Una madre residente en el municipio de Santa Brígida, en Gran Canaria, ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil por un presunto delito de coacciones graves y amenazas de muerte perpetradas por empleados de la empresa de desokupación EZ Property Solutions Mediaciones. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, los acusados buscan forzar el desalojo de la vivienda donde la mujer reside junto a su hijo de tan solo seis años.
La denuncia detalla una escalada de asedio que comenzó la segunda semana de marzo. El colectivo Montaña Clara por una Vivienda Digna, que apoya a la familia, señala que la afectada se encuentra en situación de vulnerabilidad extrema, al carecer de empleo y prestaciones. El asalto denunciado incluyó métodos para impedir la movilidad de la familia, como inutilizar la cerradura de la vivienda en repetidas ocasiones utilizando palillos y pegamento.
Asedio nocturno y violencia física
Los hechos más graves relatados en la denuncia ocurrieron en la madrugada del pasado 14 de marzo. La víctima declaró que, sobre las 02:00 horas, escuchó ruidos y, al asomarse, identificó a un individuo escalando un muro perimetral. Este sujeto, presuntamente vinculado a la empresa de desokupación, procedió a cortar los cables de las cámaras de seguridad que la familia había instalado para protegerse y dejó constancia de que se la sustrajeron.
Posteriormente, el agresor comenzó a lanzar piedras contra el inmueble, impactando contra la fachada y la puerta de acceso. En ese momento, profirió amenazas directas de muerte contra la mujer: "Vas a salir de aquí", gritó, antes de amenazar con incendiar la vivienda utilizando unos palets que se encontraban en la zona baja de la casa, poniendo en riesgo real la vida de la madre y del menor.
Daños materiales documentados
Las imágenes adjuntas a la denuncia muestran que los cuatro neumáticos del vehículo de la familia, un modelo blanco de la marca Citroën, fueron rajados, dejándolos inutilizables. Además, los agresores rompieron la luna trasera del coche, dejando un agujero visible en el cristal.
La Plataforma Montaña Clara ha condenado enérgicamente estas prácticas, calificándolas de "intolerables intimidaciones" que actúan fuera de los cauces legales. Reclaman una respuesta inmediata de las administraciones públicas y de las autoridades judiciales para garantizar la seguridad de la afectada y, especialmente, la protección del menor de edad, ante la impunidad con la que operan estas entidades en contextos de emergencia habitacional.