Carmiacu Pérez, portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, pone palabras a una realidad que muchas personas mayores viven en silencio: pobreza, miedo al desahucio y vergüenza de contar lo que les está pasando.  

“Últimamente muchos periodistas nos preguntan si conocemos a gente que está viviendo en la calle o en situaciones extremas y claro que conocemos, pero no quieren dar la cara porque en esta sociedad parece que ser pobre es una vergüenza y no una situación en la que te ha colocado el propio sistema”, lamenta.​ 

“En la calle de un día para otro” 

Pérez describe un itinerario que cada vez es más frecuente: perder el trabajo, no alcanzar el tiempo de cotización suficiente para cobrar el paro, encadenar trámites para el ingreso mínimo vital y, mientras tanto, dejar de poder pagar el alquiler. 

“Me puedo ver en una situación donde no puedo pagar el alquiler que he estado pagando y me echan. Pero cuando voy y miro, no encuentro otro alquiler y no encuentro dónde vivir. Me quedo en la calle”, resume, recordando que a la fragilidad económica se suma el encarecimiento de la vivienda. 

La pensión no da

La portavoz subraya que hoy  “ni siquiera con una pensión no contributiva o incluso contributiva se puede pagar una habitación, porque las habitaciones están por encima de los 400 o 500 euros”.

Para la portavoz, el silencio y la culpa agravan el problema. “La gente sigue teniendo vergüenza de su pobreza, como si hubiera calado ese discurso de eres pobre porque tú te lo has buscado, y eso no es cierto”, afirma. 

Hablar sin vergüenza

La portavoz defiende que es el entorno social y económico el que sitúa a las personas en la vulnerabilidad. Además, establece un paralelismo con las luchas feministas:, señalando que "si no hablamos de los problemas que se viven en lo privado y lo hacemos público, jamás se contemplará como un problema público”, explica.

Partiendo de lo expresado, llama a hablar abiertamente de pobreza y a recuperar el sentido de comunidad frente al individualismo: “Abajo el individualismo, arriba la comunidad. Si nos cuidamos y hacemos comunidad entre todos y todas, la pobreza se considerará un hecho social y tendrá que tener respuestas sociales, económicas y políticas”.​ 

Pensionistas y pobreza 

Canarias, apunta, es “uno de los lugares con mayores pobreza y donde precisamente las pensiones están más bajas y más precarias”. Según señala, “un cuarto de la población casi somos pensionistas y, si contamos que dentro de estos el 60% están por debajo del salario mínimo interprofesional, estamos hablando de una auténtica pobreza”., lo que les ha llevado a sumarse a las ovilizaciones de pensionista en todo el país, bajo el lema “Lunes al sol”. 

“Estamos igual que en el resto del Estado, el movimiento de pensionistas junto con otros colectivos sociales, todos por un escudo social que realmente proteja a las personas más vulnerables”, explica la portavoz y recuerda que en ciudades como Madrid, Barcelona, Salamanca, Cádiz o Valencia se han producido acciones similares.​ 

Vida al límite 

Preguntada por cómo se siente el colectivo, la respuesta es clara: “Depende de la pensión”, pero las cifras hablan por sí solas. Carmiacu Pérez detalla que “lo máximo que puede cobrar una pensión no contributiva es de 600 y pocos euros, lo máximo que están cobrando pensiones de viudedad son 800 y pico  y otras muchas pensiones contributivas están entre 300 y 500 euros”. Con estos ingresos, concluye, se vive “por debajo del umbral de la pobreza”.​ 

La subida de precios ha terminado de tensar unas economías ya muy frágiles. “Con el precio de los alquileres existentes, con la subida de precios en la alimentación, en la ropa, en lo básico para poder vivir, no da, no da”, denuncia.

Y advierte de una realidad cada vez más visible: “Nos estamos encontrando ya a muchas personas pensionistas viviendo en la calle, dependiendo de poder encontrar una plaza de residencia porque si no, por sí solas, no pueden mantenerse”.​ 

Verdadero escudo social 

El movimiento reclama que las pensiones se actualicen con el poder adquisitivo real, lo que denominan “IPC real”, y critica que sigan produciéndose desahucios sin protección a personas en situaciones de gran vulnerabilidad. También denuncian el retraso o la ausencia de prórrogas en ayudas básicas como los bonos para pagar las facturas de agua y luz, medidas que afectan especialmente a quienes peor lo están pasando.​ 

“Necesitamos un escudo social, ninguna medida puede quedar atrás, ninguna medida puede quedar descafeinada y, aunque nos aprueben esta subida con este IPC que no es el que nosotros queremos, seguiremos en la lucha hasta conseguir un verdadero escudo social”, advierte Pérez.​ 

A su juicio, las políticas públicas deben ir más allá de aumentar plazas en residencias: “Está muy bien contar con políticas que signifiquen aumento de residencias, pero también está muy bien tener políticas que signifiquen ayudar a las personas pensionistas a que puedan terminar sus vidas en sus casas, donde siempre han vivido, y que no sean desahuciadas o erradicadas de lo que es su vida social”.​

Asociación

La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, integrada en COESPE, se ha sumado este lunes 23 de febrero a la jornada estatal de movilizaciones en defensa de un Escudo Social que proteja especialmente a las personas en situación de pobreza. 

El colectivo ha advertido que los nuevos decretos del Gobierno no responden plenamente a las necesidades sociales y que algunas medidas han sido desmanteladas o recortadas, dejando fuera a muchas personas vulnerables. 

Aunque se prevé revalorizar las pensiones con el IPC medio de 2025, la asociación considera que la subida es insuficiente, no compensa la pérdida de poder adquisitivo, no recupera la paga extraordinaria ligada al IPC y agrava la brecha de género, por lo que avisa de que la orientación hacia lo privado frente a lo público nova a desmovilizar al movimiento.