En Asamblea Extraordinaria de empresas de transporte celebrada este jueves, el sector ha acordado mantener la convocatoria de paro el próximo lunes de los servicios de transporte escolar de centros de enseñanza pública dependientes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Se ha sometido a valoración los documentos remitidos desde el ejecutivo este miércoles, sobre los que las empresas han apuntado la ausencia de fechas de cumplimiento en los compromisos económicos, así como la falta de concreción en los mismos de todos los aspectos que vienen siendo demandados por las empresas.
A cuántos alumnos afectará
Los centros educativos públicos del Archipiélago se enfrentarán a un paro al que han sido llamados los conductores de guaguas escolares. Un cese de actividad durante una jornada que afectará a 30.000 alumnos y a 1.550 rutas, según datos ofrecido a Atlántico Hoy por la Federación de Empresarios del Transporte (FET).
La FET reclama al Gobierno de Canarias que pague a los transportistas unos atrasos que se remontan a hace una década. El secretario general de la federación, José Ángel Hernández, explica que los contratos de transporte escolar tienen unas cláusulas que permiten que los precios de las rutas se vayan actualizando cada año en base al IPC.
No se han ajustado los pagos al IPC
“Lo que ha sucedido es que la Consejería de Educación, durante una serie de años, no fue aplicando esos incrementos del IPC”, afirma Hernández. Y resalta que eso tiene dos consecuencias: “Que los precios que se están cobrando a día de hoy por las rutas no son los verdaderos de 2023 y que existe una deuda acumulada de cursos anteriores cuyos diferenciales están pendientes de ser liquidados”.
Otra de las demandas que hacen desde la patronal es un refuerzo del personal administrativo por parte del ejecutivo. “Las noticias que nos trasladan en la consejería es que en los presupuestos de la comunidad autónoma de 2023 tienen fondos previstos para poder pagar estos dos capítulos. Si el dinero está, lo que falta es que administrativamente lo activen”, relata.
“No estamos diciendo que ese personal sea malo y que no trabaje. Todo lo contrario, es buenísimo. Lo que pasa es que es escaso. Lo que no es posible es que cuatro personas estén intentando hacer el trabajo de diez, que es el problema que creemos que tienen dentro de su casa”, apostilla Hernández.
Antecedentes del conflicto
Hernández expone que este tema se remonta al año 2020. Recuerda que el 13 de marzo del año de la pandemia, a causa de la situación sanitaria, el gobierno regional emitió dos decretos que cerraron toda la actividad turística y los servicios escolares. “En 2021 se plantea al Gobierno que una de las cosas que podría hacer para beneficiar al sector es pagarle esas deudas para poder retomar la actividad”, apostilla. Pero dice que eso nunca se produjo, que no se llevó a cabo ningún tipo de actuación por parte de la administración que acelerara esos trámites.
“En el verano de 2022, se plantea a la Consejería que, si no tomaba cartas en el asunto, no se iba a comenzar este curso con el transporte. En ese momento, la Consejería de Educación se comprometió a hacer el abono de lo atrasado y poner en práctica, desde septiembre, la actualización de los precios de las rutas escolares”, continúa.
No obstante, según cuenta, la respuesta del Gobierno fue que necesitaban 15 días para poder tramitar los expedientes, pero que cuatro meses después ni han pagado ni han realizado esa tramitación. “Por eso se decidió que no se podía esperar más para hacer esta reclamación”, culmina Hernández.