El próximo 17 de octubre, el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf) celebrará unas elecciones para elegir a su nuevo decano, en las que están llamados a votar los cerca de 4.000 letrados que ejercen en Tenerife, La Gomera y El Hierro. No se trata solo de renovar una junta de gobierno: el proceso llega en un momento de transformación profunda para la abogacía, marcada por la digitalización, los cambios legislativos y la aplicación de nuevos modelos de justicia más ágiles. Los colegiados deberán elegir entre tres proyectos que reflejan visiones muy distintas sobre cómo debe adaptarse la profesión a los nuevos tiempos.
El actual decano, José Manuel Niederleytner García-Lliberós, busca revalidar su liderazgo tras dos mandatos consecutivos al frente del Colegio. Su propuesta se centra en la continuidad y en la modernización tecnológica de la institución, con una apuesta firme por la tramitación digital y la mejora de infraestructuras. Frente a él se presentan Mila Pacheco Pérez, hasta hace una semana vicedecana del Colegio, que propone un modelo de gestión más participativo y transparente, con especial atención a la conciliación profesional, la formación y la defensa de los derechos sociales de los abogados, y Víctor Martín Álvarez, abogado lagunero con una extensa trayectoria en el ámbito civil, mercantil y penal, que propone un cambio de rumbo bajo la candidatura “Alternativa por la dignidad de la abogacía”. Su proyecto parte de una idea clara: la profesión ha perdido parte de su esencia humanista y de su reconocimiento social, y el Colegio debe ser un instrumento activo para recuperarlos.
Martín aboga por un Colegio más cercano, reivindicativo y solidario, que defienda con firmeza los intereses del colectivo. Entre sus principales propuestas destacan la creación de un Defensor del Abogado, la lucha por una “pasarela real” de la Mutualidad al sistema público (RETA) que garantice pensiones justas, y la dignificación del Turno de Oficio y del Turno de Extranjería. También reclama una implantación responsable de los métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC), acompañada de la formación y los medios necesarios para que estos nuevos mecanismos no se conviertan en una carga más para los profesionales.
Redignificar la profesión
PEGUNTA: Usted dice que quiere recuperar la dignidad de la profesión. ¿Qué significa esto y dónde cree que ha perdido la dignidad la profesión? ¿Cómo piensa devolvérsela?
RESPUESTA: Pues pensamos en exigir que nuestro colegio profesional sea firme en la defensa de todos aquellos aspectos que, con el paso de los años, se han ido perdiendo. Nosotros defendemos los derechos de los ciudadanos y los recursos con los que la administración pública nos dota, cada día son más reducido. Estamos menos dotados para poder ejercer la profesión de forma loable y con eficacia, en todos los sentidos. La administración, como en Sanidad o en Educación, viene dando la espalda a los problemas que tenemos y no nos atiende. Entonces, entendemos que, de una vez por todas, nuestro colegio debe ser firme con la administración y decir: "Oiga, mire, la problemática es esta. Tenemos que estudiarla de forma concienzuda y darle verdaderas soluciones." Y más en un momento como el actual, en que el sistema judicial español cambia totalmente. La Ley Orgánica 1/2025, denominada "de eficiencia", cambia totalmente el sistema judicial, tanto procesalmente como organizativamente. Procesalmente, porque antes cualquier ciudadano en materia civil o mercantil podía acudir directamente a presentar una demanda a los abogados, y ahora no. Ahora hay un proceso previo, que se llama medio alternativo de solución de conflicto, que hay que realizar: conciliaciones, mediaciones previas. Se ha creado esta figura, se ha puesto en vigor desde el mes de abril, pero no se ha hecho con la debida formación profesional ni con los recursos necesarios para que eso sea viable. Y, por otra parte, el tema organizativo: los juzgados compartimentados. Antes existían los juzgados de instancia, y ya no existe, sino lo que se denomina tribunal de instancia, que agrupa por materias. Todo esto ya se ha creado y está en pleno funcionamiento, y no se ha tenido en consideración por la administración que necesitamos un edificio para que eso pueda ser posible. Nuestro sistema informático va a ser un problema, no vamos a poder adaptarnos a esta evolución.
¿Cuáles son los principales problemas de un letrado en su día a día?
