UGT Servicios Públicos Canarias ha advertido este lunes en el Parlamento regional de que la futura Ley del Docente como Autoridad "solo será útil si se traduce en medidas concretas y efectivas para proteger al profesorado".

En un comunicado, el sindicato ha recalcado que el reconocimiento formal de la autoridad docente "carece de valor si no va acompañado de respaldo jurídico inmediato, dotación económica adecuada y apoyo institucional real en los centros educativos".

Normativa actual 

Explican que durante su comparecencia en la Comisión de Educación, la organización sindical recordó que "la normativa actual ya contempla el principio de autoridad del profesorado" pero que, sin embargo, "el problema no radica en su reconocimiento legal, sino en la falta de mecanismos ágiles y recursos que aseguren su aplicación práctica".

Entre sus principales demandas, UGT ha reclamado "que la futura ley incluya la activación automática de asistencia jurídica en un plazo máximo de 24 horas ante cualquier agresión, amenaza o denuncia infundada". Asimismo, ha pedido que se garantice "la cobertura total de la responsabilidad civil del profesorado y la adopción inmediata de medidas organizativas cautelares que salvaguarden al docente afectado".

Actualizar protocolo 

El sindicato también ha puesto sobre la mesa "la necesidad de actualizar el protocolo vigente desde 2009 para adaptarlo a nuevas realidades, como las amenazas graves y las agresiones verbales o digitales". Además, ha propuesto "la creación de unidades públicas de apoyo psicológico con presencia efectiva en todas las islas".

Por otro lado el sindicato insiste en que ha defendido "que la autoridad no puede desligarse del reconocimiento profesional y retributivo acorde a la responsabilidad que asumen los docentes, especialmente en tareas directivas, tutorías y funciones vinculadas al desarrollo profesional".

Registro autonómico 

Por último, la organización ha planteado "la puesta en marcha de un registro autonómico de incidencias, la creación de una Red Canaria de Convivencia con carácter preventivo y la obligación de presentar un informe anual ante el Parlamento que evalúe el grado de cumplimiento de la norma", concluyen.