Unas 600 personas viven en hospitales a pesar de contar con el alta médica debido a la falta de plazas en centros sociosanitarios. Este hecho ha causado la movilización de sindicatos como Asamblea 7 Islas y la implicación del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN).
En declaraciones durante un reportaje emitido por Televisión Española, el viceconsejero de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Francis Candil, expuso que se plantean tomar posibles medidas judiciales contra familias que no asuman la responsabilidad de sus mayores en hospitales, lo que ha provocado que ODESOCAN advierta que emprenderá acciones legales contra el Ejecutivo si este adopta dichas medidas, pues esta situación se ha alcanzado debido al grave déficit de plazas sociosanitarias en las islas.
Falta de plazas sociosanitarias
La ocupación de camas hospitalarias por pacientes con alta médica evidencia la falta de recursos sociosanitarios y supone una sobrecarga para el sistema sanitario, desde la dificultad para reducir las listas de espera hasta la masificación de urgencias, al no disponer de estas camas para nuevos ingresos o emergencias.
Según los datos expuestos por ODESOCAN en un comunicado, la Comunidad Autónoma de Canarias enfrenta un déficit de 9.400 plazas sociosanitarias residenciales, mientras que la propuesta del Gobierno de crear 781 nuevas plazas resulta “absolutamente insuficiente” para cubrir la demanda actual.
Además, el Observatorio subraya que, aunque Bienestar Social ha planteado simplificar los procedimientos de reconocimiento de dependencia, esto podría agravar aún más la situación al incrementar el número de personas en lista de espera.
No es la solución
ODESOCAN asegura que las medidas judiciales contra las familias no pueden ser planteadas como una solución, ya que no abordan el problema de raíz, sino que trasladan la responsabilidad a terceros en lugar de reforzar el sistema de atención, que es responsabilidad del Gobierno.
La directora de la entidad, Emma Colao, expone que “cuando un dirigente público afirma que frente a un problema de ocupación de camas hospitalarias por personas en situación de dependencia, porque ha fracasado la política social en Canarias, es adoptar medidas judiciales, nosotras no nos vemos en otra opción que advertir que si el Gobierno de Canarias decide adoptar cualquier medida judicial frente a cualquier unidad familiar, este observatorio iniciará medidas judiciales contra el Ejecutivo por el incumplimiento continuado y sobrevenido de los derechos sociales de la población”.
Poca efectividad de los servicios
En el comunicado de la organización, como respuesta contundente a las declaraciones del viceconsejero, ODESOCAN cuestiona la efectividad de las iniciativas gubernamentales, como las 85.040 horas prometidas para el Servicio de Ayuda a Domicilio y las 30.000 horas destinadas a la promoción de la autonomía personal.
Según sus cálculos, estas horas solo beneficiarían a unas 221 personas en el caso del servicio domiciliario y a menos de 100 personas en promoción de la autonomía, cifras que califican de insuficientes para atender las necesidades reales.
Iniciativas sin ejecutar
Asimismo, el escrito señala la falta de concreción y seguimiento de varias iniciativas públicas relacionadas con la gestión de la dependencia y los servicios sociales en Canarias, como es el caso de las empresas públicas para la gestión de la dependencia, que a pesar de estar anunciadas en octubre de 2023, no cuentan con presupuesto ni trámites conocidos.
También se incluye la simplificación del procedimiento de dependencia, que fue anunciada en agosto de 2024 y su estado de avance es desconocido; la revisión del catálogo de prestaciones y servicios, prometida en agosto de 2023, pero sin avances documentados, y el mapa estratégico de servicios sociales, que desde agosto de 2023, no se ha informado de su ejecución, y los presupuestos para servicios sociales han disminuido.