La muerte de una niña de 12 años en el Puerto de la Cruz la pasada semana ha hecho resurgir el debate sobre si son suficientes o no los protocolos para evitar el acoso escolar en los colegios del Archipiélago, a pesar de que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha negado tener constancia de que la pequeña sufriera acoso.
Varios sindicatos canarios se reunían esta semana con el viceconsejero del área, José Manuel Cabrera, para --entre otras cuestiones que afectan a la educación en el Archipiélago-- negociar el protocolo de prevención del suicidio.
Asociaciones y sindicatos han alertado desde hace tiempo de la necesidad de que el profesorado conozca de primera mano los protocolos, ya que existe una aparente ausencia de formación específica para ello.
Necesita mejorar
Marlon García, portavoz de la asociación sin animo de lucro 'Stop Bullying Canarias', explica a Atlántico Hoy que en algunos colegios o institutos tienen su propio protocolo además del que proporciona el Gobierno de Canarias.
Aunque sí son correctos, puntualiza que en general "no suelen resolver el problema del acoso". A veces, señala, solo se queda "en un protocolo que no llega a ser eficaz sobre todo cuando es un caso que escala a mayor grado" porque no suelen saber "de qué manera proceder".
También se da la situación de innumerables casos "que se quedan en el aula y no salen" bien sea porque el niño o niña no da la voz de alarma o "porque tanto el profesorado como el entorno del pequeño no lo detectan".
Reunión con Educación
Los sindicatos trataron esta problemática durante la reunión con la viceconsejería, un área que defendió la necesidad y rigurosidad de esos protocolos, sobre todo los de antisuicidios, aunque insistieron en que "se ha trabajado en coordinación con el área de Sanidad durante dos años".
Según recoge un comunicado de Comisiones Obreras (CCOO), tanto su sindicato como los otros presentes manifestaron su preocupación por "la falta de negociación previa y la ausencia de formación específica para el profesorado en este ámbito".
En concreto, CCOO enfatizó "la delicadeza del tema y la necesidad de que las responsabilidades del personal docente estén claramente delimitadas dentro de sus funciones para evitar cargas indebidas". En general pidieron una revisión del protocolo que incluya "aportaciones sindicales y garantice los recursos necesarios para su correcta implementación". Al parecer, la administración ha accedido y se negociará próximamente.