Los migrantes que llegan de forma irregular a España tienen derecho a que, desde el momento en el que digan que son menores, se les trate como tal. Es la conocida como presunción como minoridad, sin embargo, a la hora de la verdad, las instituciones que trabajan de mano con los menores no acompañados han detectado que este derecho se vulnera hasta el punto de que, en la práctica, la presunción tiende a ser de mayoridad.
Este es uno de los puntos que este jueves ha denunciado la abogada de la Fundación La Merced Migraciones Patricia Fernández Vicens en la jornada de El acceso a la justicia de la infancia migrante y refugiada como Derecho Humano celebrada en la Universidad de La Laguna. La conferencia centrada en el proceso administrativo y en los derechos de los menores ha ahondado en las vulneraciones que sufren los menores, a quienes ha pedido que se les deje de mirar con el sesgo de inmigrantes y se les mire como niños.
Creer a los niños
Esta visión debe primar especialmente en el procedimiento de identificación de si son menores o no.“Tenemos un marco teórico de reconocimiento de los derechos sólido, pero está vacío de contenido”, ha comentado Fernández sobre las vulneraciones a las que se enfrentan los menores. Una de ellas, es la duda de la consideración de ellos como tal, ante lo que se vulnera su derecho y se ven sometidos a procedimientos adultos.
Según ha comentado la abogada, “un niño lo es desde que lo dice” y ha reclamado que la no consideración como tal debe partir de una prueba. Estas pruebas médicas para dictaminar la edad, solo deben realizarse cuando haya una causa justificada, no haya documentación o este no tenga apariencia física de menor. Sin embargo, en la práctica los niños se ven obligados más bien a tener que demostrar su minoría de edad, incumpliendo así con la presunción de minoría, según ha denunciado. Hecho que es aún más dramático cuando se trata de menores no acompañados.
Una red atenta
Por ello la abogada ha reclamado que son todos los agentes implicados, desde la Cruz Roja a los policías, técnicos o abogados los que deben implicarse en la identificación de los menores como tal. Como ejemplo ha puesto el de un grupo de mujeres que llegó a la península y que fueron trasladadas hasta Madrid y tras varios días en un Centro de Internamiento para Extranjeros fue una limpiadora la que descubrió que entre todas las mujeres se había considerado como tal a una niña de menos de 10 años.
A veces son los propios niños los que en un primer momento no quieren notificar que son menores. Según Fernández por su situación de clandestinidad, porque no conocen su edad, porque se lo pide un tercero o para no quedar en un territorio de la Unión Europea en África. Pero cuando durante el proceso, más allá del momento tras su llegada, si notifica que es menor se arroja “una sombra de duda”. Es decir, que se pone en duda un dato pero el otro no. También se arrojan prejuicios al respecto de la veracidad de los documentos de los menores, ha denunciado.
Sistema débil
Para Fernández el problema es que la “óptica de la extranjería lo contamina todo”. Especialmente al respecto del sesgo de la racialización. Pero frente a esto demanda que los menores tienen derecho a su identidad, es decir, a que se escriba bien sus nombres en los documentos y se les pregunte su historia, al reconocimiento de su infancia y a un futuro.
Por ello, con las deficiencias que presenta el sistema español, en el que faltan profesionales, en el que se ponen en duda a los menores e incluso se piden pruebas médicas frente a los documentos que trae el menor, la jurista ha denunciado que el Estado ofrece una protección social “muy débil” a la infancia.