Las condiciones de trabajo en las que nosotros nos desempeñamos, en todos los tipos: en el turno de oficio, en extranjería, en las cuestiones donde la administración no nos reconoce ni nuestra verdadera relación ni tampoco el trabajo adecuadamente remunerado y demás. El colegio de abogados, como representante de todos los profesionales, tendría que sentarse en una mesa negociadora con la administración, exponerle los problemas reales que tenemos de carencia absoluta de medios y recursos, y plantear soluciones a corto, medio y largo plazo. En el turno, entendemos que debe ser totalmente independiente del turno de oficio general del de extranjería. Entendemos por turno de oficio general aquellas personas, ciudadanos españoles, que carecen de los recursos necesarios para acudir a la administración de justicia para solucionar un conflicto, y el turno de extranjería, que es el turno de la migración que se viene produciendo en nuestras costas. Hoy por hoy, la administración, en esos dos capítulos, tiene un único tratamiento. Entendemos que debe ser totalmente diferenciado, presupuestaria y organizativamente, y con un enfoque adecuado para cada uno de ellos. El turno de oficio de extranjería tiene que contar con los profesionales intervinientes, no solo los abogados, sino los demás colectivos implicados. Por ejemplo, no existen traductores que puedan acompañar a los profesionales cada vez que llega una patera para atender adecuadamente a estas personas migrantes. Hay, pero muy escasamente; no están dotados. No hay ningún convenio, ni protocolo de interconexión entre todos los profesionales que intervenimos en ese proceso. Los compañeros abogados, los que nos conciernen a nosotros, están trabajando en condiciones infrahumanas. Están haciendo un trabajo arduo, prolongado en el tiempo, dificultoso, y se les viene remunerando con la mísera cantidad de 68 euros. No solo por el día de guardia o por atender a un migrante, sino también posteriormente por el trabajo que conlleva la demanda contencioso-administrativa, los recursos, desplazamientos... Eso no está bien pagado. El turno de oficio, en general, está infrapagado. Ahora se ha hecho una actualización, pero solo supone en tres años un incremento porcentual de los atrasos que se nos adeudan desde 2008. Realmente no se nos está abonando dignamente por el trabajo que desempeñamos y se sigue desconociendo que trabajamos determinadas materias: ejecuciones, doble guardia, nocturnidades, traslados de madrugada a comisarías del sur o del norte, con riesgo y sin posibilidad de conciliar.Y después, presupuestariamente, nosotros tenemos un presupuesto trimestral asignado por la Administración Autónoma de dos millones de euros. Cuando vienen pateras y tenemos que atender a esos migrantes, se desborda ese presupuesto. Entonces, se paralizan las liquidaciones que presentamos a la consejería para que atienda el abono y nos retrasan los pagos. El promedio de retraso es de 13 meses. Entendemos que deben existir presupuestos estancos. Separemos el concepto de extranjería para que los profesionales no se vean perjudicados. En el turno de oficio general, esto tarda mucho más y con eso esclarecemos que, cuando tenemos que atender a una persona por el turno de oficio, carecemos hasta de aparcamiento en las oficinas judiciales y en las comisarías de Tenerife. Es decir, es lógico que para que tengamos más tiempo y más posibilidades de atención, se nos ofrezca una plaza de aparcamiento en todas las sedes judiciales y comisarías a las que nos trasladamos. O, por ejemplo, el tema de violencia de género es patético: cómo tenemos que atender, no solo nosotros, los funcionarios, jueces y fiscales, sino también las víctimas. En salas de concurrencia donde declaran muchas víctimas a la vez, no hay confidencialidad ni intimidad para que se sientan seguras. La administración se tiene que dar cuenta de esas necesidades que son perentorias y urgentes. Son muchos conceptos donde la administración tiene que darse cuenta, de una vez por todas, de que somos representantes de los ciudadanos, defendemos y tutelamos sus derechos, y necesitamos estar bien tratados y atendidos para poder desempeñar nuestro trabajo con tranquilidad, sosiego e ilusión diaria.
Antes hablaba de los nuevos modelos de resolución de conflictos, los MASC: la mediación, arbitraje y conciliación, que ahora se están fomentando para evitar llegar a juicio y descongestionar los juzgados. Usted entiende que también faltan recursos para implementarlos. ¿Qué papel debería asumir el colegio, de ser usted decano, en este sentido? ¿Qué es lo que usted propone?
