El Comisionado de Transparencia de Canarias ha respaldado a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) en su negativa a hacer pública la localización y los nombres de las personas que se vieron beneficiadas de la prescripción de 130 expedientes con órdenes de derribo. Un particular solicitó información pormenorizada para saber quiénes se habían visto favorecidos por la “inacción” de la administración y si se había pasado por alto información, sin embargo, ambas entidades priman la protección de datos.
La motivación de la solicitud venía a raíz de 130 órdenes de demolición o restablecimiento de infracciones urbanísticas o medioambientales, que no se habrían ejecutado y supuestamente habrían prescrito, según explica el solicitante de la información a Atlántico Hoy. Es decir, ya se había constatado la infracción, solo quedaba cumplir con la orden de restablecimiento del daño, sin embargo, aparentemente estas prescribieron "sin haber constatado su cumplimiento ni haberlas ejecutado subsidiariamente", apunta.
La información
Por ello, lo que solicitó el particular conocer los nombres y apellidos de las personas interesadas (denunciantes y denunciados) y la geolocalización pormenorizada (referencia catastral, coordenadas, dirección postal...) de los 130 expedientes.
La administración medioambiental se negó a dar esa información de quiénes se beneficiaron de la caducidad de los expedientes amparados en la protección de datos. Una de las partes que le ‘chirriaba’ a la ACPMN era el revelar no solo la identidad de los infractores, sino también la de los denunciantes y argumentaban que siempre daban la información de forma anonimizada y que sería “contradictorio” dar la información pormenorizada en una solicitud de información.
🔴ÚLTIMA HORA: El @ComisionadoTC deniega el acceso a la geolocalización de 130 órdenes de demolición de construcciones ilegales, no ejecutadas y archivadas por prescripción por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural en toda Canarias. 🧵 pic.twitter.com/BoETefnaqV
— Globo Sonda (@GloboSonda) October 22, 2025
Esclarecer la inacción
La cuestión va más allá, porque, según argumentó la persona que solicitó la información, en uno de los expedientes del que sí se tuvo acceso gracias al comisionado, “se evidencia que la ACPMN habría archivado por prescripción unos hechos supuestamente imprescriptibles, provocando el incremento patrimonial del afectado en cientos de miles de euros y un perjuicio al medioambiente irreparable en caso de no revertirse”.
Por ello considera que los datos personales que solicita “son imprescindibles para esclarecer la inacción de la administración en dichos expedientes (y no en otros) y, además, la confección de un informe jurídico presuntamente fraudulento y realizado a medida”.
En ese caso, lo que se reclamaba era la “copia completa y ordenada de los expedientes que obren en poder de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural” de un inmueble en Arafo, Tenerife, del que se daba ya la información catastral y se señalaba que tenía 119.583 metros cuadrados. La ACPMN le negó la información por no ser “interesado” en el expediente, pero Transparencia recordó que el derecho a la información pública es “un derecho de carácter universal” e instó a dar la documentación.
Prima la protección de datos
En el caso de los 130 expedientes, dado que lo que se requiere afecta directamente a los datos de quienes habían sido sancionados pero se dejó caducar, Transparencia hace todo un recorrido por los límites para obtener dicha documentación.
Señala la resolución que la información pública de los datos personales de expedientes sancionadores urbanísticos solo se autorizará “cuando dichos procedimientos conlleven amonestación pública al infractor, cuando lo permita una norma con rango de ley y cuando exista consentimiento expreso de los afectados”. Aunque recoge que sí se puede dar información “de forma disociada”, es decir, sin información sobre la identidad de quienes fueron sancionados.
El solicitante de la información ha solicitado la revisión de la información y también tiene una resolución pendiente para conocer los 130 expedientes.