Las ayudas de hasta 11.000 euros anunciadas por el Gobierno de Canarias para facilitar la compra de vivienda a jóvenes han reabierto el debate sobre su utilidad real en el contexto del archipiélago. Aunque la medida busca aliviar el esfuerzo económico de quienes acceden a una hipoteca, su diseño deja fuera a una gran parte de la población juvenil: aquellos que ni siquiera han podido iniciar el proceso por falta de ahorro.

El programa está dirigido a jóvenes que ya han adquirido una vivienda, lo que implica haber afrontado previamente el principal obstáculo del mercado inmobiliario: la entrada inicial. En Canarias, esta suele situarse en torno al 20% del valor del inmueble, a lo que se suman los gastos asociados, elevando la cifra a decenas de miles de euros. Un requisito que, en la práctica, limita el acceso a quienes ya contaban con cierta capacidad económica previa.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico defiende que la medida se complementará con el futuro programa Hipoteca Joven – Mi Primera Vivienda, aún en fase de tramitación. Según ha informado el propio Gobierno, esta iniciativa permitirá financiar hasta el 95% del valor del inmueble, superando el límite habitual del 80% que ofrecen las entidades bancarias. Sin embargo, el proyecto todavía no está en vigor y deberá superar varios trámites administrativos antes de su aprobación definitiva, por lo que su impacto inmediato sigue siendo una incógnita.

El problema de base

Más allá de las ayudas, los datos reflejan una realidad estructural. La emancipación juvenil en Canarias se sitúa en mínimos históricos, con tasas que oscilan entre el 14% y el 19%. Cerca de dos de cada tres menores de 34 años continúan viviendo con sus progenitores, mientras que la edad media de emancipación supera ya los 30 años.

El acceso a la vivienda, ya sea en compra o alquiler, es el principal factor que explica esta situación. Alquilar en solitario puede requerir prácticamente la totalidad del salario, mientras que la compra exige un nivel de ahorro inasumible para gran parte de la juventud. A ello se suma un contexto laboral marcado por salarios que no crecen al mismo ritmo que los precios inmobiliarios.

“El problema es poder empezar”

Daniel García, un joven canario que lleva tres años intentando ahorrar para comprar una vivienda, resume esta dificultad con claridad. “Consigo ahorrar entre 300 y 500 euros al mes, pero es muy complicado mantener una cifra fija. Entre gastos básicos e imprevistos, se hace cuesta arriba”, explica.

Tras hacer cálculos, estima que necesitaría más de 50.000 euros para afrontar la entrada y los gastos iniciales de una vivienda “normalita”. “Ahora mismo no es una cifra asumible. Me llevaría muchos años ahorrar eso, si es que no suben más los precios”, añade.

Sobre las ayudas públicas, su percepción es clara: “Cuando ves que son para gente que ya ha comprado, la verdad es que no me sirven de mucho. El problema no es después, es poder dar el paso inicial”. Aunque valora positivamente la posibilidad de financiar hasta el 95% con la futura hipoteca joven, advierte de que “seguiría siendo complicado” debido al alto precio de la vivienda y a las cuotas mensuales.

La consecuencia de esta situación va más allá de lo económico. “Sigo viviendo con mis padres porque independizarme es imposible ahora mismo. Eso retrasa todo: irte a vivir solo, formar una familia o tener tu propio espacio. Es frustrante”, reconoce.

Ayudas que pueden alimentar el problema

Desde el Sindicato de Inquilinas, la valoración de este tipo de medidas es crítica. Consideran que, sin una regulación estructural del mercado, las ayudas públicas pueden acabar beneficiando a quienes ya participan del negocio inmobiliario. “Se termina financiando con dinero público un mercado con precios inflados”, sostienen.

Además, advierten de que los requisitos de acceso —como haber financiado al menos el 50% mediante hipoteca— dejan fuera a los perfiles más precarizados, que ni siquiera pueden acceder a financiación bancaria.

En esta línea, recuerdan planteamientos como los del investigador Jaime Palomera, quien defiende que el precio de la vivienda no depende solo de la oferta y la demanda, sino del crédito disponible. Cuando los bancos facilitan hipotecas, los compradores pueden asumir precios más altos, lo que termina impulsando el mercado al alza. Así, las políticas que incentivan la compra sin intervenir en los precios pueden contribuir, indirectamente, a encarecer aún más la vivienda.

Medidas en dos tiempos

El escenario actual dibuja una estrategia fragmentada: por un lado, ayudas para quienes ya han conseguido comprar; por otro, un programa en desarrollo que busca facilitar el acceso inicial. Sin embargo, ambas iniciativas llegan en momentos distintos y no abordan de forma inmediata el principal problema de la juventud canaria.

Mientras tanto, la realidad se impone: cerca del 44% de los jóvenes del archipiélago se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y miles han tenido que posponer —o directamente renunciar— a su emancipación. En este contexto, la pregunta sigue abierta: si el principal obstáculo es el acceso inicial, ¿pueden las ayudas que llegan después cambiar realmente la situación?