La Dirección del Área de Salud de Gran Canaria ha decidido no ampliar ningún tratamiento de rehabilitación ambulatoria en la Isla. La razón es sencilla: el contrato que permite prestar el servicio concertado —en manos de Grupo ICOT— está caducado desde 2024 y muchos pacientes tendrán que conformarse con el número de sesiones establecido en los pliegos.

Para que nadie pierda el hilo ni tenga que pedirle a la inteligencia artificial un resumen, resulta conveniente ir por partes. El Servicio Canario de la Salud (SCS) es el organismo responsable de sacar adelante el acuerdo que permite acudir al fisioterapeuta en caso de tener alguna dolencia como problemas en la columna o lesiones de médula espinal —entre otros—.

Las sesiones justas

Ahora bien, el 21 de mayo de 2003 —hace más de dos décadas— se dio la orden de crear el Comité Asesor y de Seguimiento de la Rehabilitación Concertada (CASREC), un órgano dependiente de cada Área de Salud —existe una por isla— que tiene el objetivo de realizar un seguimiento de los tratamientos y estudiar la necesidad de ampliarlos si fuera necesario.

La clave para entender el tema está en que se trata de una función —desempeñada en los últimos 23 años— que desapareció el pasado mes de enero. Es decir, si un paciente con artritis —por poner un ejemplo— acude al médico y es derivado a la concertada, solo recibirá las 30 sesiones previstas en las bases. Ni una más ni una menos. Sin posibilidad de alargarlas.

Discrepancias internas

Al no tener la capacidad de ejercer sus funciones, las reuniones de la CASREC han dejado de tener sentido y se han cancelado hasta nuevo aviso. Al parecer, la decisión tomada por el Área de Salud de Gran Canaria —con Lidia Mejías al frente— ha generado discrepancias hasta el punto de que hay jefes de servicio están molestos porque creen que llevará al caos.

Atlántico Hoy se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad y el área encabezada por Esther Monzón no ha desmentido la ‘nueva’ forma de ejecutar el contrato vencido desde hace dos años después de que finalizara la tercera prórroga el 1 de marzo de 2024. O, dicho con otras palabras, no ha negado que se ejecutará de manera estricta hasta que se renueve.

Respuesta del Gobierno

La respuesta, aunque escueta, fue tajante: “El Servicio Canario de la Salud (SCS) está trabajando en la elaboración de los pliegos del concurso y mientras, los servicios incluidos en el concurso actual se siguen prestando según las cláusulas de ese contrato”. Aún no hay cifras de cuántos pacientes se verán afectados por la medida tomada desde el Área de Salud.

Quizás usted, querido lector, se pregunte qué pasará con las personas que —a causa de su problema de salud— necesiten ampliar el número de sesiones de rehabilitación a recibir. La única alternativa que les queda, a menos que quieran acudir a la privada, será entrar dentro de la lista de espera para ser atendido en hospitales públicos como el Insular o el Doctor Negrín.

Los centros

Ahí es donde está la paradoja. Los servicios concertados se adjudican con la finalidad de liberar de presión al sistema sanitario público y evitar un colapso a causa de las listas de espera. Pero al encontrarse el contrato caducado, la Consejería de Sanidad se encuentra frente a un reto administrativo que necesita resolver si quiere volver a la normalidad asistencial.

Esa es una de las razones que ha llevado a los jefes de servicio a estar en desacuerdo con la medida del Área de Salud. Porque si los pacientes que hasta ahora han sido tratados en la concertada pasan a la lista general, aumentarán de manera considerable los tiempos de espera. Por el momento se desconocen detalles sobre si la situación cambiará a corto o medio plazo.

Algunos de los centros concertados que prestan el servicio de rehabilitación ambulatoria —operados por Grupo ICOT— están en Vecindario, Telde o en Las Palmas de Gran Canaria frente al parque del antiguo Estadio Insular. Allí seguirán ejecutando con normalidad las sesiones, pero mientras el contrato esté caducado, cada detalle de los pliegos será sagrado.