El Cuerpo General de Policía Canaria estrenará en los próximos dos años un modelo de uniformidad completamente renovado, que va mucho más allá del vestuario. La resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de Canarias regula de forma minuciosa no solo qué prendas vestirán los agentes de la policía autonómica de Canarias, sino también cómo deben llevarlas, en qué contextos, con qué emblemas y con qué excepciones.

Este nuevo marco normativo responde a un proceso político más amplio: el plan del Gobierno de Canarias para reforzar el cuerpo y alinearlo con las competencias, dotaciones y estructura de otras policías autonómicas como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. La resolución detalla por primera vez una uniformidad coherente y completa, compuesta por en torno a 90 elementos diferentes: ropa técnica, distintivos, chalecos balísticos, fundas de arma, credenciales, mochilas y complementos tácticos.

El cambio no es solo visual. Supone una transformación operativa en el modo en que la policía se presenta, actúa y se organiza internamente. El uniforme ya no es solo la forma de reconocer a un agente en la calle: pasa a ser también un sistema regulado de funciones, jerarquías y especializaciones.

Una uniformidad para cada misión

La normativa clasifica los uniformes en cuatro categorías: trabajo, representación, gala y servicios especiales. El uniforme de trabajo se generaliza como el habitual para la mayor parte de los servicios. Es negro, con detalles rojos, y permite variantes como botas o zapatos técnicos según el entorno. Los polos incorporan velcros para emblemas, trabillas para microfonía y una tipografía estandarizada con la leyenda “Policía Autonómica Canaria”.

Para los actos institucionales se reserva el uniforme de representación, y para los actos oficiales de máxima relevancia, como juras de cargo o entregas de medallas, se establece un uniforme de gala con chaqueta negra, galones dorados y complementos específicos. Unidades como el Grupo de Respuesta Operativa o los Guías Caninos usarán un uniforme táctico propio, con buzo negro ribeteado en rojo y boina roja.

Esta diferenciación funcional tiene como objetivo mejorar la identificación visual y operativa de los distintos servicios, reforzar la imagen del cuerpo ante la ciudadanía y dotar de coherencia a la estructura interna.

Técnicamente preparados

Las prendas y accesorios están diseñados para adaptarse a distintas condiciones climatológicas, niveles de riesgo y entornos de trabajo. Se introducen tejidos térmicos, impermeables, transpirables, elásticos y resistentes al desgaste. Se normalizan los chalecos antibalas de protección integral, las fundas de nivel III para armas reglamentarias, los guantes anticorte, los pasamontañas térmicos y los cascos con viseras de alta resistencia.

También se incluyen prendas para motoristas, como cazadoras cordura con protecciones, pantalones con refuerzos, guantes térmicos con tejido capacitivo y cascos con intercomunicadores homologados. La ropa deportiva —pantalones, sudaderas, mochilas— se regula para los entrenamientos oficiales, y la bata blanca se incorpora para los servicios técnicos, como laboratorios.

Nada queda fuera: cada prenda tiene un código propio y una ficha técnica. La imagen deja de depender del criterio del agente o la disponibilidad de existencias: ahora es parte de la norma.

Identificación y simbología

La resolución también regula los distintivos, insignias y documentos de identificación. Se establece un modelo único de placa-emblema con número profesional, un nuevo documento de acreditación con medidas normalizadas y escudos de brazo con el escudo de Canarias y la leyenda del CGPC.

Los galones y divisas se codifican por tipo de uniforme y se fijan por categoría y escala. El uso de condecoraciones, incluidas las otorgadas por otras administraciones o entidades, se limita a los uniformes de gala y representación, con un orden de precedencia obligatorio. Las insignias de unidad, hasta ahora dispersas y con criterios dispares, se normalizan por completo.

El resultado es un lenguaje visual propio y coherente para toda la estructura del cuerpo.

Uso obligatorio, con excepciones

Aunque el uso del uniforme será obligatorio en la mayoría de situaciones de servicio, se contemplan excepciones concretas: mujeres embarazadas a partir del tercer mes, agentes destinados en Policía Judicial o Régimen Interior, o actuaciones en las que se requiera vestir de paisano. También podrán no usarlo quienes representen al cuerpo en ciertos actos institucionales, siempre que se justifique por protocolo o necesidad médica.

La norma regula incluso cómo deben vestir los instructores durante la formación interna, qué ropa usar en actividades con medios de comunicación y qué prendas pueden llevar los agentes que trabajen en contacto con material técnico.

Implantación progresiva

La implantación será gradual y estará condicionada por el presupuesto y los contratos de suministro. El plazo máximo para completar el despliegue total es de 24 meses. Durante ese tiempo, la Jefatura del Cuerpo podrá dictar instrucciones adicionales, modificar detalles técnicos y ajustar los anexos conforme a las necesidades del servicio.

Equiparación con otras policías autonómicas

La nueva uniformidad encaja en un contexto de refuerzo de este cuerpo policial para que sea capaz de asumir todo tipo de operaciones, como pasa en otras regiones. El decreto que equipara a la Policía Canaria con otros cuerpos autonómicos se aprobó el 26 de mayo de 2025, cuando el Consejo de Gobierno modificó el reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de Policía Canaria. La reforma, recogida en el Decreto 73/2025, actualiza el artículo 21, incorporando medios defensivos y armamento homologado (escopetas, subfusiles, escudos antidisturbios, cascos, cartuchería específica…) y refuerza la atribución de competencias sancionadoras a la Viceconsejería de Justicia y Seguridad.

Con ese paso, el Ejecutivo canario pretende asegurar que la Policía Canaria actúe “como Fuerza y Cuerpo de Seguridad con competencias plenas en la protección de personas y bienes”, al mismo nivel que los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. En ese mes, fuentes oficiales ya indicaron que la plantilla, entonces de 282 agentes, alcanzaría más de 400 próximamente —y más adelante se convocarían plazas adicionales— para garantizar presencia operativa en todas las islas.