El Servicio Canario de la Salud (SCS) sufrió un revés a finales del pasado mes de abril, cuando el macrocontrato de 260 millones —la cifra exacta asciende a 260.947.695,6 euros— para derivar pacientes a la sanidad privada quedó desierto. El acuerdo, dividido en cuatro lotes, buscaba cubrir 998 camas para hospitalizaciones de media estancia. La sorpresa llegó al percatarse de que ninguna compañía había presentado una oferta.
Una semana después de conocerse la información, adelantada el 14 de mayo por Canarias Ahora, la Consejería de Sanidad —encabezada por Esther Monzón— se pronunció al respecto tras una pregunta parlamentaria del diputado del PSOE Miguel Ángel Pérez del Pino. El socialista se interesó por el estado de la licitación y el Ejecutivo regional le respondió que nadie se había postulado, pero que estudiarían las razones.
Los empresarios
“En consecuencia”, apunta el documento, “procede ahora analizar y evaluar las causas que han motivado que ninguna empresa del sector se haya presentado a licitación”. La finalidad de la Consejería es iniciar un nuevo expediente de contratación de dichos servicios asistenciales incorporando las correcciones y adaptaciones que resulten oportunas. Todo con el objetivo de que “no vuelva a quedar desierto”.
La Asociación de Clínicas y Centros de Hospitalización de la provincia de Las Palmas ha detallado que el presupuesto no era suficiente. Según recoge Canarias Ahora, no vieron viable los precios ofertados en los pliegos a la hora de analizarlos y contrastarlos con su propia estructura de costes. Por lo tanto, dicen, no resultaba viable su participación en las condiciones económicas establecidas.
Respuesta adecuada
Lo llamativo es que el contrato están caducados desde finales del año 2022, por lo que el servicio se sigue prestando mediante facturas que se abonan mediante un mecanismo excepcional al encontrarse en nulidad. La base del acuerdo que impulsa el área dirigida por Monzón es dar una respuesta adecuada a los pacientes del SCS que lo requieran en cada momento.
Pero la cosa no queda ahí. Lo consideran necesario “para optimizar el uso de la hospitalización de tercer nivel al que pertenecen los hospitales públicos de Gran Canaria y Tenerife”. Es decir, que los grandes hospitales públicos del Archipiélago están diseñados para la atención de pacientes agudos con altas prestaciones, por lo que se conseguirá liberar camas que sean necesarias con mayor urgencia.
Requisitos
Merece la pena resaltar que los pacientes de menor requerimiento tienen un perfil pluripatológico que, una vez superado el episodio que le provocó el ingreso, continúa necesitando cuidados clínicos que no puede recibir en su domicilio. Por ejemplo, un paciente con EPOC, que continúa necesitando rehabilitación respiratoria.
La empresa que resulte adjudicataria —cuando vuelva a salir el contrato a concurso público— deberá designar en cada centro un responsable de la Coordinación Asistencial con el SCS, con disponibilidad en turno de mañana, así como la persona que lo sustituya en caso de ausencia.
Lotes
El lote 1 (por 98,6 millones de euros) incluye 290 camas para Gran Canaria, el segundo (de 87,9 millones) contiene 312 plazas en Tenerife, el número tres (69,1 millones) son 376 camas en la isla del Roque Nublo y el último (5,3 millones de euros) —de menor requerimiento al igual que el tercero— incluye 20 en Tenerife.
El plazo de ejecución del acuerdo es de cuatro años. Para el contrato en general son fundamentales los servicios de neurología, cardiología, traumatología, un área quirúrgica y una unidad de cuidados vigilados como la UCI.