La Consejería de Bienestar Social registró en agosto 1.147 altas en nuevas solicitudes de Dependencia y 777 bajas. De esas bajas, 130 se debieron a desistimientos o renuncias voluntarias por parte de las personas que iniciaron el trámite.

La cifra llama la atención si se compara con los meses anteriores. En junio y julio apenas se registraron tres desistimientos en cada mes. Según la consejería, esto se debe a una revisión de expedientes que llevaban paralizados más de un año. 

Revisión de expedientes 

“El desistimiento se produce porque se les requiere documentación a las personas y no aportan la misma en tiempo. Y otros porque desisten voluntariamente del procedimiento”, explican desde Bienestar Social. 

El área atribuye ese gran aumento de desistimientos, en buena medida, a expedientes antiguos que llevaban tiempo paralizados y que ahora han sido revisados. Según la Consejería, muchos de esos casos corresponden a expedientes con documentos requeridos pendientes — en algunos casos más de un año — que al ser revisados, han pasado de estar en espera a categorizarse como bajas por desistimiento. 

“Se están resolviendo los expedientes tal y como marca el procedimiento administrativo. La coincidencia es que en agosto, al actualizarse muchos de ellos, se ha producido ese número de desistimientos”, añaden.

Esperar por la resolución 

Esta revisión de expedientes entra dentro del plan de la Consejería de tramitar las solicitudes anteriores a la entrada en vigor del Decreto 46/2025, que se ha implantado con la intención de agilizar el procedimiento — aunque ha sido criticado por los profesionales del Trabajo Social por suponer una mayor carga burocrática para la población —, así como la incorporación de 133 trabajadores a la plantilla de Dependencia en las Islas. 

Todo ello ha conducido a una mayor gestión de expedientes durante el verano y una reducción del tiempo promedio de espera desde la solicitud hasta la resolución de 580 a 500 días. 

Sin embargo, el problema de los retrasos y la falta de resolución efectiva continúa siendo un hándicap en un contexto en el que más de 12.000 personas en Canarias fallecieron entre agosto de 2024 y agosto de 2025 estando aún en espera de que sus solicitudes de Dependencia fueran resueltas.