La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no tiene previsto acatar, de momento, la sentencia que le obliga a restituir los comités de empresa del Banco de Sangre y presentará un recurso de casación al fallo del TSJC que determina que se han vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores, una decisión que prolongará aún más el conflicto laboral y mantiene en suspenso la representación sindical de los empleados.
La decisión de recurrir el fallo la ha informado este martes la consejera de Sanidad, Esther Monzón, en el Parlamento de Canarias, donde tuvo que responder a una pregunta sobre la sentencia que concluye que la decisión de su área de extinguir los comités de empresa afectó al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en su dimensión colectiva y funcional.
Recurso ante el Supremo
“Después de haber sido estudiada de forma exhaustiva por los servicios jurídicos han determinado finalmente presentar un recurso de casación”, anunció la consejera. Esta decisión se prevé que prolongue aún más el conflicto, ya que la sentencia obligaba a reponer en sus funciones a los comités hasta que se renueve la representación legal del personal laboral integrado en el Servicio Canario de la Salud. Desde Comisiones Obreras avanzan que solicitarán la ejecución provisional del fallo.
Para los trabajadores el recurso es una “táctica de distracción” y “un mal uso del dinero público”, según valora Daniel Quintero, presidente del comité de empresa de Santa Cruz de Tenerife. Desde su punto de vista, lo anunciado por Monzón es un recurso “estético” para no admitir el error cometido por los servicios jurídicos.
La posición de Sanidad
El argumento de la consejera, sin embargo, es que “el objetivo de aquella comunicación no fue eliminar la representación sindical sino ofrecer a los trabajadores la misma representación sindical que tienen todos los trabajadores del resto de las direcciones generales del Servicio Canario de la Salud, donde siempre ha imperado el respeto a las libertades, a los derechos y a la representatividad laboral”, apuntó en la Cámara.
Sanidad sostiene que la supresión de los comités fue consecuencia de la integración del extinto Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) en la estructura del SCS. Sin embargo, la integración se produjo en enero de 2025 y la comunicación de extinción de los comités se realizó en junio. La tesis que ha mantenido CCOO es que la decisión se adoptó tras un aumento de la conflictividad laboral y se notificó poco después de movilizaciones y concentraciones ante el Parlamento de Canarias.
Lo que dice la sentencia
La Sala de lo Social del TSJC concluyó que la extinción de los comités no fue una simple comunicación formal derivada automáticamente de la integración, sino la plasmación de una decisión adoptada por el SCS que vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical. La sentencia declara nula la medida y ordena la reposición de los comités hasta que se celebren nuevas elecciones sindicales.
El tribunal subraya además que, en el momento de la extinción, no se había articulado un mecanismo alternativo que garantizara la representación efectiva de los trabajadores integrados, lo que generaba un vacío representativo en pleno proceso de reorganización.
Incertidumbre sobre la representación
Las elecciones sindicales están previstas para dentro de un año, según Quintero, por lo que ahora queda en el aire si finalmente los trabajadores tendrán o no representación efectiva mientras se tramita el recurso. La previsión es que los comicios puedan celebrarse antes de que el Tribunal Supremo resuelva la casación.
“Lo más importante es que se tenga absoluto respeto al TSJC y que no sigan con esta actividad que es represiva contra los derechos fundamentales y la libertad sindical”, reclama Quintero. Por ello piden que se certifique el crédito sindical de los representantes, que se les facilite la información solicitada —que aseguran tener “vetada”— y que se les permita convocar asambleas