El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechaza la petición de un padre de que el Gobierno canario le pague 1,5 millones de euros por los daños físicos y morales que causó la decisión de que los hijos fueran declarados en desamparo, se le retirara la custodia e ingresaran en un centro casi un año y medio.
La medida fue tomada por la Dirección General de Protección a la Infancia tras recibir informes de los servicios municipales en los que se hablaba de “escasez de alimentos, desorden y suciedad, presencia de alcohol” y que el padre no era capaz de cubrir las necesidades básicas de los hijos.
Antecedentes familiares graves
Constaban cuatro denuncias por violencia de género, los progenitores tenían limitaciones intelectuales y no eran capaces de atender las exigencias físicas y emocionales de los menores y uno de ellos manifestó que el padre le había causado una herida con un cigarro.
El ejecutivo autónomo acordó declarar a los hijos en situación de desamparo y los ingresó en un centro entre el 17 de diciembre de 2019 hasta el 12 de abril de 2021, cuando una sentencia obligó a que los menores volvieran a su familia, y después de que el padre presentara varias denuncias en los juzgados.
Informes de riesgo
En los informes se reflejaba que el progenitor tenía una discapacidad del 67 %, constaba un historial de conductas violentas de la madre hacia la abuela materna, que era quien en realidad cuidaba a los niños, y que el matrimonio realizaba conductas temerarias que ponían en riesgo la vida de los menores.
Una técnica municipal propuso declarar el desamparo, tras entrevistarse con los progenitores y sacar una impresión que “no era precisamente buena”.
Revocación judicial
Pese a ello, en abril de 2021, la orden fue revocada por el Juzgado de la Familia y meses después se ratificó esta decisión, por lo que el padre acudió a los tribunales pidiendo una indemnización.
La respuesta del TSJC es rechazarla, en cuanto que no ha existido daño a los menores y, por el contrario, recibieron un buen trato mientras estuvieron en el centro y se garantizó su seguridad.
Protección y seguimiento
La Dirección General apela a que la Fiscalía pidió estudiar la posibilidad de declarar el desamparo y que previamente se intentó colaborar durante siete meses con la familia, lo que se saldó con un fracaso y, de hecho, en ese tiempo hubo dos denuncias de maltratos a los niños por parte del padre.