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Firma del convenio de Dependencia en la provincia Santa Cruz de Tenerife. / GOBIERNO DE CANARIAS

La provincia de Santa Cruz de Tenerife tendrá 900 millones para la atención a la Dependencia

Estos fondos permitirán financiar 6.549 plazas residenciales y diurnas, así como otros servicios esenciales como la promoción de la autonomía personal

El Gobierno de Canarias y los cabildos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro han firmado este viernes los nuevos convenios de Dependencia que garantizan una inversión de más de 900 millones de euros hasta 2028 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estos fondos permitirán financiar 6.549 plazas residenciales y diurnas, así como otros servicios esenciales como la promoción de la autonomía personal.

El acto se celebró en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, y estuvo presidido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a los máximos responsables de las cuatro corporaciones insulares. 

Inversión 

Según recoge el Ejecutivo canario en un comunicado, el presidente autonómico destacó que los convenios firmados con los siete cabildos del Archipiélago suponen una inversión global de 1.630 millones de euros entre 2025 y 2028, "un hito en la cooperación interadministrativa y en el refuerzo de las políticas sociales". Asimismo, puso en valor "la reducción de un año en los tiempos de espera para acceder a la ayuda a la dependencia y las mejoras introducidas en los equipos de Discapacidad, como la descentralización de las valoraciones para acercar el servicio a zonas no metropolitanas".

El convenio con el Cabildo de Tenerife contempla 691,5 millones de euros hasta 2028 para financiar 5.203 plazas residenciales y diurnas, 269 más que en 2024, además de 300 plazas de promoción de la autonomía personal. En La Palma, la inversión asciende a 159,6 millones de euros para financiar 1.004 plazas, mientras que La Gomera contará con 23,6 millones para 236 plazas y El Hierro con 18,2 millones para 106 plazas, incluidas nueve nuevas.

Actualización 

Una de las principales novedades de los convenios es la actualización de los precios a coste real, basada en informes insulares y un estudio independiente. Esto supone, detallan, incrementos significativos en la financiación de servicios clave, como los hogares funcionales para personas con discapacidad, la promoción de la autonomía personal o las plazas residenciales de alto requerimiento.