Primero desaparecen los sabores. Después llegan nuevas restricciones. Luego suben los impuestos y aumentan las limitaciones sobre la venta de determinados productos. Y mientras todo eso ocurre, otro fenómeno empieza a ganar terreno en silencio: el mercado ilegal.
Lo que está ocurriendo con los nuevos productos de nicotina en Europa ya no es únicamente un debate sanitario. También es una cuestión de control. Porque mientras Bruselas avanza hacia una regulación cada vez más estricta sobre vapeadores, bolsas de nicotina y dispositivos sin combustión, crece la preocupación sobre una consecuencia cada vez más visible: el desplazamiento de parte del consumo hacia canales fuera de la legalidad.
El debate comienza además a observarse con especial atención en Canarias. La combinación de condición insular, elevado tráfico turístico, puertos internacionales y fiscalidad diferenciada convierte al Archipiélago en un territorio especialmente sensible frente al crecimiento del comercio irregular.
Cuando prohibir no elimina, sino que desplaza
La lógica de las instituciones europeas es clara: endurecer las normas para reducir el consumo, especialmente entre menores. La Comisión Europea trabaja ya en la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) con el objetivo de ampliar el control sobre nuevas alternativas con nicotina como los cigarrillos electrónicos o el tabaco calentado, para lo que ha abierto una consulta pública.
Sin embargo, cada vez más voces dentro del propio debate europeo alertan de un posible efecto rebote: cuando el acceso legal se restringe demasiado, el consumo no desaparece necesariamente, sino que cambia de canal.
La preocupación gira especialmente en torno a medidas como la prohibición de sabores, el aumento de impuestos o la equiparación regulatoria entre todos los productos con nicotina, independientemente de sus diferencias.
Menor exposición
El debate regulatorio coincide además con la aparición de nuevos estudios científicos sobre productos sin combustión. Diversas investigaciones recientes apuntan a que alternativas como los vapeadores o los dispositivos de tabaco calentado pueden reducir significativamente la exposición a determinadas sustancias tóxicas frente al cigarrillo tradicional.
Un estudio publicado en la revista científica Advances in Clinical and Experimental Medicine concluye que los usuarios que sustituyen completamente el cigarrillo convencional por productos sin combustión presentan una menor exposición a compuestos nocivos derivados del humo, como el monóxido de carbono o algunos carcinógenos.
Además, distintos trabajos científicos han observado mejoras a corto plazo en determinados biomarcadores relacionados con la función cardiovascular y el estrés oxidativo en fumadores adultos que abandonan el cigarrillo tradicional.
Los investigadores recuerdan, no obstante, que estos productos no son inocuos y que dejar completamente el consumo de nicotina sigue siendo la mejor decisión para la salud.
Aun así, la evolución de la evidencia científica ha reforzado en los últimos años el debate sobre si todos los productos deben recibir exactamente el mismo tratamiento regulatorio.
Un mercado paralelo
El mercado ilegal ya no es una hipótesis. Diversos análisis recientes apuntan a que una parte importante del mercado europeo del vapeo, cerca de la mitad, procede actualmente de canales considerados irregulares o “grises”.
Detrás de ese fenómeno aparecen productos sin controles sanitarios, dispositivos importados fuera de los circuitos autorizados, ventas online desde terceros países y mercancía que escapa de cualquier supervisión pública.
En términos económicos, el comercio ilícito vinculado a los nuevos productos con nicotina mueve ya miles de millones de euros en Europa y mantiene una tendencia creciente.
En Canarias, esta realidad ya ha comenzado a reflejarse en distintos operativos policiales desarrollados durante los últimos meses. En febrero de 2025 fueron incautados más de 8.000 vapeadores ilegales en Gran Canaria y, apenas semanas después, otros 1.138 dispositivos fueron intervenidos en establecimientos del sur de Tenerife.
Las autoridades consideran ilegales muchos de estos productos por incumplir la normativa europea de seguridad y etiquetado. Entre las principales irregularidades detectadas figuran la ausencia de información sanitaria obligatoria en español, la falta de identificación clara sobre el contenido de nicotina o la comercialización de dispositivos importados desde fuera de la Unión Europea sin autorización.
Además, en algunos registros realizados en Gran Canaria se localizaron incluso planchas utilizadas presuntamente para falsificar etiquetas y aromas de determinados dispositivos.
Las inspecciones se han concentrado especialmente en zonas turísticas y comerciales de alta afluencia, como Adeje y Arona, en Tenerife, así como establecimientos del sur de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria.
El ejemplo australiano
Si hay un caso que aparece constantemente en el debate internacional, ese es Australia. Durante años, el país aplicó algunas de las políticas más duras del mundo contra el tabaco y los nuevos productos con nicotina: precios muy elevados, fuertes restricciones y un acceso extremadamente limitado.
Sin embargo, distintos informes internacionales han señalado posteriormente un fuerte crecimiento del mercado ilegal de vapeadores y productos de nicotina.
Ese escenario es precisamente el que muchos expertos europeos observan ahora con preocupación. La inquietud no gira únicamente en torno al consumo, sino sobre la posibilidad de perder capacidad de supervisión sobre un mercado que sigue existiendo, aunque fuera del radar legal.
El gran equilibrio
Europa afronta ahora uno de los debates regulatorios más complejos de los últimos años: cómo proteger a los menores y reducir el tabaquismo sin favorecer al mismo tiempo la expansión de mercados paralelos difíciles de controlar.
Porque cuando un producto desaparece de la oferta regulada, no necesariamente desaparece del consumo. En muchos casos, simplemente cambia de circuito.
Y ahí es donde empieza el verdadero desafío para territorios como Canarias: mantener el equilibrio entre salud pública, control del mercado y capacidad real de supervisión en un contexto cada vez más complejo y globalizado.