En Arona (Tenerife), hay una situación urbanística que le está costando la salud a los vecinos y propietarios. En Cho-Parque la Reina hay un polígono urbanizable (concretamente se llama Polígono 2A) en el que una treintena de vecinos no pueden construir porque el ayuntamiento hace muchos años que no da licencias.
Pero la historia no siempre fue así. El polígono se ideó y urbanizó entre los 70 y los 80, primero por la empresa Cañadablanca SA, que diseñó el Plan Parcial El Cho 2 en el que se encuentra, y luego por Gestur, que compró el polígono, realizó la urbanización y vendió las parcelas resultantes.
Durante décadas, el Ayuntamiento de Arona dio licencias en ese lugar, suministró servicios como la recogida de basuras o la limpieza municipal e inventarió sus calles. Sin embargo, el consistorio realmente nunca recepcinó aquella urbanización de Gestur porque, según asegura, la empresa pública estaba obligada a hacer una cesión municipal equivalente al 10% que nunca realizó.
Dejaron de dar licencias
En consecuencia, hace unos siete años, el ayuntamiento decidió de la noche a la mañana dejar de dar licencias de obra amparándose en que la urbanización no está recepcionada y no es conforme a derecho dar licencias.
La historia está más que contada por parte de Atlántico Hoy, que ha narrado la situación, el intento de solución por parte del consistorio contratando un dictamen jurídico a la Fundación ULL, el año que ese informe ha estado guardado en un cajón sin que el ayuntamiento lo pagase, la versión de Gestur, las contradicciones judiciales que se dieron en los 90 para que la empresa pública pueda hoy negarse a pagar el 10%...
Pero detrás de toda esta amalgama de leyes, dictámenes, trámites y figuras jurídicas, hay un puñado de personas de carne y hueso hastiadas de llevar tantos años con su proyecto frustrado. Estas son algunas de ellas.
"Mi parcela se ha convertido en un basurero"
Manuel Fernández compró dos parcelas en 2015 y obtuvo licencia para construir en una de ellas sin ningún tipo de pega. De hecho, comenzó a levantar su vivienda, pero la economía empezó a irle mal y tuvo que parar.
Manuel era propietario de un pequeño restaurante que tuvo que cerrar. Cuando se recuperó económicamente, intentó volver a su proyecto, pero la cosa se torció. Según cuenta a Atlántico Hoy, su licencia había caducado y había sido archivada, o eso le dijo el anterior grupo de gobierno municipal.
Tuvo que empezar todos los trámites de nuevo, y ahí le cogió la parálisis. Su parcela, que en 2015 había recibido licencia, ahora no la recibía. Su otro terreno, para más inri, se ha convertido en una escombrera, en la que otros constructores han tirado material de obra. "Ahora tengo que gastarme dos o tres mil euros en retirar esos escombros", se queja. Aunque quiere venderlos, no puede porque nadie quiere comprar una parcela en la que no se puede construir.
"Esto nos ha costado la salud"
Sita y su marido José Manuel son dos propietarios de 72 y 75 años respectivamente, que en 2019 compraron el terreno para que su hijo, de 50, pudiera construir su vivienda. Ellos viven en el norte de Tenerife y ya ni siquiera conducen, no van a Cho Parque la Reina para nada. Ni siquiera quieren ya el terreno.
"Nos ha costado la salud, mi marido está delicado", explica Sita a Atlántico Hoy. Ambos compraron el terreno e incluso hicieron un proyecto con un arquitecto. Explican que todos los trámites estaban listos y conformes a los requerimientos de los técnicos municipales, que incluso les hicieron modificar algún aspecto del proyecto. Pero la licencia nunca llegó.
"Cuando nosotros lo compramos, había dos casas más abajo fabricándose y el obrero le dijo a mi hijo: 'Ahora están dando la licencia más rápido'. Pues maldita la hora en que lo dijo, porque vamos, no era verdad", lamenta Sita. "Si se desbloquea la situación, yo ya lo vendo. Esto es es un sinvivir con este ayuntamiento. Un sin vivir. Lo tengo bien claro, me quito el quebradero de cabeza cuanto antes", asegura.
"Me siento como la víctima de una estafa"
Otro de los afectados es Francisco Reyes, de 50 años, que en 2012 gastó, junto con su mujer, los ahorros de décadas de trabajo en un terreno para construir una casa. Ambos ya viven en Parque la Reina, tienen un pisito que adquirieron en el año 2000. El terreno era el sueño de Francisco para dar un salto cualitativo y poder construirse una vivienda de varias plantas, pero no pudieron permitirse elaborar el proyecto arquitectónico y ahorrar para la obra en sí hasta 2018, año en el que ya estaba todo bloqueado.
"La casa ya ni me hace ilusión, la veo como una manera de recuperar el dinero que he invertido", dice amargamente sobre la posibilidad de que se desbloquee la situación y pueda finalmente edificar. Francisco asegura que siente vergüenza de tener que plantearle a su mujer que han tirado a la basura 50.000 euros. Entre las virtudes de Francisco está la paciencia, por lo que pretende esperar a poder recibir licencia, construir algo "aunque sea hacer un garaje o una planta baja" y venderlo para recuperar el dinero.
Aunque se teme que el dinero que tenía ahorrado para construir se lo comerá la inflación. Esta preocupación la tiene desde la crisis de la COVID-19, cuando todo comenzó a subir de precio. Fue entonces cuando conoció a otros afectados por la parálisis en Cho Parque la Reina y se dio cuenta de la magnitud del problema: "Yo me siento como la víctima de una estafa. Yo no sé quién me ha engañado, pero así es como me siento. Porque se supone que lo he hecho todo bien, he hecho todo lo que hay que hacer. He gastado un montón de dinero en un solar urbano, he pagado el proyecto de un arquitecto y ahora veo que no que no vale".
