Canarias tiene alrededor de 900 empresas que están obligadas a tener un plan de igualdad. Esta obligación cubre tanto a empresas privadas como públicas, sin embargo, a la hora de realizar dicho plan, los sindicatos encuentran desinterés tanto en hacerlos como en entregar datos que son fundamentales para su elaboración, lo que está lastrando la igualdad efectiva entre trabajadores.
Aunque sean cerca del millar, en realidad, el sindicato UGT ha negociado con unas 500 empresas la implementación de sus planes de igualdad. Sin embargo, según explica Mercedes García, de la Oficina Técnica de Igualdad del sindicato, muchos de esos planes no se han firmado porque ante la documentación presentada por la empresa han visto “que no son transparentes”.
Sin auditoria
Esa falta de transparencia se da especialmente en la parte retributiva. Los planes de igualdad tienen que incluir una auditoría retributiva que incluya los salarios medios, los extras y los datos desagregados por sexos.
“Nos encontramos con registros retributivos que no incluyen a parte de la plantilla o personas que están de baja y no las incluyen porque dicen que desvirtúa”, denuncia García. Señala que una parte de las prestaciones por incapacidad temporal se tienen que incorporar al registro retributivo, así como los complementos salariales y extrasalariales.
Desvirtuar los datos
“Cada vez nos encontramos con más cosas que hacen para desvirtuar datos”, denuncia la sindicalista, quien añade que “tampoco son claros en las promociones de las empresas”. “Vemos que les da miedo dar los datos que la ley nos ampara que pidamos a las empresas. Hay más apartados, no solo en materia retributiva”.
Desde su punto de vista, en la negociación de los planes de igualdad hay muchas empresas "sentadas", pero opina que hay muchas que lo hacen simplemente para cumplir un requisito legal. Esta situación ha llevado a que este sindicato se haya “bajado” de muchas negociaciones de planes de igualdad “porque nos negamos a firmar determinadas cuestiones que nos llegan por parte de las empresas”.
Escondidas de la IT
En la otra cara de la moneda están las empresas públicas y la situación es incluso peor. “Es curioso que las primeras obligadas a tener planes de igualdad son las administraciones públicas y es donde nosotras que negociamos planes de igualdad, lo menos que nos llegan”, afea García.
Según explica Begoña Barras, también de la Oficina Técnica de Igualdad de UGT, lo que sucede con las empresas públicas es que la Inspección de Trabajo no actúa sobre ellas. “Sí tienen obligación, pero como no caen exactamente dentro de la misma normativa, para las administraciones públicas está siendo algo más laxo”, opina.
“La paradoja es que nos estamos encontrando que hay muchas más empresas privadas que se están viendo obligadas a cumplir la obligación legal de tener los planes de igualdad mientras que las administraciones públicas están pudiendo obviarlo”, destaca Barras.