Organizaciones feministas de Canarias coinciden en que el asesinato machista ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, el pasado 6 de enero, evidencia fallos estructurales en el sistema de protección institucional.
En especial, el problema se detecta en el funcionamiento del sistema VioGén, por lo que desde los colectivos reclaman una revisión profunda de los mecanismos actuales para evitar nuevas víctimas.
La denuncia archivada
Desde la Red Feminista de Gran Canaria, su portavoz Patricia González, sostiene que el hecho de que hubiera una denuncia previa demuestra que "había una situación de violencia", aunque el procedimiento acabara archivado.
“El sistema judicial se tocó, pero no fue suficiente. Estamos ante una desgracia humana que se podría haber evitado”, ha afirmado a este medio.
Alertas que no deben desaparecer
González recuerda que VioGén es solo una herramienta más, no una solución total, y que deja fuera a muchas mujeres que sufren violencia machista, pero no consiguen poner o mantener una denuncia.
Asimismo, desde la Red Feminista alertan de que archivar una denuncia no debería significar que desaparezca la alerta - como se hizo en este caso -, ya que el proceso para denunciar suele ser largo, complejo y condicionado por el miedo, la dependencia o el control del agresor.
González insiste en que el simple hecho de que una mujer llegue a denunciar ya indica una situación grave, incluso aunque después se retracte o niegue los hechos: “Ahí ya hay algo. El sistema tendría que continuar, porque la violencia machista no es un delito puntual, es una vivencia diaria, 24 horas al día, 365 días al año”.
No poner el foco en ellas
A esto se suma también la eficacia de algunos mecanismos de seguimiento, como las llamadas policiales periódicas, que en muchos casos pueden producirse en presencia del agresor, explica la portavoz feminista.
“Si un policía llama para preguntar si todo va bien y él está al lado, claro que ella va a decir que todo está bien. Eso incluso puede derivar después en una agresión”, advierte, reclamando mecanismos que no expongan ni revictimicen a la mujer y que pongan el foco en el agresor.
En este sentido, González defiende que el sistema no puede basarse únicamente en el nivel de riesgo asignado en VioGén. “Hemos visto asesinatos con riesgo bajo, medio o alto. Incluso con seguimiento. Eso demuestra que el sistema no garantiza la seguridad plena”, apunta.
"El sistema no está funcionando"
En la misma línea se posiciona Elisa Pérez, portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife. Desde su organización se lleva años denunciando que el sistema VioGén no garantiza la seguridad de las mujeres.
“Este caso vuelve a demostrar que el sistema no está funcionando. Había un registro previo en VioGén y, aun así, el asesinato se produjo”, señala Pérez, quien subraya que la retirada de denuncias o la negativa a declarar no puede analizarse sin tener en cuenta el miedo y amenazas que viven muchas víctimas.
El miedo a denunciar
Según explica, al igual que se compañera en Gran Canaria, muchas mujeres no se atreven a denunciar o desconfían del sistema porque son amenazadas por sus agresores, temen por la seguridad de sus hijos e hijas o carecen de redes familiares y sociales de apoyo.
“Si ya es complicado decidir denunciar, cuando lo hacen y se encuentran con situaciones como esta, la desconfianza aumenta”, lamenta.
Falta de responsabilidad pública
Pérez reclama revisión, autocrítica y autorreflexión profunda de los mecanismos institucionales, que "se analice por qué no están funcionando". Todo ello en un contexto marcado por el hecho de que Canarias vuelve a situarse entre las primeras comunidades en registrar un asesinato machista en este inicio de 2026.
“Si no se articulan medidas estructurales reales, no va a haber una respuesta favorable. La violencia machista es un problema que nos atraviesa a todas las mujeres, en todas las edades”, concluye la portavoz.
Prevención y más recursos
Ambas organizaciones coincidieron en que el sistema judicial y Viogén actúan cuando la violencia ya está muy avanzada, por lo que insistieron en la necesidad de reforzar la prevención a través de políticas públicas de igualdad, educación, sanidad y sensibilización social.
“Los minutos de silencio no nos sirven para nada. Estamos cansadas. Los recursos siguen siendo insuficientes y los asesinatos no disminuyen”, reitera González.
