La intención de Vox de prohibir el burka y el niqab en España, planteada en el Congreso de los Diputados, y el anuncio de Junts de impulsar una iniciativa similar han reabierto el debate sobre libertad religiosa, seguridad e integración.
El economista y sociólogo experto en el Magreb, Rafael Esparza, considera que el debate está “profundamente contaminado por intereses políticos” y se está abordando desde la confrontación en lugar de desde el análisis. Además, cuestiona que la iniciativa tenga un impacto real en la convivencia, sobre todo de zonas como Canarias, donde el uso del velo integral es casi inexistente.
Conflicto real o cuestión política
Para Esparza, el debate actual no responde a un problema estructural en España ni en Canarias. “En las Islas solo he visto una persona con burka y dos o tres con niqab”, apunta estimando que el uso del velo integral a nivel nacional sería en torno al 0,02%.
Por lo que el discurso que presenta Vox se trata más bien de “una construcción y un uso político” que de una necesidad social urgente. Y esto supone un problema en territorios como el Archipiélago — con una larga tradición migratoria y diversidad cultural —, donde sobredimensionar el asunto puede alimentar estigmas innecesarios.
“No es defensa de la mujer, es una utilización política del tema”, afirma el sociólogo, para quien el partido estaría vinculando la cuestión al discurso de la “invasión islámica”, alejándose de un debate sereno sobre derechos y convivencia.
Los derechos de las mujeres
En términos de liberación femenina, Esparza reconoce que el uso del velo integral puede ser una imposición machista, pero advierte contra la tentación de “liberar” mediante prohibiciones generales.
“Defender los derechos fundamentales de la mujer es imprescindible, pero hay que distinguir entre derechos y aspectos culturales que evolucionan con el tiempo”, indica el experto. Sostiene que, al igual que ocurrió con el cristianismo, los cambios en las sociedades musulmanas llegarán de manera progresiva.
Y, en este sentido, recuerda también que se trata de prácticas que no son iguales en todo el mundo musulmán. “Ni siquiera todos los fundamentalistas consideran que sea una obligación religiosa”, señala, recordando que en países como Afganistán o Pakistán su uso obligatorio está vinculado a sectores islamistas radicales.
El argumento de la seguridad
A pesar de ello, el sociólogo sí se muestra a favor de uno de los argumentos centrales de las propuestas parlamentarias: la seguridad y la necesidad de identificar a las personas en espacios públicos. Admite que ocultar el rostro puede plantear problemas en contextos concretos, pero ve desproporcionado plantear una ley estatal.
“Regular el cubrimiento de la identidad puede estudiarse, pero no con una ley de este calibre. Para eso existen reglamentos”, sostiene, reiterando que la dimensión del fenómeno en España no justificaría una reforma legislativa de gran alcance y sería como “matar moscas con escopetas de cazar elefantes”.
Discurso político
El sociólogo centra así el análisis en las intenciones de los partidos políticos, que ve como “la hipocresía mayor del mundo” contra una población migrante, tan necesaria en el país tanto en términos demográficos como económicos.
Y con ello deja la pregunta de fondo: ¿la prohibición del burka y el niqab responde a una necesidad objetiva o forma parte de una estrategia en un clima de creciente polarización política?