El sistema de atención a la dependencia en el archipiélago comienza el año 2026 con un nuevo marco de estabilidad financiera y una mejora sustancial en los tiempos de gestión administrativa. El Gobierno de Canarias, a través de la firma de los nuevos convenios con los cabildos insulares, ha comprometido una inversión global de 1.630 millones de euros para los próximos cuatro años.
Este acuerdo busca consolidar la reducción de las listas de espera, que han pasado de una demora media de 26 meses al inicio de la legislatura a los 14 meses con los que se cerró el ejercicio 2025.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, rubricó este jueves los acuerdos específicos con los representantes de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Solo para estas tres islas, la inversión prevista asciende a 726 millones de euros entre 2025 y 2028, una partida destinada a sostener los costes reales de los servicios y asegurar la creación de nuevas plazas sociosanitarias.
Récord de beneficiarios en el sistema
Los datos oficiales del IMSERSO reflejan una aceleración en la capacidad de respuesta de la administración autonómica. A fecha de 31 de diciembre de 2025, el sistema canario contabilizaba 68.259 personas con el derecho a la dependencia reconocido, frente a las 44.506 registradas en julio de 2023. Este incremento de 23.753 usuarios evidencia un cambio de tendencia respecto a periodos anteriores.
El ritmo de incorporaciones mensuales también ha experimentado un crecimiento exponencial. Mientras que en la legislatura pasada el promedio de altas se situaba en 271 personas al mes, la media actual ha escalado hasta las 848 incorporaciones mensuales, lo que representa un aumento del 213% en la velocidad de acceso al sistema.
Clavijo ha atribuido estos resultados a la implementación del decreto que regula el sistema monofásico de valoración, una herramienta administrativa que ha permitido agilizar los expedientes.
Inversión millonaria por islas
Los convenios firmados, que tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, incluyen cláusulas de actualización de precios vinculadas al IPC para evitar que la inflación merme la calidad del servicio.
En el desglose territorial, Gran Canaria recibirá la mayor partida, con una financiación de más de 615 millones de euros. El Gobierno autonómico asumirá el 70,48% de este coste para sostener 4.328 plazas, de las cuales 722 son de nueva creación para este año.
Por su parte, Lanzarote contará con una inversión superior a los 75,7 millones de euros, con una aportación del Cabildo insular del 30,39% para el mantenimiento de 647 plazas residenciales y diurnas. En el caso de Fuerteventura, el convenio plurianual alcanza los 35,7 millones de euros, financiados mayoritariamente por el Ejecutivo regional (74,12%), para cubrir 308 plazas totales.
Reducción del 'limbo' administrativo
Uno de los indicadores más vigilados, el denominado 'limbo de la dependencia' —personas con grado reconocido pero sin prestación asignada—, ha registrado una caída significativa. Según los datos aportados por el Ejecutivo, este colectivo se ha reducido en un 67,54% desde la entrada en vigor del nuevo decreto, situándose en 5.051 personas que han salido de esta situación de bloqueo administrativo.
No obstante, la administración reconoce retos pendientes. Actualmente, existen 17.130 personas con la prestación concedida que aún no la han hecho efectiva por causas ajenas a la gestión directa del Gobierno.
Para abordar esta situación, la Consejería de Bienestar Social ha licitado un servicio de ayuda a domicilio especializado y trabaja en un nuevo Plan de Infraestructuras para ampliar la red de plazas residenciales y responder a la creciente demanda asistencial en las islas.