"Tengo 59 años y vivo en casa de mi padre"
"Mi nombre es Maria del Mar Baute Díaz y tengo 59 años, ahora mismo vivo en casa de mi padre. Otro de los propietarios es mi hermana que trabaja en Arona y nos vendría muy bien vivir allí", detalla a Atlántico Hoy otra de las propietarias.
María del Mar nunca llegó a pedir la licencia. Compró su parcela en 2002 y, cuando pensó en construir hace unos años, se enteró a través de otros vecinos de la problemática, por lo que ni siquiera trató de pedir los permisos. "Me gustaría hacer allí mi vivienda, como otros muchos que ya la tienen hecha y debe ser esta corporacion quien nos ayude a solventar los problemas, utilizando los informes jurídicos que lo avalan, y así descongestionar el problema de la vivienda", explica.
"Vi que habían casas contruidas y nunca imagine, que una parcela urbana que paga el ibi habría este problema. Si hubiera voluntad por parte del ayuntamiento ya estaría solucionado porque hay un informe de un jurista de la Universidad de La Laguna que así lo establece, pero no entendemos como el ayuntamiento no lo utiliza para condecer las licencias a los vecinos que lo están solicitando", añade la propietaria, que también dice que no ha intentado vender su terreno: "No quiero trasladarle el problema a otro comprador".
"Me decían que fuera al juzgado, y ahora nada"
Ulises Bendala, de 44 años, es, probablemente, el vecino más guerrero en esta situación. Compró su terreno hace casi cinco años y una de las primeras cosas que hizo fue hablar con otro vecino al que le acababan de conceder la licencia sin problemas. Pero no fue su caso. Lleva desde entonces viviendo de alquiler con su mujer y sus hijos en un pequeño piso y dando batalla casi diaria en el Ayuntamiento de Arona para que se resuelva la situación.
"Siempre me decían que fuera al juzgado, y ahora ni siquiera les dan los documentos", se queja Ulises a Atlántico Hoy. Hace unos meses, denunció la situación ante la Justicia y esta solicitó el expediente de este propietario al consistorio, pero no lo entrega. La situación ha llegado al límite de que el juzgado ha tenido que amenazar al ayuntamiento con multas coercitivas para los funcionarios responsables de no haber remitido el expediente.
Igual que otros propietarios, Ulises ha intentado vender su parcela, pero nadie quiere comprarla. "Mi finca lleva dos años puesta en Idealista. Llama mucha gente, pero cuando les cuentas lo que hay se echan para atrás", explica.
"Me gustaría que mi hijo pudiese construir el hogar que yo no pude"
José Marcos Santos, de 66 años, ya ha renunciado a la idea de alguna vez poder vivir en una casa construída en esa parcela. "Me gustaría que mi hijo sí pudiese construir ahí el hogar que yo no pude", reconoce a Atlántico Hoy.
José Marco es propietario de la parcela desde 1986. Fue uno de los primeros en adquirir uno de esos terrenos después de que Gestur urbanizase la zona en 1985 y vendiese las parcelas. "Hace seis años quise construir y fue cuando me encontré con el problema en cuestión", relata.
"Yo quería tener un terreno donde construir la vivienda familiar, construir un hogar", explica este propietario, que durante décadas vio cómo otros vecinos levantaron sus viviendas sin ningún problema. "No tenía la menor idea, ni se me informó en ningún momento de que no estaba recepcionada la urbanización", detalla. Ahora, se siente "frustrado" y "decepcionado con el sistema".
José Marcos manda un mensaje para el Ayuntamiento de Arona: "Son una panda de sin vergüenzas, deberían considerar la situación empatizando con todos los afectados y darnos una solución. Los vecinos de Cho no debemos pagar los platos rotos de una nefasta gestión y tenemos derecho a llevar a cabo nuestros proyectos personales".
"Me preocupa una revisión de oficio"
Y, en la otra cara de la moneda, están los aproximadamente 60 propietarios que sí pudieron edificar sus parcelas con completa normalidad durante décadas. Luciano Armando Rodríguez, de 71 años, es uno de ellos. "Yo tengo la vivienda construida desde hace 32 años", narra a Atlántico Hoy.
En todo este embrollo, una de las propuestas de los técnicos municipales para deshacerlo ha sido revisar de oficio las licencias ya otorgadas. Algo que preocupa enormemente a quienes, como Luciano, construyeron y ahora pueden verse sin servicios si esa propuesta saliera adelante.
"En esta zona, nadie ha hecho una casa ilegal. Todo el mundo la ha hecho de forma legal, porque era una de las zonas en las que estaba permitido fabricar", explica. Luciano narra un escenario urbanístico en el que se ha hecho todo sin control hasta ahora. "La mía fue la primera, tenía que ir escalonada para que se viese el mar, pero después otros elevaron sus casas y yo ya no veo el mar. Después me dijeron que no podía poner un local comercial, pero vinieron unos hace un par de años e hicieron una casa con local comercial debajo. Esto ha ido de mal en peor", narra.
Además, denuncia que varias de las parcelas que hay a su alrededor afectadas por la parálisis urbanística se han convertido en verdaderos vertederos. "Hay ratas, hay de todo. Todo el mundo, como no son conscientes, tira la basura ahí como si esto fuera el PIRS".
