La lucha contra la conocida como Ley de Medicamentos (Real Decreto 666/2023) continúa por parte de los veterinarios y amantes de los animales. La muerte de Selva, una perra en Galicia cuyo tratamiento se frenó por las restricciones de la norma, y la sanción de 90.000 euros que ha recibido un veterinario en Baleares por dispensar medicamentos sin seguir el nuevo procedimiento han aumentado la crispación y preocupación al demostrar el impacto de esta ley. 

Es por ello que el sector ha programado una concentración frente a las delegaciones de Gobierno de todo el país el próximo 26 de marzo. El Consejo de Colegios Veterinarios de Canarias hace un llamamiento en las distintas islas para que acudan, no solo los propios profesionales, sino también los tutores de animales y quien lo desee, pues es una cuestión que afecta a todas, sobre todo a “aquellos que son uno más de la familia” y puede costarles la vida. 

La manifestación está convocada a las 10:30 horas en Las Palmas de Gran Canaria, en Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura); a las 11:00 horas en Santa Cruz de La Palma y a las 12:00 horas en Santa Cruz de Tenerife. 

Consecuencias de la normativa

El RD 666/2023, en vigor desde el 2 de enero, busca armonizar la regulación de los medicamentos veterinarios con el Reglamento Europeo 2019/6. Sin embargo, la implementación española ha sido calificada de ineficaz y desproporcionada en comparación con otros países europeos.

Mientras que en otros lugares se han adaptado las normativas a la realidad del sector veterinario, en España se ha optado por una aplicación rígida y burocrática que dificulta la labor de los profesionales y compromete la salud de los animales.

El Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias ha querido recoger la preocupación sobre esta ley en un dossier en el que advierten sobre las graves consecuencias de la aplicación de la normativa, que no afectan solo al sector, sino a la vida de los animales en sí, y, por tanto, la necesidad urgente de su revisión. 

Tardanza en los tratamientos 

Entre los principales puntos de conflictos que resaltan los Colegios de Veterinarios del Archipiélago se encuentran las limitaciones en el uso de antibióticos. “Esta norma no permite utilizar desde el principio el antibiótico más adecuado a una dolencia y se pierde un tiempo precioso que al animal le puede costar la vida”, señala el documento, como le ocurrió a Selva, la perrita de Galicia. 

El decreto clasifica los antibióticos en cuatro categorías (A, B, C y D), restringiendo drásticamente la disponibilidad de tratamientos adecuados para animales de compañía y obligando a aumentar el número de pruebas, lo que supone más tardanza y lleva al siguiente punto: “incremento de costes innecesarios”. 

Además de pagar por más pruebas, los tutores de los animales también tendrán que comprar envases completos de medicamentos, sin posibilidad de dispensar dosis ajustadas al tamaño del animal, lo que encarece el tratamiento y fomenta el almacenamiento indebido de antibióticos en los hogares. "Esto puede derivar en una automedicación incontrolada”, advierte el Consejo. 

Sanciones a los veterinarios

Dentro de la limitación de los antibióticos, los veterinarios pierden, asimismo, la posibilidad de recurrir a medicamentos ‘off-label’ — aquellos en cuyo prospecto no indica que son aptos para animales —, una práctica esencial en especies exóticas o enfermedades con pocas opciones terapéuticas. 

Con esta ley, si los veterinarios recetan esta medicación, se arriesgan a multas que pueden alcanzar los 60.000 euros o más, como en el caso del profesional de Baleares. Esta situación les enfrenta a una incertidumbre legal constante, que pone en peligro la viabilidad de las clínicas, a pesar de que cuando se recurre a estos tratamientos, el veterinario “lo hace siempre bajo criterio clínico y científico que es algo que este Real Decreto no tiene en cuenta”.

Adaptar a la realidad del sector

Los veterinarios, tanto de las Islas como de todo el país, han alzado la voz contra esta regulación y piden una revisión urgente del RD 666/2023. Argumentan que las restricciones impuestas carecen de base científica, no se ajustan a la realidad del sector y generan problemas que podrían evitarse con una normativa más flexible y adaptada a las necesidades reales de la práctica veterinaria.

El Real Decreto 666/2023, tal como está redactado, pone en jaque la labor veterinaria y, por ende, la salud de miles de animales en España. El Consejo de Colegios Veterinarios de Canarias exige una normativa más justa y efectiva, que les permita ejercer su labor con garantías y sin trabas innecesarias, favoreciendo “el acceso a tratamientos adecuados y seguros para los animales”.

“Es imprescindible seguir avanzando en la implementación de normativas que atiendan las particularidades del sector veterinario, garantizando así un equilibrio entre la innovación, la disponibilidad de tratamientos y la seguridad en su aplicación porque con ello cuidamos de los animales, sí, pero también de sus familias”, concluye el documento de las organizaciones canarias.