Los representantes de los trabajadores del banco de sangre de Canarias han denunciado que el Gobierno de Canarias está impidiendo su propia organización sindical. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya determinado que la fulminación de los comités de empresa el pasado junio vulnerara la libertad sindical de los empleados públicos ahora denuncian que se les está impidiendo la organización de asambleas y el crédito sindical, ante lo que abogan por rebajar la tensión y empezar a negociar.
El conflicto en el banco de sangre lleva varios años activo, sin un presidente o director que tuviera una gestión prolongada en el tiempo pese a ser uno de los sectores sanitarios primordiales. La situación se ha agravado en los últimos meses cuando tras una manifestación a las puertas del Parlamento de Canarias, los 14 representantes de los trabajadores que conformaban los dos comités de empresa recibieron una carta en la que se les informaba que habían suprimido los comités de empresa.
El TSJC ha determinado ahora que esa acción vulneró la libertad sindical de los trabajadores, una situación que para los sindicatos Comisiones Obreras y Co.bas reviste gran gravedad, al haber dejado durante varios meses a los empleados del banco de sangre sin representación ni capacidad de decisión. “Estamos ante una sentencia, que es algo muy delicado para un gobierno democrático, por vulneración de las libertades fundamentales”, ha alertado Pedro Costeras, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias.
Respuesta sindical
Los representantes ponen en duda la versión del Gobierno de Canarias, según la cual la supresión fue un proceso derivado de la integración del extinto Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en el Servicio Canario de Salud. “Si hubiera sido fruto de la integración, esta se habría producido en enero, pero el Gobierno esperó hasta junio”, apunta.
La decisión de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma ha provocado que durante más de seis meses los trabajadores del banco de sangre no hayan contado con representación sindical, algo que, según Laura Rodríguez, secretaria del comité de empresa del Banco de Sangre en Las Palmas, es “inaudito en España”.
La hipótesis que manejan los representantes es que la supresión se produjo debido a un aumento de la conflictividad laboral por incrementos de jornada, horas extraordinarias no pagadas y el no uso de la lista de contratación, sustituida por comisiones de servicios para cubrir vacantes. A esto se suma una “merma de las reservas del banco de sangre”, lo que había motivado y continúa motivando las quejas de los empleados.
“Estábamos denunciando una gestión pésima en el banco de sangre”, añade Jennifer Jerez, vicepresidenta del comité de empresa en Santa Cruz de Tenerife, quien asegura que desde la integración se ha prescindido de 60 trabajadores del banco de sangre. “Creemos que hay una relación directa entre nuestro cese y la represión sindical”, opina
Petición de diálogo
Tras la sentencia que determina la vulneración de derechos fundamentales, los trabajadores piden ahora sentarse a dialogar. Señalan que, pese a que “la sentencia dice que el Gobierno debe corregir inmediatamente esta actitud”, el Ejecutivo ha denegado las solicitudes para convocar asambleas y el uso del crédito sindical.
“Hay muchas cosas sobre la mesa que necesitan resolverse”, señala Rodríguez, pero considera que no existe voluntad política por parte del Gobierno para hacerlo. “La judicialización de todas las acciones que está llevando a cabo la Dirección General de Hemoterapia está tensando una situación que, por falta de diálogo y de voluntad, no se está gestionando”, manifiesta.
Costeras ha afeado también las palabras de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, en el Parlamento de Canarias al afirmar que el TSJC les había dado la razón con la supresión de los dos comités. “Probablemente se equivocó, pero lo cierto es que faltó a la verdad”, reprocha el secretario general, quien pide una rectificación por parte de la titular de Sanidad. “El Gobierno debe cumplir inmediatamente la sentencia que le obliga a cesar en su actitud de vulneración del derecho fundamental y a restituir los comités de empresa”, insiste.
Pérdida de donaciones
Daniel Quintero, presidente del comité de empresa en Santa Cruz de Tenerife, ha alertado de la pérdida de donaciones en medio del conflicto: “En solo cuatro años hemos perdido 7.000 donaciones. Jamás en la historia de la institución habíamos suspendido un trasplante de pulmón por no tener reservas de sangre suficientes. Estamos dejando de abastecer sangre para realizar intervenciones quirúrgicas de la envergadura de un aneurisma aórtico. Hemos tenido que suspender quirófanos porque tumores hepáticos y malignos han dejado de ser intervenidos por la falta de pericia y de sangre en la institución”.
Listas de contratación
Aparte de la cuestión del comité de empresa, hay una segunda sentencia, desfavorable para los trabajadores y que piensan recurrir, relativa al no uso de las listas de contratación. Pese a que fue uno de los acuerdos para poner fin a la huelga, el Gobierno de Canarias no ha hecho uso de esas listas, compuestas por empleados que en algunos casos ya tienen experiencia en el banco de sangre. El TSJC ha determinado que esa decisión está dentro de la “capacidad autoorganizativa” del Gobierno.
Esto está provocando un “sobreesfuerzo” en la plantilla, denuncian. Como ejemplo, han explicado que en febrero de 2026 hay trabajadores que ya acumulan 60 horas extra, cuando el límite anual es de 80 horas.
Más allá de la denuncia, los empleados han hecho un llamamiento a la población para que acuda a donar sangre.