Dos años después de que expirara el plazo fijado por la Ley de Cambio Climático, ninguna de las diez ciudades canarias obligadas a implantar una Zona de Bajas Emisiones lo ha hecho. La Audiencia de Cuentas de Canarias ha analizado la situación de la implantación de esta delimitación en los 10 municipios obligados en el Archipiélago, constatando que el desarrollo de estos proyectos avanza a distinto ritmo entre los municipios, aunque todos incumplen el calendario previsto por la normativa estatal.
La intención era analizar el grado de cumplimiento de esta obligación legal y las actuaciones desarrolladas tanto por los ayuntamientos como por los cabildos insulares entre enero de 2022 y marzo de 2025.
La auditoría examina la situación de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Telde, Arona, Santa Lucía de Tirajana, Arrecife, Granadilla de Abona, San Bartolomé de Tirajana y Adeje, los diez municipios del Archipiélago que superaban los 50.000 habitantes a comienzos de 2023 y que, por tanto, estaban obligados a implantar una ZBE conforme a la normativa estatal.
Avances desiguales
Aunque ninguno de los municipios había culminado la implantación de estas áreas de restricción del tráfico, el informe refleja importantes diferencias en el grado de desarrollo de los proyectos.
Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona y San Bartolomé de Tirajana en el periodo de análisis ya habían aprobado definitivamente sus proyectos de Zona de Bajas Emisiones, si bien en algunos casos seguían pendientes de completar la tramitación de la correspondiente ordenanza municipal que debía regularlas. En el caso de Santa Cruz fue en el último pleno cuando se aprobó la ordenanza que regulará la ZBE.
En el caso de Las Palmas de Gran Canaria cuando se elaboró el informe disponía del proyecto elaborado; Arrecife había aprobado inicialmente el suyo, pendiente de exposición pública; Santa Lucía de Tirajana se encontraba aún en fase de elaboración; mientras que San Cristóbal de La Laguna, Telde, Arona y Adeje no habían iniciado la implantación durante el periodo fiscalizado.
La Audiencia de Cuentas concluye que esta situación supone un incumplimiento del artículo 14.3 de la Ley 7/2021, que establecía la obligación de que estos municipios contaran con una Zona de Bajas Emisiones antes de 2023.
Falta de personal y recursos
El informe identifica las principales razones alegadas por los propios ayuntamientos para explicar el retraso. La insuficiencia de recursos humanos aparece como el problema más recurrente, señalado por siete de las diez entidades analizadas. A ello se suman las limitaciones presupuestarias, la complejidad técnica de unos proyectos novedosos para muchas administraciones, la demora en la ejecución por parte de empresas contratistas y las dificultades para tramitar las ordenanzas municipales necesarias para poner en marcha las restricciones de tráfico.
Algunos municipios también justifican el retraso porque consideran que en sus territorios no se superan los niveles de contaminación atmosférica establecidos por la normativa, mientras que otros apuntan a la ausencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) como requisito previo para diseñar correctamente la futura ZBE.
Más de 3,4 millones en ayudas
La implantación de las ZBE contó además con financiación pública. Seis ayuntamientos recibieron subvenciones por un importe total de 3,46 millones de euros. Los mayores beneficiarios fueron Santa Lucía de Tirajana, con cerca de 1,87 millones de euros, y Santa Cruz de Tenerife, con 1,28 millones, dentro del programa estatal financiado con fondos del Plan de Recuperación para impulsar las Zonas de Bajas Emisiones y la transformación sostenible del transporte urbano. También obtuvieron financiación Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Granadilla de Abona y San Bartolomé de Tirajana.
Pese a ello, la Audiencia de Cuentas constata que las ayudas no fueron suficientes para que las zonas estuvieran plenamente implantadas dentro del plazo previsto por la legislación.
Medidas previas para reducir emisiones
Aunque las ZBE aún no estaban operativas, cinco municipios sí habían desarrollado actuaciones encaminadas a disminuir las emisiones contaminantes del tráfico.
Entre ellas figuran la peatonalización de calles, la ampliación de carriles bici, la implantación de sistemas públicos de bicicletas y patinetes, la electrificación de la flota de transporte urbano, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, incentivos fiscales para vehículos menos contaminantes y actuaciones para reducir la velocidad del tráfico en determinadas vías. Estas medidas, señala el informe, se desarrollaron de forma independiente al establecimiento formal de las Zonas de Bajas Emisiones.
Calidad del aire
Otro de los aspectos analizados es la red de vigilancia de la calidad del aire existente en Canarias. La Audiencia de Cuentas indica que todos los municipios fiscalizados, salvo Adeje, disponen de estaciones de medición o están integrados en la red autonómica de control de la calidad del aire. Sin embargo, en los municipios que ya habían elaborado sus proyectos de ZBE, las estaciones de medición se encuentran fuera del ámbito previsto para estas zonas, una circunstancia que también queda reflejada en la fiscalización.
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