El Juzgado de lo Contencioso-Administratico número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha amenazado al Ayuntamiento de Arona con citar a declarar a su alcaldesa, Fátima Lemes, si no le hace llegar de inmediato el expediente de solicitud de licencia de uno de los afectados por la parálisis del Polígono 2A de Cho-Parque La Reina, que ya ha sido solicitado en tres ocasiones en los últimos seis meses.
En una diligencia de ordenación del letrado de la Administración de la Justicia del 3 de diciembre, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, se advierte: "Antes de citar a la máxima responsable de esa Corporación Local ante estas dependencias para el requerimiento oportuno, requiérase a fin de que, en el plazo improrrogable de cinco días, identifique a la autoridad o empleado responsable, haciéndole saber personalmente, que en caso de no efectuar las alegaciones que considere oportunas, se le impondrá una, multa coercitiva de 300 euros a 1.200 euros, que será reiterada cada 20 días hasta el cumplimiento de lo requerido, y en caso de darse la causa de imposible determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administración responderá de dicho pago sin perjuicio de lo que repercuta contra el responsable, librándose para todo ello el correspondiente oficio".
Tres requerimientos en seis meses
Es la tercera vez que el juzgado requiere a Arona que entregue este expediente, que corresponde a la solicitud de licencia de construcción de uno de los vecinos del Polígono 2A de Cho. Lo paradójico es que el ayuntamiento ya remitió hace meses el expediente al vecino en cuestión, pero no al juzgado que investiga el caso después de que ese interesado presentase un recurso contencioso-administratico en los tribunales por el bolqueo de su caso. Esta vez, la Justicia ya desvela incluso la posibilidad de citar a la alcaldesa aronera.
Las otras dos veces que el juzgado requirió este expediente fueron el 11 de septiembre y el 10 de noviembre. Tras la primera de ellas, el Ayuntamiento de Arona remitió un enlace que "no tiene generado hipervínculo que lleve al documento que se quiere visualizar y si se quiere buscar el documento por el número de folio que figura en el índice es imposible al no haber coincidencia, al no venir foliado de forma completa". Es decir, le mandó una documentación inservible.
Arona se niega a entregar el dictamen
No es este el único proceso contencioso-administrativo en el que se están entorpeciendo las actuaciones. En otro recurso, impulsado por un vecino diferente, la Justicia ha requerido al Ayuntamiento de Arona una copia de un dictamen elaborado por la Fundación ULL que propone tres soluciones con soporte jurídico-legal para resolver el bloqueo de Cho-Parque La Reina. El dictamen fue encargado en verano de 2024 por el ayuntamiento y, al menos hasta el verano de 2025, no se había pagado.
Pues bien, Arona lleva meses negándole a los vecinos ver el dictamen. Cuando el juzgado se lo ha requerido (en este caso, el número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz, que es el que lleva el recurso de este segundo vecino afectado), Arona ha rechazado entregárselo.
Dice que no es parte del expediente
En un escrito al que ha tenido acceso Atlántico Hoy de una letrada del servicio de defensa juridica y cooperacion juridica municipal del Cabildo de Tenerife, en representación del Ayuntamiento de Arona, se insiste en que "el informe referenciado NO forma parte del expediente administrativo" que solicita el juzgado y, por tanto, el expediente ya "está completo" y "no existe derecho a 'completar un expediente que está completo'".
Añade, sobre el dictamen de la Fundación ULL, que "el informe referenciado por la actora [el ayuntamiento] se pidió en un contexto determinado y para una finalidad concreta, no para resolver una licencia urbanística", como argumento para justificar no hacer entrega de él a los vecinos.
También existe un tercer contencioso-administrativo contra la gestión urbanística de Arona que se encuentra paralizado por problemas de entrega de documentación a la Justicia. Se trata, según cuentan fuentes personadas en el caso a Atlántico Hoy, del contencioso que interpuso Nicolás Jorge y en el que se personaron los vecinos del Polígono 2A de Cho.
El bloqueo de Cho
Los dos primeros expedientes mencionados se inscriben en el conflicto urbanístico que desde hace años afecta al Polígono 2A de Cho-Parque la Reina, una situación que mantiene a cerca de 30 familias sin posibilidad de edificar en solares adquiridos como suelo urbano consolidado.
A lo largo de décadas, el Ayuntamiento de Arona ha venido actuando como si la urbanización estuviera plenamente integrada en el municipio: ha asumido el mantenimiento de las vías, las ha incluido en distintos contratos públicos, ha incorporado varias de ellas al inventario municipal como bienes de uso público desde 2011 y ha otorgado licencias de construcción desde la década de los noventa. No obstante, en los últimos años el consistorio ha cambiado de criterio y sostiene ahora que la urbanización no fue formalmente recepcionada, lo que le impediría autorizar nuevas edificaciones.
Discrepancias técnicas
En marzo de 2024, un técnico municipal emitió un informe en el que afirmaba que existían “elementos de juicio suficientes” para considerar que la urbanización había sido recepcionada de forma tácita, apoyándose en la intervención continuada del ayuntamiento durante décadas. El documento señalaba que las calles constaban en el inventario municipal, estaban abiertas al tráfico rodado y contaban con alumbrado público y mantenimiento municipal al menos desde 2009, además de recoger la concesión de licencias de obra durante más de veinte años.
Esa interpretación fue contradicha meses después. En noviembre de 2024, la Secretaría General del Ayuntamiento suscribió un informe que sostenía la imposibilidad de conceder licencias al entender que el proyecto de urbanización nunca obtuvo aprobación definitiva. Según ese criterio, no se cumplió con la presentación del proyecto de compensación exigido en 1985 ni con la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, llegando incluso a plantearse la revisión de licencias concedidas en el pasado.
Un dictamen encargado y no abonado
Ante la complejidad del conflicto, el ayuntamiento encargó en julio de 2024 el mencionado dictamen jurídico externo a la Universidad de La Laguna, con un coste de 14.980 euros, para analizar las posibles soluciones legales a un problema arrastrado desde los años ochenta. La ULL entregó el dictamen en septiembre de 2024.
Una resolución firmada el 30 de septiembre de este año a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy argumenta que el contenido del dictamen tiene carácter “estrictamente privado”, al tratarse de “un informe interno de asesoramiento entre empresas”. Añadía, además, que la factura seguía pendiente de pago y que la información contenida en el documento no podía ser utilizada, ni en el ámbito privado ni en el público, hasta que se abonase el importe correspondiente.
Los afectados han impugnado esta decisión ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, subrayando que el informe fue financiado con dinero público y que, conforme a la doctrina en materia de transparencia, debe tener la consideración de información pública.