El Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso que va modificar la ley del suelo que rige la planificación urbanística en las Islas. La intención de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas es aplicar una reforma que reduzca plazos para aprobar los planes y los simplifique, que favorezca el punitivismo y que permita modificaciones de uso en suelo urbanizable.
Según ha explicado este miércoles el consejero del área, Manuel Miranda, esta se trata de una actualización de la norma aprobada en 2017, no por defectos de la anterior sino por la mejora y clarificación de determinados aspectos, y ha insistido en que no es un mandato del gobierno, sino que “viene desde abajo”.
Folio en blanco
Esta modificación, han apuntado Miranda, nace de un proceso en el que se ha puesto un “folio en blanco” a las administraciones para que trasladaran sus dificultades a la hora de aplicación de la ley del suelo. Un proceso que incluyó, según Miranda, hablar con “casi 800 personas” de los cabildos, la Fecam, la Fecai, el colegio de ingenieros, Gesplan y otros organismos públicos.
La intención es sacar a información pública el borrador de anteproyecto de ley el próximo lunes. Tras la exposición pública se hará un nuevo documento con las alegaciones presentadas, tras su estudio por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, este tendrá que aprobar el documento, que antes de entrar al Parlamento de Canarias para su tramitación deberá pasar por el Consejo Consultivo.
Simplificación
La principal novedad que propone el borrador es la simplificación de la tramitación de los instrumentos de ordenación. Para ello los planes generales pasarán a centrarse en una ordenación estructural y no pormenorizada. “Solamente por apostar por esa ordenación estructural podemos reducir sus contenidos en un 40%”, ha informado Miranda.
Menos plazos
Los plazos, además, se van a reducir al mínimo exigido. De los cinco pasos de exposición pública se ha eliminado uno, el avance y la tramitación del plan general quedando en: borrador, versión inicial, propuesta inicial y aprobación definitiva.
Además, en lo que a reducción de plazos se refiere han reducido de los 210 días de exposición pública para los planes de ordenación que había establecido a los 160, debido a que la tecnología ya facilita el acceso de todos documentos, según han argumentado.
Asimismo han informado de la reducción de los plazos en planes de menor escala como los proyectos de interés insular y autonómico, las ordenanzas provisionales municipales e insulares y los programas de actuación y mejora urbana.
Más facilidad para el castigo
Respecto a la disciplina urbanística, el borrador incluye la ampliación de la cuantía de las faltas muy graves, hasta los 600.000 euros, mientras que la mínima pasa de 60 a 300 euros. Además, se van a ampliar los plazos para los trámites de las multas para que no prescriban, de cuatro a ocho años.
Cruz también ha informado que otro de los puntos que incluye el borrador es el impulso a la renovación urbana, ya que “no queremos consumir más suelo, queremos que el suelo que tenemos esté adaptado a las nuevas necesidades”.
Para los municipios de menos 10.000 habitantes, que protagonizan el “reto demográfico”, se va a permitir que “se colmaten interiormente, trasladando las unidades de dotación y espacios libres a los bordes o al asentamiento de al lado y permita disponer de más suelo para el desarrollo de vivienda”, ha informado el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz.
Renovación industrial
Por su parte, también hay una herramienta nueva que se pondrá en marcha para los suelos industriales. Siguiendo el formato de los Planes de Mejora y Modernización de los municipios turísticos, la consejería impulsará los PRESI, para que las zonas industriales que están degradadas cuenten con una planificación especial para su actualización.
Dentro de la política de fomentar la vivienda pública, Cruz ha informado de que se subirán los aprovechamientos en suelo urbanizable, “aumentando los suelos disponibles para que la administración pública pueda ejercer su vivienda”. Por su parte, se va a permitir el cambio de usos de los suelos urbanizables.
También se redefinirá el concepto de “solar”, que si bien antes estos tenían que estar rodeados de vías públicas pavimentada y con acceso peatonal a través de una acera, ahora se reduce la definición a tener un acceso a vía pública pavimentada y con una acera “o asimilable”. Esta modificación está enfocada en los solares “al borde” de los suelos urbanos “donde no existía la vía perimetral que rodeaba ese solar”.
Sector primario
Dentro del sector primario, dado que la actual ley permite que en asentamiento agrícola se permite una vivienda vinculada a la explotación, ahora se remarca que esta vivienda debe ser unifamiliar aislada.
Se reincide asimismo en que el principio de que “queda prohibido lo no autorizado” y se cambia a “queda autorizado lo que no esté prohibido expresamente”.