El Servicio Canario de Salud (SCS) ha extinguido los dos comités de empresa del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y ha cesado a los 14 delegados sindicales que formaban parte de los comités. Esta decisión se ha notificado dos días después de que los trabajadores se manifestaban a las puertas del Parlamento de Canarias denunciando que el servicio sufre falta de personal y de reservas de sangre.
Esta manifestación se produjo el miércoles 25 de junio. La carta que informa de la extinción del comité de empresa se firmó el 27 de junio. El argumento que dan desde el servicio es que, dado que el Banco de Sangre se ha integrado en el SCS se “extingue” la representación legal de los trabajadores.
Pena y rabia
Este movimiento ha tomado por sorpresa a los delegados sindicales por cómo afecta a sus derechos laborales, y en esencia, a la de todos los trabajadores que hasta ahora tenían representantes sindicales. “Entre pena y rabia no sé dónde quedarme. Mienten más que hablan”, valora Daniel Quintero, quien era el presidente del comité de empresa del ICHH en Santa Cruz de Tenerife.
Según apunta, en el caso de que la integración extinguiera completamente los comités, estos deberían haber estado desintegrados desde el 1 de enero, pero no ha sido así. “Evidentemente es una manera de represión”, apunta al respecto de las demandas que hay abiertas por los trabajadores al respecto de las listas de contratación, la estabilización, las ayudas de acción social o la conciliación.
Sin representación legal
“Todos los trabajadores del Banco de Sangre se quedan sin representación legal”, avisa sobre el escenario que ha dejado la extinción de los comités. Para el SCS, sin embargo, esta decisión se toma para una “adecuada gestión de los recursos humanos” que esté homogeneizada con los criterios de la administración comunitaria, así como por “razones de seguridad jurídica”.
Por ello consideran que el mandato de los órganos representativos del personal del Banco de Sangre ha perdido su vigencia. Esto no implica que los 14 trabajadores que formaban parte de los dos comités hayan sido despedidos, sino que ya no representan a los trabajadores, aunque el temor es que haya consecuencias mayores.
Sin elecciones
Quintero considera que la representación legal debería mantenerse vigente hasta que los trabajadores puedan elegir de nuevo a sus representantes sindicales. “Estamos tratando temas tan importantes como la estabilización del personal, que tenemos 136 personas pendientes del proceso, que además está estancado”, avisa sobre todo el proceso que sigue pendiente tras la integración del ICHH en el SCS.
“De buenas a primeras a los trabajadores les han dicho que están solos y a nosotros nos han dicho ojito que ya no estás protegido por la ley orgánica de libertad sindical”, comenta Quintero, quien insiste en la necesidad de unas elecciones sindicales para garantizar los derechos de los trabajadores.
Integración a "martillazo"
Desde la representación sindical, principalmente encabezada por Comisiones Obreras (sindicato mayoritario), se han mostrado especialmente críticos con el estado del Banco de Sangre. Según apunta Quintero, las donaciones de sangre a 1 de junio han caído en 1.300, y “se han suspendido colectas”, avisa pese a estar “en un momento de stock crítico”.
“El Instituto está en fuego”, apunta Quintero. Desde su punto de vista, la integración del banco de sangre al SCS “se ha hecho al martillazo”. “Sufre el stock de los hemoderivados y sufren los derechos de los trabajadores porque no están teniendo los descansos mínimos entre jornada y jornada”, señala el trabajadores sobre las condiciones laborales.
Ante esta situación señalan directamente a una actitud de represión: “Lo que estamos diciendo es cierto y como no les está gustando nos están intentando callar”. Por ello apunta que desde el SCS no están cumpliendo con los puntos que se habían acordado con los trabajadores del ICHH.
Dar respuesta
Desde el Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista han pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad Esther Monzón porque consideran que esta ha sido una "represalia" por la manifestación del 25 de junio. Desde el punto de vista del diputado de Nueva Canarias Yone Carballo, esta medida quiere "quitar el derecho a la protesta, a la manifestación y a la representación".
Tanto Comisiones Obreras como Cobas van a judicializar esta situación porque consideran que atentan contra la libertad sindical.