La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha aclarado a Atlántico Hoy que la acampada en las playas del archipiélago “siempre ha estado prohibida por la legislación de costas”, por lo que “no cabe ampararla en una autorización municipal”.
La respuesta llega después de que el BOC publicara el pasado 9 de noviembre el Decreto 170/2026 que regula los campings y el alojamiento al aire libre y prohíbe la acampada libre con finalidad turística a partir del 9 de febrero de 2027.
Este medio ha preguntado a la Consejería qué ocurre con las acampadas que quedan fuera de los establecimientos regulados, tanto en la playa como en el monte, y por qué el texto mantiene puntos que cuestionó el Consejo Consultivo.
Sobre el monte, Turismo explica que la orden de 1993 que regulaba estas acampadas “habían quedado desfasadas” y remite a los cabildos para cualquier autorización. Sin embargo, no concreta qué norma la sustituye.
La playa, fuera de cualquier permiso
La Consejería sostiene que la prohibición en la playa no es nueva ni depende del decreto. La base es la Ley de Costas, cuyo artículo 33.5 establece que “quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas”.
Según Turismo, un permiso municipal no puede cubrir una acampada en la playa porque la norma estatal la prohíbe de forma expresa.
La Consejería también recuerda que las acampadas con finalidad turística “no están permitidas fuera de los establecimientos específicamente regulados”, en línea con el artículo 86 del nuevo reglamento.
En manos de los cabildos
La derogación de la Orden de 31 de agosto de 1993 fue uno de los puntos que el Consejo Consultivo señaló como posible vacío normativo, como recogió este periódico. Turismo justifica la derogación porque esa orden “no contemplaba el proceso de transferencia de competencias a los cabildos insulares en ámbitos como el suelo, la ordenación del territorio, la gestión de los espacios naturales y los montes”.
A partir de ahora, las acampadas sin finalidad turística, como las vinculadas a “la educación ambiental o la difusión de valores medioambientales”, deberán contar con la autorización del cabildo insular correspondiente. Esa autorización se regirá por “la normativa sectorial que resulte aplicable en cada caso”, según el lugar.
La respuesta vincula la exclusión a la finalidad de la acampada. El artículo 2.3 del reglamento, en cambio, excluye de su ámbito “todas las acampadas” en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y montes públicos, sin distinguir el motivo. Turismo no aclara cómo encaja en ese esquema quien acampa por ocio en una zona de acampada del monte.
El Cabildo de Tenerife, por ejemplo, ofrece en su portal Tenerife ON autorizaciones para acampar en rutas de senderismo de más de un día y en terrenos privados.
Reparos del Consultivo
Turismo recuerda que los dictámenes del Consejo Consultivo “no tienen carácter vinculante” y, según la Consejería, algunas de sus sugerencias se incorporaron al texto. Los motivos para no aceptar el resto “están recogidos en el informe emitido por la Dirección General, que forma parte del expediente administrativo”.
Uno de esos reparos afectaba a la responsabilidad del dueño de la finca. El Consultivo advirtió de que un reglamento no puede crear nuevos responsables sin cobertura legal, según publicó este periódico.
Turismo precisa que esa responsabilidad “no se extiende a cualquier supuesto”. Solo se produce, explica, “cuando es el propio titular quien autoriza la realización de una actividad ilegal”.
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