Las medidas son claras: frente a la administración, o con la administración. Se ha creado este sistema sobre el que, curiosamente, algunas personas hablan públicamente del "método canario". Mire, esto no es un método canario; es una ley nacional que todas las comunidades autónomas tienen que implementar. Aquí no hay método canario. Realmente, en nuestra comunidad autónoma no se ha implementado adecuadamente, ni se ha formado, ni se ha pensado, por ejemplo, en realizar convenios formativos. Porque las conciliaciones y mediaciones pueden realizarse ante notarios, registradores, profesionales expertos en cada materia, abogados y una serie de profesionales, y no se ha hecho ningún tipo de convenio para que podamos decir: “Mira, hay que acudir a esto, a esto, o a esto”. Tampoco se ha dado la formación precisa. Hace meses que están advirtiendo expertos juristas a nivel nacional, en los distintos foros, de que se tiene de por sí un colapso intrajudicial. Pues ahora se está produciendo un colapso extrajudicial porque no entran demandas. ¿Y por qué? Porque no se está produciendo dinamismo ni agilización en esos procesos de mediación previos obligatorios. Y después, intracolegialmente, hay que insistir en hacer una formación de alto nivel dentro del colegio, para que todos los colegiados estemos preparados y sepamos cómo desarrollar estos medios alternativos, y también que estas formaciones sean gratuitas, porque es oneroso. Si un profesional quiere ser mediador, hoy por hoy, un curso por internet le cuesta unos 1.000 euros. Nuestro colegio tiene que afrontar decididamente convenios de colaboración con la Universidad de La Laguna y con profesionales de alto prestigio para formar adecuadamente a todos nuestros colegiados.
Otra de las cosas que usted ha mencionado en su programa es el paso de la mutualidad hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) . ¿En qué consiste esto?
Estamos pidiendo el reconocimiento de unos derechos sociales como cualquier trabajador que tiene derecho, cuando se jubila, a una pensión digna en función de sus cotizaciones. Que cuando llega ese momento de jubilación, en base a los años y a lo que ha cotizado, tenga derecho a esa pensión. ¿Cómo surge esto? Inicialmente, históricamente, los profesionales —no solo los abogados, sino también otras profesiones liberales como los arquitectos— venían sometidos a un régimen de pertenencia o adscripción obligatoria a la mutualidad profesional de su rango. Cuando yo me di de alta en el año 90, no podía pertenecer al régimen de autónomos; obligatoriamente, para poder ejercer la profesión de abogado, tenía que inscribirme en la mutualidad de la abogacía. La cuota mensual es para la pensión; no tenemos derecho a enfermedad ni a absolutamente nada, sino que nuestro ingreso era para esa jubilación, y era obligatorio. Bien, todos los compañeros hemos ido abonando a nuestra mutualidad obligatoria durante todos esos años esa cuota que ellos nos fijaban. En el año 95 cambia el sistema: la normativa dice que la mutua ya no es obligatoria, sino que los profesionales podíamos dar el paso al régimen de autónomos. Aquellos compañeros que decidieron voluntariamente pasarse al régimen de autónomos, desde ese momento pertenecen a dicho régimen. Además, se produce otro fenómeno: la mutua de la abogacía deja de tener ese carácter social, donde lo que uno consignaba era a un fondo común y el beneficio era común a todos los pertenecientes, para convertirse en una entidad aseguradora con ánimo de lucro. Lo que tú aportas, ya va a tu fondo individual. En ese momento, la mutua, con ánimo de lucro, lo que prometía antes —una jubilación prevista según tus cuotas— cambia. Nos dice: “No, no; si le correspondía una pensión de 1.200 euros, ahora, según nuestros números, después de 40 años de ejercicio y cotizaciones, le corresponden 400 euros.” Eso es lo que nos estamos encontrando actualmente. Esa situación es indigna, y la pasarela al RETA consiste en que se apruebe una normativa —ya hay un proyecto de ley en el Parlamento Nacional, con enmiendas de distintos partidos— donde se reconozca que aquellos mutualistas que no han dado el paso al régimen de autónomos, o aquellos que lo hayan dado, tanto sean mutualistas pasivos (ya jubilados) como en activo y próximos a jubilarse, puedan traspasar su fondo y los años cotizados a la mutua al régimen de autónomos. La Seguridad Social calcularía entonces su pensión según esos años y aportaciones. El