El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimados los recursos de apelación y ha confirmado la condena a dos hombres, vinculados a actividades de desokupación de viviendas, por un delito de asesinato en grado de tentativa tras una violenta agresión ocurrida en febrero de 2020 en Chayofa, en el municipio de Arona (Tenerife). La Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por los acusados y ratifica íntegramente la pena de once años de prisión para cada uno.
El origen de los hechos se sitúa en un conflicto por una vivienda ocupada en el municipio de Arona, aunque la víctima pagaba 300 euros de alquiler por la vivienda. Según la sentencia, los acusados pretendían que la víctima abandonara el inmueble, lo que había generado tensiones previas entre ambas partes. Días antes de la agresión ya se habían producido visitas y amenazas relacionadas con ese objetivo.
El ataque
La tarde del 14 de febrero, los dos condenados acudieron al lugar y atacaron de forma sorpresiva al ocupante cuando salía de la vivienda. Armados con una barra de hierro, le golpearon repetidamente en la cabeza y el cuerpo, incluso cuando ya se encontraba en el suelo e indefenso. Durante la agresión también resultó herida su hija, que trató de interponerse para detener la paliza.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad (fracturas craneales y faciales, neumotórax y múltiples traumatismos) que requirieron varias intervenciones quirúrgicas y que pusieron en riesgo su vida. El proceso de recuperación se prolongó durante más de dos años y le dejó secuelas permanentes.
Ataque súbito
En primera instancia, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife consideró acreditado que los acusados actuaron con ánimo de matar y con alevosía, al ejecutar un ataque súbito que anuló cualquier posibilidad de defensa. Por ello, los condenó por un delito de asesinato en grado de tentativa, además de imponerles órdenes de alejamiento, libertad vigilada y el pago de indemnizaciones a las víctimas.
Los procesados recurrieron la sentencia alegando, entre otros motivos, errores en la valoración de la prueba, vulneración de la presunción de inocencia y una incorrecta calificación de los hechos. Sin embargo, el TSJC rechaza estos argumentos y avala la solidez del fallo, basado en las declaraciones de las víctimas, corroboradas por testigos, agentes de la Guardia Civil y diversos indicios como reconocimientos e informes policiales.
El alto tribunal canario confirma así que la agresión se produjo en el marco de un conflicto por la ocupación de la vivienda y que la violencia empleada -con uso de un objeto contundente y dirigida a zonas vitales- evidenciaba la intención de acabar con la vida de la víctima o, al menos, la aceptación de ese resultado