La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un abogado por incluir en un recurso de apelación citas jurisprudenciales que, según la resolución, no se correspondían con sentencias reales o no guardaban relación con las alegaciones formuladas. El tribunal considera que esa actuación vulneró el deber de buena fe procesal y el respeto debido al órgano judicial.
Citas entrecomilladas que no existen
Según detalla el TSJC, el escrito contenía referencias entrecomilladas, resaltadas en negrita y cursiva, atribuidas al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que no pudieron verificarse en las bases de datos jurídicas consultadas. La Sala precisa que no se trataba de simples errores materiales, sino de lo que califica como una "fundamentación jurídica artificial" que obligó al tribunal a comprobar de forma detallada cada cita invocada.
El recurso, según la resolución, se apoyaba en afirmaciones sobre presuntas omisiones de documentación policial y en doctrina jurisprudencial que, en realidad, no existía o no era aplicable al caso. Tras el análisis del escrito y un informe de la responsable del Servicio de Documentación y Bibliotecas del TSJ de Canarias, la Sala concluyó que el recurso contenía numerosas citas incorrectas o apócrifas: al menos 25 sentencias invocadas como jurisprudencia.
¿Hubo inteligencia artificial de por medio?
La nota de prensa del tribunal no precisa si el letrado recurrió a alguna herramienta de inteligencia artificial para elaborar el escrito. El TSJC se limita a advertir, con carácter general, que el uso de este tipo de herramientas "no exime al profesional de revisar y verificar el contenido antes de presentarlo ante la Justicia", y recuerda que la responsabilidad última recae siempre en el letrado firmante. Es una diferencia relevante respecto al caso de febrero (ver más abajo), en el que el abogado sí reconoció expresamente haber usado un asistente de IA generalista.
La resolución señala que la sanción se fijó atendiendo a la gravedad de los hechos, la reiteración detectada en el propio escrito y, especialmente, la negativa del letrado a admitir los hechos y pedir disculpas, además de la necesidad de preservar la confianza en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Este último factor explica en buena medida que la multa sea el doble que la de febrero pese a que el número de citas falsas detectadas ahora (25) es inferior a las de aquel caso (48): la actitud del letrado ante el tribunal, una vez descubierta la irregularidad, pesó tanto como el propio número de citas.
Además de la multa económica, la Sala acordó dar traslado de la resolución y de los antecedentes al Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote para que, si lo considera procedente, depure las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder.
No es la primera vez
Este no es el primer caso de este tipo detectado en Canarias. El pasado mes de febrero, la misma Sala del TSJC multó con 420 euros a otro letrado —en aquel caso, colegiado en Tenerife— por incluir hasta 48 citas de jurisprudencia falsas en un recurso de apelación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Según se conoció entonces, el abogado había recurrido a una herramienta de inteligencia artificial "generalista" —no diseñada específicamente para el ámbito jurídico— sin contrastar después los datos con las bases de jurisprudencia, pese a que el Cendoj, la base de datos oficial del Poder Judicial, es de acceso gratuito. El tribunal fijó entonces la sanción en 420 euros por un criterio que definió como "ejemplarizante": la mitad del coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de IA jurídica especializada, que —según razonó la Sala— probablemente habría evitado el error.
A diferencia del caso actual, en aquella ocasión el letrado reconoció los hechos y mostró un arrepentimiento que el tribunal consideró sincero, lo que contribuyó a moderar el importe de la multa. El caso de febrero también se trasladó al colegio de abogados correspondiente por si cabía depurar responsabilidades disciplinarias.
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