El Ayuntamiento de Arona (Tenerife, Canarias) adjudicó el 29 de julio de 2024 por 14.980 euros un contrato menor a la Fundación de la Universidad de La Laguna para que emitiese un dictamen jurídico que le permitiese "poder determinar, por parte de esta la situación jurídico-urbanística del ámbito del polígono 2 de Cho, con particular atención a la cuestión de la recepción de las obras de urbanización", una urbanización de 40 años de antigüedad en la que dos tercios de las parcelas están construidas pero a 30 vecinos el consistorio se niega a darles la licencia de obra porque se ha dado cuenta de que el lugar está sin recepcionar.
Ahora, un año después de encargar aquel informe (que tenía un plazo de ejecución de dos meses), los vecinos de Cho-Parque la Reina se tiran de los pelos porque no conocen su contenido y el consistorio no les da acceso al expediente.
De dicho dictamen depende el desbloqueo de una situación que para muchos se está alargando demasiado. Alguno de los propietarios lleva más de siete años esperando a recibir la licencia urbanística.
El jurista ha renunciado
Según relatan los vecinos a Atlántico Hoy, la situación está atascada porque el jurista municipal ha renunciado a su puesto, negándose a firmar licencias pese a tener dicho dictamen en su mano, alegando que él no lo había pedido. Los vecinos no han visto el documento, pero les consta que la ULL propuso al menos tres soluciones jurídicamente sustentadas para desbloquear el problema. A cargo del informe estuvo el catedrático Francisco Villar Rojas.
El ayuntamiento lleva al menos siete años sin conceder ninguna licencia amparándose en que la urbanización, que fue construida completamente por Gestur en 1986, no puede considerarse como recepcionada porque la empresa no entregó, como estaba acordado, el 10%de la obra para aprovechamiento municipal. El 4 de diciembre de aquel año, la empresa registró la solicitud de “entrega de la urbanización" sin recibir ninguna respuesta y la entendió como recepcionada por silencio administrativo.
Otro caso similar
Otro asunto muy similar, el del polígono 5 de Cho, en la misma zona, sí acabó en los tribunales. En 1991 y 1995, sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Tribunal Supremo desestimaron las pretensiones de Gestur de entender el silencio administrativo en sentido positivo y le recordaron que debía entregar el 10% de aprovechamiento.
Pero el Ayuntamiento de Arona, pese a haber ganado ya un caso tan parecido, no hizo nada al respecto de las parcelas ahora propiedad de estos vecinos, las del sector 2A. De hecho, durante décadas ha mantenido esas calles, las ha incluido en su inventario municipal e incluso ha otorgado licencias de construcción, por lo que se ha generado una paradoja que se plasma ahora en informes contradictorios dentro de la corporación. En 2024, un técnico municipal emitió un informe considerando que se podía entender la urbanización como recepcionada de forma tácita tras tantos años actuando sobre el ámbito de facto, y a la par los servicios jurídicos del ayuntamiento se negaron a que el consistorio entregase dichas licencias por no estar recepcionada formalmente.
Hartos
Los vecinos ya no aguantan más. Este mismo miércoles, Ulises Bendala, uno de los vecinos afectados, ha mandado un correo en nombre de todos dirigido a la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, denunciando que hace ya un año que se encargó el dictamen a la ULL y el ayuntamiento ni siquiera les contesta.
El texto señala su profunda indignación por la “nefasta gestión, falta de transparencia y absoluto abandono” del Ayuntamiento de Arona respecto a sus solicitudes de licencia. Recuerdan que Lemes “se comprometió en persona en abril de 2024 ante más de 30 afectados” a buscar una solución, pero denuncian que “desde entonces simplemente se ha dedicado a ignorarnos a todos los vecinos afectados”.
Sin noticias de Fátima Lemes
Indican que el 29 de julio de 2024 se adjudicó el mencionado dictamen jurídico a la ULL y desde esa fecha no se les ha "informado de absolutamente nada”. Denuncian también que, hace un año, Lemes les remitió múltiples correos en los que “se comprometía a informar sobre el estado del expediente del dictamen”, pero continúa en silencio, a pesar de que “se destinaron fondos públicos para buscar una solución a una injusticia urbanística".
Además, denuncian que el ayuntamiento “hace caso omiso a las recomendaciones del Diputado del Común y a las resoluciones del Comisionado de Transparencia”. Afirman haber obtenido información por vías no oficiales, dado que “en los últimos años no nos ha facilitado ningún tipo de documentación ni evidencia de avance alguno”. Según esa información, el dictamen jurídico fue recibido en septiembre de 2024, pero no se incorporó a los expedientes porque “el jurista S.M. se ha negado a firmar los documentos necesarios para continuar la tramitación”.
En un cajón
“¿Firmaron el contrato con la Universidad de La Laguna para resolver un problema o para guardarlo en un cajón y que nadie lo utilice?”, se preguntan los vecinos, que tampoco entienden "la falta de jurista asignado" a sus expedientes tras la renuncia de S.M.
Concluyen con una exigencia directa: “Exigimos una respuesta inmediata, la entrega del dictamen, y que de una vez por todas dejen de dilatar indebidamente la resolución de nuestros expedientes y los resuelvan”.