Fiscalizar las cuentas públicas es una tarea necesaria en democracia con el objetivo de conocer con detalles a qué se destina el dinero del contribuyente. Es un cometido que realiza la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales desde hace una década. Cada año, desde 2015, revisa la cantidad presupuestada en los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes para su área.
En el último informe, presentado el viernes de la semana pasada, dos municipios del Archipiélago no quedan en buen lugar: Telde (Gran Canaria) y Guía de Isora (Tenerife). Los datos corresponden al presupuesto liquidado el 31 de diciembre de 2023 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios.
Problemas económicos
Emma Colao, presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), pone sobre la mesa que la falta de inversión en servicios sociales afecta a los niveles de protección de la ciudadanía. “Somos la segunda comunidad autónoma con la cesta más cara de la compra y una de las que tiene una mayor brecha de acceso a la vivienda”, expone en declaraciones a Atlántico Hoy.
La cosa no queda ahí porque el 54,60% de la población menor de 25 años forman parte del conocido como paro estructural, todo unido a que la renta mediana del Archipiélago supone “un gran problema” porque no supera los 16.092 euros. “Casi el 39% de la gente”, añade, “tiene dificultades para pagar suministros como el agua y la luz”.
Telde
El estudio está dividido en diferentes niveles según la cantidad aportada —tanto los números brutos como la proporción por habitante—. En la única tabla donde hay presencia canaria es en la de ‘ayuntamientos pobres en inversión social 2023’.
En el listado aparece Telde, la cuarta ciudad más grande de las Islas, con una cantidad para servicios sociales de 5,2 millones —la cifra exacta asciende a 5.170.848,77 euros—. Está justo por debajo de Gandía (Comunidad Valenciana), donde no se superaron los 3.932.044,35 euros.
Salud mental
Por habitante, en el Consistorio encabezado por Juan Antonio Peña (Ciuca) —aunque durante la mitad del año objeto de análisis la alcaldesa fue Carmen Peña (NC)—, se destinó 50,45 euros. Aún así, queda muy lejos de quien encabeza la lista de los ayuntamientos más pobres en promoción social: Galapagar (Madrid), localidad en la que cada ciudadano tenía previsto 34,22 euros. El listado está compuesto por todos aquellos que se quedaron por debajo de los 61,27.
Colao considera que es un gran inconveniente porque si los servicios sociales no llegan a cubrir lo básico, la ciudadanía irá a la atención primaria y los ambulatorios se colapsarán más aún. “Como respuesta, se traduce en un incremento de los tratamientos de salud mental y un mayor consumo de ansiolíticos o antidepresivos”, resalta.
Guía de Isora
Comenta que los servicios sociales están vinculados a las líneas de primera atención en elementos básicos como poder pagar los suministros, los alimentos, o el tiempo de espera hasta que se da una cita —periodo en el que disminuyen “los niveles de protección”—. Además, se incrementa la presión entre los trabajadores que deben atender esa demanda.
El cuarto por la cola, conformada por 46 corporaciones locales en la tabla, es Guía de Isora. Allí el presupuesto de servicios sociales estuvo fijado en 1.358.543,60 euros durante el periodo estudiado. Tiene por debajo a Tres Cantos (Madrid), Camargo (Cantabria) o Alcúdia (Baleares). En todos, incluido el tinerfeño, la cifra por habitante oscila los 60 euros.
Problema de vivienda
La presidenta del ODESOCAN subraya que allí el gran problema es el habitacional. “El sur de Tenerife tiene un gran problema de tensión con la vivienda”, señala para añadir que el foco está en la falta de oferta y los altos precios de los alquileres.
Además, se puede dar la circunstancia de que las personas deban destinar “el 90% de su sueldo” para pagar la renta. Colao incide en que es fundamental contar con un diagnóstico social de cada municipio según las necesidades que puedan tener sus habitantes.
Pobreza y caridad
“Cada ayuntamiento debe proteger a la ciudadanía, es urgente e importante”, exclama. Considera que la Federación Canaria de Municipios (FECAM) debe tener un pacto de obligado cumplimiento con los 88 Consistorios que tienen las Islas para así llegar a unos niveles mínimos de inversión en servicios sociales.
“Los servicios sociales de los ayuntamientos se han convertido en el listado de la pobreza y de la caridad, cargan tanto la responsabilidad como la culpa en la gente que reclama esos derechos”, sentencia.