Varios propietarios del Polígono 2A de Cho-Parque la Reina se han adherido, por recomendación de su abogado, a un contencioso interpuesto en diciembre por Nicolás Jorge, ex concejal de Arona que fue en su momento investigado por prevaricación, posteriormente absuelto, contra el desarrollo urbanístico de la zona. Fuentes vecinales confirman a Atlántico Hoy que el promotor original de la urbanización donde viven también se ha personado en el procedimiento.
Los afectados denuncian que algunos llevan más de siete años sin lograr licencia para construir porque el ayuntamiento dice que la obra de la urbanización no está recepcionada, mientras que a otros vecinos sí se les otorgaron cuando las pidieron hace décadas. Aseguran que pagan el IBI de sus parcelas, las calles tienen alumbrado, limpieza y recogida de residuos, a pesar de que el ayuntamiento sostenga este argumento.
Nicolás Jorge
La denuncia en la que ahora se personan los vecinos fue presentada en diciembre de 2024 por Nicolás Jorge. Se trata de un abogado con experiencia en la vida pública, que llegó a ser concejal en Granadilla de Abona por el PSOE y que en 2023 fue absuelto de los delitos de prevaricación y malversación por los que había sido procesado durante años.
Tras aquella etapa política, Jorge ha mantenido un perfil combativo en asuntos urbanísticos y jurídicos en el sur de Tenerife. Su recurso contra el Plan Parcial de Cho-Parque la Reina cuestiona la legalidad de las actuaciones administrativas en este ámbito y ha abierto un frente judicial que hasta ahora estaba limitado a los informes municipales. Hasta ahora, los vecinos no habían querido llegar a los juzgados por miedo a un proceso largo y costoso, pero han perdido la esperanza en que el asunto se resuelva desde el ayuntamiento, en vista de que hace más de un año que tiene un dictamen jurídico con varias propuestas de solución por el que pagó 15.000 euros y no ha cambiado nada.
Recepción tácita
Los propietarios llevan meses defendiendo la recepción tácita de las obras, esto es, que de facto el ayuntamiento ha actuado durante décadas como si la urbanización sí hubiese sido recepcionada. Ahora han reunido documentos oficiales que refuerzan su tesis, a los que ha tenido acceos Atlántico Hoy.
Una resolución municipal de 30 de julio de 2024 confirma que las calles Bajío, Salicaria y Saloma figuran en el Inventario General de Bienes y Derechos desde 2011. Consta su identificación como bienes públicos con longitudes y anchos medios precisos. Además, la Policía Local certificó el 4 de diciembre de 2023 que las vías Cañada Blanca, Sanjoras, Bajío, Salicaria, Saloma y Baderna están abiertas al tráfico, en zona residencial y con aceras. Remitió además expediente fotográfico.
Por otra parte, el Servicio de Obras e Infraestructuras acreditó por escrito, también el 4 de diciembre de 2023, que esas calles están incluidas en contratos municipales de mantenimiento desde 2009 y cuentan con alumbrado público con suministro y mantenimiento municipal, citando varios expedientes.
Los informes contradictorios
Con todo ese material, el jefe de Disciplina y Licencias firmó el 5 de marzo de 2024 un informe complementario que concluye que concurren “suficientes elementos de juicio” para considerar la recepción tácita de la urbanización: inventario municipal de las calles, apertura al uso público desde al menos 2009, contratos de mantenimiento y alumbrado, servicios de limpieza/recogida de residuos y otorgamiento histórico de licencias de edificación y de vados.
Ese informe enumera licencias de obra otorgadas en Bajío y Salicaria desde 1993 hasta 2018, y licencias de vado en Bajío, Saloma, Salicaria y Baderna, recordando que el vado es un aprovechamiento de bienes de dominio y uso público, lo que implica reconocimiento del carácter demanial de las calles.
La posición jurídica del ayuntamiento
Pese a los informes técnicos, en noviembre de 2024 la Vicesecretaría / Secretaría General en funciones emitió informe dando conformidad al criterio jurídico: no puede otorgarse licencia porque no existe proyecto de compensación ni cesión del 10% acordada en 1985 con Gestur, promotor de la urbanización, y por tanto el proyecto de urbanización carece de aprobación definitiva.
Ese mismo documento propone estudiar la viabilidad jurídica de iniciar revisiones de oficio de todas las licencias favorables ya concedidas en el ámbito, a la vista de que en la zona se han dado licencias de edificación y de vado.
Además, el informe jurídico de 4 de noviembre de 2024 —al que la Vicesecretaría se remite— fija que no se pueden otorgar licencias en el Polígono 2A “en este momento” por no concurrir los requisitos del art. 261 de la Ley del Suelo de Canarias, y sugiere legalizar previamente las eventuales obras de urbanización como paso previo a una recepción formal.
El conflicto de fondo
Tal como adelantó Atlántico Hoy, el origen se remonta a los años 80. La entonces promotora pública Gestur urbanizó parte del ámbito, pero el acuerdo de aprobación inicial de 1985 condicionaba la tramitación a presentar un proyecto de compensación con la cesión del 10% del aprovechamiento al ayuntamiento. No consta que se culminara ese trámite ni la aprobación definitiva del proyecto de urbanización.
Desde entonces, el Ayuntamiento ha prestado servicios, ha mantenido las vías y ha otorgado licencias en el área, a la vez que deniega nuevas licencias por falta de recepción formal. Esa dualidad es la que los técnicos invocan para sostener la recepción tácita, y la que la Secretaría rechaza mientras no se cumplan los deberes urbanísticos pendientes.