El Ayuntamiento de Arona ha pedido a la plaza número cuatro del Tribunal de Instancia del Juzgado de Santa Cruz de Tenerife, sección de lo Contencioso-Administrativo, el archivo de uno de los recursos presentados por Nicolás Jorge Hernández, antiguo asesor del exalcalde socialista del municipio José Julián Mena, en el marco del conflicto urbanístico abierto en Cho–Parque La Reina, un caso que mantiene en vilo la construcción de 56 viviendas con garaje en la calle Infanta Cristina.
La petición de archivo se refiere a un procedimiento judicial iniciado por Jorge por silencio administrativo, después de que solicitara en octubre de 2024 que el ayuntamiento actuara contra la ejecución de varias calles de la zona. Según argumenta en un escrito recientemente remitido al juzgado por el Cabildo Insular de Tenerife, en representación del Consistorio, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, ese recurso habría perdido su objeto porque el ayuntamiento ya ha dictado resoluciones expresas sobre la cuestión planteada.
Demanda desestimada
En concreto, Arona sostiene que el silencio administrativo que dio origen al procedimiento dejó de existir tras la resolución municipal dictada el 16 de enero de 2026, en la que se desestimó la incoación de un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en relación con la calle transversal a la calle Infanta Cristina, al considerar “manifiestamente improcedente” adoptar medidas de restablecimiento. A partir de esa resolución, la administración entiende que el recurso judicial ya no tiene recorrido y solicita su archivo.
El juzgado, no obstante, no ha acordado el archivo de forma automática y ha dado traslado, este lunes, del escrito del ayuntamiento a Nicolás Jorge para que formule alegaciones antes de resolver si procede cerrar o no el procedimiento.
Un conflicto iniciado en 2024
El recurso por silencio administrativo es solo una de las vías abiertas dentro de un conflicto más amplio. En octubre de 2024, Nicolás Jorge impugnó ante los tribunales el Proyecto de Urbanización “Espacio Libre y Viarios”, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 1 de octubre de ese año, que permite abrir al tráfico rodado determinadas calles y espacios libres en el ámbito de Cho II Parque La Reina.
Días después, presentó un segundo escrito ante el Ayuntamiento solicitando actuaciones contra varias vías —Baderna, Bajío, Saloma y la transversal a Infanta Cristina— al considerar que se habían ejecutado en suelos clasificados como espacios libres. La falta de respuesta municipal dio lugar al recurso por silencio que ahora el ayuntamiento pretende archivar.
En enero de 2026, el Consistorio respondió a esas solicitudes mediante resoluciones en las que sostiene que las calles denunciadas están “legalizadas y regularizadas” dentro del proyecto de urbanización aprobado en 2024, y rechaza abrir procedimientos de restablecimiento.
El impacto sobre las viviendas
Este conflicto, que ha sido cerrado por Arona en la vía administrativa pero continúa en lo contencioso, es determinante para esta zona residencial porque afecta a las licencias para dos edificios de 28 viviendas con garaje en los números 37 y 41 de la calle Infanta Cristina, promovidos por la empresa Parque de la Reina S.L.
El ayuntamiento convocó el 8 de enero de 2026 una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente para abordar los recursos de reposición presentados por Nicolás Jorge en relación con esas licencias urbanísticas. Al estar cuestionada la legalidad de las calles en sí, también lo están las licencias concedidas para construir en ellas.
Sólo el silencio
Aunque el Ayuntamiento de Arona defiende que el proyecto de urbanización aprobado en octubre de 2024 da cobertura a los viarios del entorno, Jorge mantiene abiertos procedimientos judiciales contra ese mismo proyecto, lo que ha situado las licencias de edificación en una situación de incertidumbre administrativa.
La solicitud de archivo presentada ahora por el ayuntamiento se limita al recurso por silencio administrativo y no resuelve el resto de frentes abiertos, ni el contencioso contra el proyecto de urbanización ni la situación final de las licencias para las 56 viviendas.