permita concluir que esas medidas hubieran evitado lo sucedido a Claudia. Su asesinato se produjo fuera del campus universitario, en Cuautla, mientras participaba en una actividad cultural. Tampoco puede equipararse automáticamente la situación de cada una de las cuatro jóvenes.
Pero sí queda una cuestión hasta ahora desconocida: esa crisis no formó parte de la información que la UGR dice haber recibido antes de enviar a su alumna a Morelos.
Cuatro plazas
Para este curso 2026/2027, la Universidad de Granada había adjudicado 24 movilidades académicas en universidades de México.
Cuatro tenían como destino Morelos.
Una era la de Claudia. Las otras tres correspondían a estudiantes que debían viajar durante el segundo semestre, aunque por razones obvias, ya no lo harán.
Después de la muerte de la joven canaria, la UGR ha decidido suspender las tres movilidades pendientes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Otros 17 alumnos granadinos se encuentran actualmente estudiando en diferentes universidades mexicanas. La institución se ha puesto en contacto con ellos para conocer su percepción sobre la seguridad de los lugares en los que residen y estudian.
Hasta ahora, según la vicerrectora, ninguno ha comunicado una situación que les lleve a querer abandonar su estancia, aunque se les ha pedido que informen inmediatamente ante cualquier percepción de riesgo.
Una larga relación
México tampoco era un destino nuevo dentro de los programas internacionales de Granada.
La universidad lleva unos 30 años enviando estudiantes a diferentes instituciones mexicanas y mantiene una de las mayores movilidades internacionales entre las universidades españolas. Cada curso manda al extranjero entre 2.500 y 3.000 alumnos y recibe aproximadamente a otros 3.000 procedentes de alrededor de 90 nacionalidades.
Antes de los viajes fuera de Europa, la UGR explica a sus estudiantes que las condiciones de seguridad no son necesariamente comparables a las de los países de la Unión Europea y les recomienda inscribirse en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El sistema descansa, por tanto, en diferentes capas: las recomendaciones diplomáticas, la información proporcionada por las universidades de destino y las propias precauciones que adopta cada estudiante.
En el caso de Claudia, una de esas capas parece haber tenido un punto ciego.
La cuarta alumna
Claudia tenía 21 años, estudiaba cuarto del Grado en Educación Infantil y llevaba menos de un mes realizando su estancia en México cuando fue asesinada en Cuautla.
La Fiscalía de Morelos investiga su muerte siguiendo el protocolo de feminicidio. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado justicia y las autoridades mexicanas han asegurado que colaborarán para esclarecer el crimen. Morelos había registrado 21 feminicidios entre enero y julio de este año, según cifras oficiales recogidas por Reuters.
La UAEM ha vuelto a pedir justicia.
La Universidad de Granada ha condenado el asesinato, ha suspendido las próximas movilidades a Morelos y ha rendido homenaje a la estudiante.
Pero la muerte de Claudia deja ahora una pregunta anterior al propio crimen.
No qué medidas podía adoptar una estudiante de 21 años frente a una violencia que no estaba en sus manos controlar, sino qué información circuló entre las instituciones responsables de organizar su estancia.
Cuando Claudia llegó a Morelos, la universidad mexicana acababa de invertir millones en seguridad, tenía más de mil cámaras, acababa de recuperar completamente las clases presenciales después de meses de protestas y había enterrado a tres de sus alumnas durante el mismo año.
Todo aquello había ocurrido antes de su viaje.
La Universidad de Granada dice que no lo sabía.
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