Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias han acusado al departamento de llevar a cabo un “apagón democrático”, vulnerar el derecho a la negociación colectiva y actuar con “mala fe institucional”.
En un comunicado, la representación sindical habla incluso de una “privatización encubierta de servicios” y sostiene que la Consejería está “más centrada en recortes que en el bienestar de los usuarios”.
Críticas a la gestión
A juicio de los comités, el actual equipo de gobierno lleva más de dos años ignorando las denuncias de los representantes de los trabajadores y actuando con “silencio administrativo sistemático”.
Denuncian que se están tomando instrucciones no consensuadas, vulnerando el derecho fundamental a la información y a la negociación colectiva.
Salud laboral y riesgo psicosocial
Los representantes sindicales aseguran que se están ignorando evaluaciones de riesgos psicosociales y bloqueando solicitudes de adaptación de puestos por motivos de salud.
Según exponen, esta situación provoca que muchos empleados acaben de baja en un contexto que califican de “caos provocado”, generando agotamiento y desesperación entre los profesionales.
Dependencia y discapacidad
Como ejemplo, señalan que en el área de Dependencia, pese a cambios normativos y externalizaciones, las listas de espera apenas se han reducido.
También alertan de retrasos en Discapacidad, donde aseguran que hay menores de un año sin valorar por falta de profesionales y un “embudo” en las valoraciones de niños de entre dos y seis años, lo que puede suponer la pérdida de becas para tratamientos especializados.
Escuelas infantiles y conciliación
En cuanto a las Escuelas Infantiles, los comités denuncian un “modelo de abandono sistemático”, marcado por la no sustitución de bajas ni cobertura de jubilaciones.
Esto, sostienen, está provocando el cierre de aulas en distintas islas, dejando a decenas de familias sin plaza a mitad de curso y afectando directamente a la conciliación.
Exigen inversión y diálogo
Para la representación sindical, la situación es “muy grave”, ya que la falta de atención temprana puede derivar en una mayor dependencia futura.
Por todo ello, exigen el fin del “apagón democrático” y reclaman una inversión real en servicios públicos, recordando que la protección de menores y el bienestar de las familias no puede esperar.