El Servicio Canario de la Salud (SCS) prestará apoyo técnico-sanitario a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) en la tramitación de determinadas prestaciones sanitarias en Canarias, en virtud de un convenio de encomienda de gestión publicado esta semana en el BOE.
El acuerdofija una compensación económica total de 26.102,23 euros por los servicios prestados durante el periodo de vigencia previsto, que se extiende desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028.
Informes y apoyo técnico
Según el texto, el SCS realizará estas funciones a través de personal facultativo perteneciente a la inspección sanitaria, encargado de emitir informes médicos sobre expedientes y de ofrecer asesoramiento técnico a MUFACE, especialmente en el marco de las Comisiones Mixtas Provinciales con las entidades aseguradoras concertadas.
El apoyo técnico se centrará en expedientes de prestaciones como ortoprotésica, farmacéutica y dietoterápica —incluido el visado de recetas—, asistencia en el exterior y otros procedimientos vinculados a la asistencia sanitaria.
El convenio subraya que esta encomienda tiene naturaleza administrativa y no implica cesión de competencias: MUFACE mantiene la responsabilidad de dictar los actos y resoluciones jurídicas que se deriven de los expedientes, mientras que el SCS aporta el soporte técnico necesario para su tramitación.
La crisis de MUFACE
La firma de este convenio se produce meses después de una de las crisis más duras de la historia reciente de MUFACE, tanto en el plano nacional como en Canarias, que llegó incluso a poner en jaque su supervivencia.
Durante 2024 y buena parte de 2025, el sistema de asistencia sanitaria de MUFACE —que permite que 1,5 millones de funcionarios y sus familias elijan entre sanidad pública y cobertura a través de aseguradoras privadas— estuvo en entredicho por la falta de presentaciones en la licitación del nuevo concierto sanitario.
Las aseguradoras plantearon que las condiciones económicas propuestas por el Gobierno de España eran insuficientes, lo que llevó a que las licitaciones quedaran desiertas varias veces y a situaciones de incertidumbre para mutualistas.
Movilizaciones
Esto provocó movilizaciones en toda España, con concentraciones ante delegaciones del Gobierno y sindicatos denunciando cancelaciones de citas médicas y retrasos en tratamientos para los afiliados.
La crisis también se tradujo en un movimiento de afiliados hacia la sanidad pública; datos sindicales señalaron que decenas de miles de funcionarios dejaron la sanidad concertada en 2025 ante la incertidumbre sobre su cobertura.
En Canarias
En Canarias, un informe previo señalaba que la continuidad del sistema MUFACE estaba en entredicho, con unos 62.000 funcionarios adscritos y gran parte dependiente de aseguradoras privadas, lo que generó preocupación sobre el impacto de una posible transición al SNS.
Sin embargo, según informaciones posteriores, la mayoría de funcionarios canarios se ha mantenido adscrita a MUFACE y solo una minoría ha optado por pasarse a la sanidad pública, una diferencia que se situó en torno al 4% en ciertos análisis.
Las organizaciones sindicales en Canarias también han impulsado movilizaciones para exigir soluciones “razonables” ante las implicaciones de la situación de MUFACE para los trabajadores públicos del archipiélago. La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ya advirtió hace un año que sería “imposible” para el SCS asumir de golpe a todos los pacientes de MUFACE si se produjera una transición al sistema público sin planificación, debido a la presión que ello supondría sobre un sistema ya tensionado.
Un problema resuelto
La situación, sin embargo, se estabilizó con la firma del nuevo concierto nacional 2025-2027 con Adeslas y Asisa, que entró en vigor el 1 de mayo de 2025 y garantiza la continuidad de la cobertura para los mutualistas que opten por la sanidad concertada.
El nuevo marco también introdujo dos ventanas anuales de cambio de entidad —enero y junio—, lo que permite a los funcionarios modificar su adscripción con mayor flexibilidad tras meses de incertidumbre.