régimen de la mutualidad ha sido un fracaso derivado de su ánimo de lucro y de la gestión, donde los consejos de administración, formados por los decanos de los distintos colegios, han desviado gran parte del fondo a pagar enormes nóminas. Nuestro paso es ese, y ya está en el Parlamento Nacional gracias a la lucha colectiva de todos los profesionales de la abogacía, a la que se han sumado otras profesiones liberales. No ha sido gracias a los representantes actuales; al contrario, nuestros colegios han estado de espaldas a esta problemática. Ha sido gracias a la lucha del colectivo que esto esté en esta situación, y esperamos que próximamente obtengamos una solución definitiva. Por nuestra parte, también queremos que, para evitar en el futuro esta problemática, nuestro colegio se desvincule de la relación que mantiene con la mutualidad, guarde independencia y, a todos los nuevos colegiados que se den de alta, se les informe adecuadamente. Cuando vengan a colegiarse, que se les diga: “Aquí tienen información", reuniones periódicas con representantes de la Seguridad Social que le explicarán cuáles son las cotizaciones, qué previsiones deben tener para asegurar una atención digna en el futuro, y también con representantes de la mutualidad que les expongan sus razones. Así, el abogado joven, con la debida información, podrá decidir libremente qué opción quiere, no como hasta ahora, que nuestro colegio ha protegido en exceso a la mutua, y así estamos, frente al régimen de autónomos.
¿Cree que hay colegiados que se puedan sentir desencantados o abandonados por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife?
Entendemos que sí, que hay grandes desilusiones. De hecho, nosotros, que somos abogados de a pie, todos los que conformamos la candidatura, somos abogados ejercientes y de juzgado. En otras candidaturas hay personas que no son abogados de a pie, trabajan para la administración. Nosotros sí lo somos, y somos también abogados de pequeños despachos, que estamos en el día a día de los juzgados, y hemos visto y comprendido la problemática de los compañeros. Hemos decidido dar este paso porque entendemos que hay que regenerar la vida colegial. Por eso, con gran ilusión, hemos decidido dar este paso con el sacrificio personal que conlleva conciliar familia y trabajo, pero entendemos que es el momento. Por ese conocimiento de que efectivamente falta engranaje en nuestro colectivo colegial. Y entendemos que muchos compañeros, porque nos lo transmiten día a día, se sienten apartados, pero no solo aquellos colegiados que están en la mutua o que pertenecen al turno de oficio o de extranjería. También muchísimas compañeras y compañeros que trabajan por cuenta propia o ajena y que tampoco ven que su colegio les acoja. No sienten ganas ni ilusión por participar del colegio, de la formación y demás. La formación es escasa para todos, no solo para mutualistas, turno de oficio o extranjería, sino también para gran parte de los colegiados que ejercen su profesión de manera particular. Tenemos que dar paso ya, de una vez por todas, a un colegio más transparente, más abierto a todo el colectivo profesional y que responda a las necesidades de cada uno de los sectores que lo forman. Por ejemplo, nosotros tenemos un capítulo muy importante y, a diferencia de las otras dos candidaturas, queremos que el decano sea el coordinador del equipo de trabajo de la junta colegial. Que no sea tan protagónico ni tan visible en los medios, sino que la junta colegial, todos y cada uno de sus miembros, asuman funciones y competencias concretas. Por eso, en nuestro programa electoral llevamos las 13 personas que nos presentamos, para que los compañeros sepan quiénes somos y qué capacidad tenemos. Cada vocal o representante de la Junta Colegial tendrá una materia asignada para que los colegiados se reúnan, estudien problemáticas, saquen proyectos y tomen decisiones en cada materia, y que eso después sea avalado por el órgano colegial. El decano, como representante, lo llevará a las instituciones competentes para buscar soluciones. Queremos dar más protagonismo a toda la junta colegial para que el colegiado se sienta más cercano. También entendemos que las comisiones colegiales deben trabajar mucho más, ser más operativas y mantener una relación más directa con los compañeros. Otro ejemplo: nosotros también desempeñamos nuestro trabajo en las islas de El Hierro y La Gomera. Allí no hay sedes colegiales. Las