La fecha que aprobó el Parlamento de Canarias, sin consenso, para homenajear el Día del Pueblo Gitano Canario, el 16 de mayo, cumple un año marcado por la división y, para Josefa Santiago, presidenta de la Asociación Rumí Camela Nakerar, el día elegido sigue siendo motivo de reproche y no de fiesta.
Santiago, en declaraciones a Atlántico Hoy, explica que la iniciativa se impuso desde instancias externas -mencionando a la Federación de Asociaciones de Gitanos de Canarias y al Partido Popular-, “sin consultar ni escuchar a los mayores”, a quienes, dice, correspondía darles el protagonismo y decidir la fecha que mejor representara su llegada a las Islas.
Sin consenso
Para la Asociación Rumí, el resultado fue un día ajeno. “Ninguno de los canarios gitanos vinieron en esa fecha”, añadiendo que la decisión “no se hizo como nosotros queríamos, con un consenso. ¡Qué no tenemos nada que celebrar!”.
Con la vista hacia atrás, Santiago explica que el 16 de mayo es “un día triste que recuerda el holocausto o la resistencia romaní” y que las 400 familias que representa esperaban la designación de una jornada conmemorativa para celebrar “la llegada y el asentamiento en el Archipiélago”.
Historia gitana
La presidenta cuenta que, con fines divulgativos, en su asociación prepararon un documental sobre la historia de la comunidad, en el que se detalla cómo vinieron los hombres primero, en torno a 1960, y luego, un año más tarde, las mujeres y los niños.
Esta producción ha sido realizada, dice, con la intención de que sea consultada y proyectada en colegios y asociaciones para que la historia gitana sea conocida, poniendo la atención en las personas protagonistas.
Otro problema añadido
Josefa insiste en dejar claro que, ante la iniciativa parlamentaria, se propuso que fuesen las personas mayores las que escogiesen el día que les representase, “pero no se nos escuchó”, matiza.
El malestar, lejos de diluirse, se ha acrecentado a causa de otra iniciativa que se debatió en la Cámara regional en el pasado mes de abril para poner en marcha el Consejo Regional Canario Gitano.
Consejo Regional Canario Gitano
Esta iniciativa entró en el Parlamento autonómico en el año 2017 como Proposición No de Ley (PNL) a instancias del PP, contando con el apoyo de los grupos. En 2023 el grupo parlamentario Podemos presentó una propuesta de resolución y, en abril de 2026, la diputada no adscrita, Marta Gómez, interpeló a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, sobre este asunto.
Delgado anunció que ya se ha iniciado el proceso para constituir el Consejo con la convicción "irrenunciable" de que no puede nacer "como un órgano decorativo, sino como una estructura con una base sólida, legitimidad, pluralidad y participación real de las entidades gitanas en Canarias"
Claridad y transparencia
Con respecto a la interpelación y a la puesta en marcha de este órgano, Santiago admite que, tanto ella como “unas 40-50 mujeres”, asistieron al Parlamento no para respaldar a quien promovía la iniciativa, sino para escuchar y vigilar el proceso “y qué se decía de los gitanos”.
La presidenta insiste en que cualquier órgano o decisión que afecte a la comunidad debe construirse con claridad, transparencia y consenso, "no a escondidas”.
Mucho daño a las mujeres
Sin embargo, la numerosa presencia de la representación de la Asociación Rumí llevó a pensar, según relata, que, por ponerse en una fotografía para el Parlamento, apoyaban la iniciativa y publicar imágenes en este sentido, “lo que ocasionó graves problemas a las esposas de los pastores de la iglesia evangélica, que fueron señaladas y apercibidas, y a otras mujeres de la comunidad”.
“El uso que se hizo de estas fotografías del Parlamento, alegando que estábamos de acuerdo, ha ocasionado mucho daño a esas mujeres y a sus maridos”, denuncia, recordando que su organización podría recurrir incluso a vías legales para exigir la retirada de esas fotos de las redes sociales.
Josefa Santiago subraya que para este 16 de mayo no tienen nada preparado, “ni lo van a preparar” porque esta fecha no les representa y reivindica, por un lado recuperar la memoria colectiva y que sea contada por sus protagonistas y, por otro lado, asegurar que los procesos institucionales se hagan con participación real.