El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha asegurado este martes que la actualización de la Ley del Suelo, aprobada originalmente en 2017, no busca "ni muchísimo menos una liberalización del suelo", sino abrir la puerta a soluciones para problemas como la vivienda.
Durante una comparecencia en la comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias, Miranda ha afirmado que el Gobierno no prevé ampliar los metros de suelo contemplados en la normativa actual y ha sostenido que existe suelo suficiente para cubrir las necesidades del mercado inmobiliario.
Simplificación administrativa y sostenibilidad
Uno de los ejes clave de esta actualización será la simplificación de los trámites administrativos y una mayor claridad normativa. El consejero ha defendido un equilibrio entre avanzar en legislación urbanística e incorporar principios de sostenibilidad.
La nueva ley incluirá reducción de contenidos técnicos en los instrumentos de ordenación, renovación urbana, impulso a la vivienda, mejora en la gestión urbanística y respuesta al reto demográfico.
Miranda ha subrayado que el Gobierno lleva más de un año trabajando con empleados públicos, cabildos, ayuntamientos y otras áreas del Ejecutivo en la redacción del texto. El borrador del anteproyecto se expuso al público hasta el 2 de mayo y se prorrogó un mes. Actualmente, se recopilan y organizan las alegaciones recibidas.
Planificación hídrica y protección civil
Además de la ley del suelo, la Consejería trabaja en el desarrollo de la planificación hidrológica para 2027 en colaboración con los cabildos y consejos insulares de aguas, incluyendo nuevos planes de gestión de inundaciones.
En materia de protección civil, se elaborará una nueva ley autonómica que se adapte a la legislación estatal y europea. Esta norma servirá de base para crear una Agencia Canaria de Emergencias e impulsar la cultura de la autoprotección mediante avances tecnológicos.
Miranda también ha anunciado que se está trabajando en la declaración del Lomo Riquiánez (Arucas) como sitio de interés científico, con el objetivo de regular los usos tradicionales y fomentar el conocimiento del entorno.
Reacciones parlamentarias
Desde el PSOE, la diputada Nayra Alemán ha pedido que la actividad de la Consejería se traduzca en un calendario de acción con prioridades claras, alertando del riesgo de “descontrol urbanístico” en nombre de la simplificación. También ha solicitado mayor cohesión territorial y criticado la gestión del agua, especialmente en lo relativo a vertidos sin tratar.
Por parte de Vox, Javier Nieto ha expresado dudas sobre la eficacia del decreto de agilización de licencias y ha solicitado que las facilidades para municipios menores de 10.000 habitantes no excluyan barrios de grandes ciudades con necesidades similares.
Desde Coalición Canaria, Socorro Beato ha defendido que la reforma permitirá poner a disposición más vivienda y ha instado al Parlamento a continuar el trabajo legislativo ante la presión demográfica.
Fernando Enseñat, del Partido Popular, ha valorado positivamente el decreto para agilizar licencias y ha denunciado las esperas excesivas para trámites urbanísticos. Ha pedido equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad y acción frente a los cortes de agua en Fuerteventura.
Finalmente, Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, ha respaldado los esfuerzos por la simplificación administrativa y la protección ambiental, y ha destacado la importancia de la participación ciudadana en la revisión de la ley del suelo.