sedes están en Santa Cruz de Tenerife, La Orotava y Arona. Entendemos que, aunque haya pocos colegiados en El Hierro y La Gomera, también los de Tenerife debemos trasladarnos allí para desempeñar nuestras funciones, y no tenemos un lugar donde reunirnos o trabajar. Eso es una reclamación lógica, tanto para los compañeros de esas islas como para quienes nos desplazamos allí. El colegio no ha previsto esa realidad. Se trata de regenerar, de devolver la ilusión, y de que esta profesión, tan humanista y creada para defender los derechos de los demás, también reconozca los derechos de los abogados a desempeñar un trabajo digno y poder conciliar. Como ejemplo, hay compañeras que se quedan embarazadas, piden suspensiones porque han dado a luz, y muchos tribunales rechazan esa solicitud. Eso es indigno a día de hoy, cuando la normativa ampara al resto de trabajadores en capítulos tan fundamentales. O que un abogado se ponga enfermo y aún haya autoridades judiciales que no suspendan vistas o que tengamos que pasar horas en los pasillos, cuando nuestro trabajo es de ocho de la mañana a ocho de la noche, y no podemos permitirnos esperar dos horas por un juicio. Todas esas cuestiones hay que abordarlas ya. Por eso queremos crear la figura del defensor del abogado: una figura independiente, dotada de recursos humanos y económicos dentro del colegio, para que desempeñe la labor de defensa de la profesión, tanto hacia fuera como dentro del propio colegio. En los conflictos laborales o de compañerismo que puedan surgir, asumirá la función de mediador y garante de una resolución adecuada.
El papel de la mujer
Ha hablado de las mujeres abogadas. Si no estoy mal informado, en su equipo el 80% son mujeres.
En principio lo eran. Nuestra sociedad quiere abolir con certeza y decisión el techo de cristal de las compañeras. Lo queremos realizar, y que el ascenso a puestos de responsabilidad sea por valía, en todas las instituciones públicas y privadas. Curiosamente, nosotros conformamos inicialmente la candidatura en base a la valía que veíamos en las personas que iniciamos este proyecto. Así formamos la candidatura: en principio era un 70% de compañeras y un 30% de hombres. Pero, en el camino hacia las elecciones, nos llegaron noticias de que se nos iba a impugnar la candidatura por no cumplir la nueva ley de paridad para colegios profesionales, que adopta el 60/40, siendo el 40% el sexo menos representado. Entonces tuvimos que readaptar nuestra candidatura y sustituir a dos compañeras muy valiosas por dos compañeros igualmente valiosos, pero que fue necesario incluir. Lo tomamos con humor: a diario vemos la reclamación de las compañeras por acceder a cargos de responsabilidad, y a nosotros nos pasó al revés.
¿Y cuáles son los principales problemas que las letradas le transmiten en el ejercicio de sus funciones como abogadas?
Conciliar, evidentemente. Como el resto de mujeres que desempeñan actividad laboral, la gran problemática es la conciliación familiar. Siguen teniendo muchos problemas para abordar el trabajo diario y atender a su familia, sobre todo cuando tienen hijos menores a su cargo. Hay compañeras que tienen un juicio señalado y están embarazadas o deben acudir al médico, y tienen dificultades para que se les concedan suspensiones. Incluso después del parto, cuando ya tienen trabajo en agenda, siguen encontrando problemas para obtener suspensiones. Y no digamos cuando tienen hijos pequeños: se hace muy cuesta arriba poder desarrollar sus consultas profesionales, normalmente por las tardes. Son muchos los problemas que, como en cualquier otra actividad, siguen enfrentando para ser tratadas en justa medida. Debemos tener muy en cuenta que hoy, en nuestras universidades y facultades de Derecho, egresan muchas más mujeres que hombres. Vocacionalmente sienten el deseo y están perfectamente capacitadas para desarrollar esta profesión; démosles la posibilidad de hacerlo, no les pongamos cortapisas en el camino.
¿Qué mensaje le manda a los letrados llamados a votar?
Decir a todas las compañeras y compañeros del Colegio Profesional de Tenerife que, por favor, estudien adecuadamente las tres candidaturas y los programas. Les solicitamos que participen en las próximas elecciones para que nuestro colegio adquiera la fortaleza que merecemos para el ejercicio profesional. Les invito sinceramente a que vayan a votar, y que lo hagan por la candidatura que libremente decidan, pero que vayan a votar.