El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha solicitado al Gobierno de Canarias que adopte “con carácter prioritario y urgente” medidas de cifrado de extremo a extremo que garanticen la protección de los datos contenidos en los atestados policiales que se envían por vía telemática a los órganos judiciales.

Considera que es algo que debe hacerse especialmente cuando estos se refieren a procedimientos sometidos a secreto sumarial, a material audiovisual relativo a menores de edad, a víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o a testigos protegidos, informa el TSJC en un comunicado.

Cifrado de alto nivel

La Sala de Gobierno del TSJC pide que se “adopte con carácter prioritario y urgente las medidas necesarias para implantar sistemas de transmisión telemática mediante cifrado de extremo a extremo que garanticen: algoritmos de cifrado de nivel alto conforme al Esquema Nacional de Seguridad; firma electrónica avanzada o cualificada; registros de trazabilidad inalterable que documenten la identidad de usuarios, fecha, hora y operaciones realizadas, conservándose durante dos años".

También el control de acceso basado en roles y principio de minimización; interoperabilidad con el sistema LexNet; canaldiferenciados para datos especialmente protegidos y sistemas de detección de intrusiones y respuesta a incidentes.

Dos meses de plazo

El TSJC pide al Gobierno que informe de las medidas adoptadas en un plazo de dos meses y comunica su petición al Consejo General del Poder Judicial.

Según asegura, el tribunal ha constatado “la imposibilidad de transmisión segura mediante protocolos criptográficos de encriptación de atestados policiales y diligencias que contienen categorías especiales de datos personales”.

Asimismo, subraya que resulta “especialmente crítica” la “carencia de medios técnicos” para la transmisión cifrada en procedimientos sometidos a secreto sumarial, atestados con material audiovisual relativo a menores de edad víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pruebas preconstituidas con grabación de menores o personas vulnerables o, documentación que contenga datos relativos a víctimas de violencia de género o personas acogidas en programas de protección.