La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha abierto en los dos últimos años y medio un total de 44 expedientes por la instalación de viviendas prefabricadas en suelos donde no está permitido hacerlo, según informó este martes el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, en el Parlamento de Canarias.

Del total de expedientes, 17 corresponden a Fuerteventura y 16 a Tenerife, mientras que en Lanzarote se tramitaron 5, en Gran Canaria 4, y uno en La Gomera y La Palma. Por años, se registraron 17 expedientes en 2023, 18 en 2024 y 9 en los primeros seis meses de 2025.

“El tipo de vivienda no cambia la ley”

Miranda aclaró que la instalación de casas modulares, aunque más rápida al fabricarse fuera del lugar de destino, no exime del cumplimiento de la normativa urbanística, ambiental o territorial.

“El repunte de este tipo de construcciones ha podido generar cierta confusión en la ciudadanía, pero la norma es clara: la tipología de la vivienda no modifica las condiciones del suelo ni los permisos que se exigen”, señaló el consejero.

Multas de hasta 600.000 euros

Los procedimientos abiertos pueden derivar en sanciones económicas que oscilan entre 6.000 y 600.000 euros, según la categoría del suelo afectado, y conllevan la obligación de retirar o demoler la instalación ilegal.

Miranda insistió en que el mensaje es “claro”: toda vivienda, sea modular o tradicional, debe ubicarse únicamente en suelo urbano con las licencias correspondientes. Añadió que la ACPMN mantendrá la vigilancia para garantizar la protección y el orden del territorio canario.