El bloqueo urbanístico que impide a los propietarios construir en el Polígono 2A de Cho-Parque la Reina continúa sin visos de resolverse. Hace más de un año, el 29 de julio de 2024, el Ayuntamiento de Arona adjudicó un contrato menor de 14.980 euros a la Fundación ULL para la emisión de un dictamen jurídico del catedrático Francisco Villar Rojas que explorase las diferentes posibilidades legales para resolver el entuerto urbanístico en el que se encuentra sumida esa urbanización. Esta lleva décadas construida y algunos vecinos han levantado ya sus casas, pero el consistorio cambió de doctrina recientemente y no la considera como recepcionada formalmente, impidiendo a otros tramitar sus licencias.
Los vecinos denunciaron en julio de este año, cuando se cumplió un año del encargo del dictamen, que Arona no había hecho nada con él y lo tenía "guardado en un cajón", a pesar de que la Fundación ULL lo envió al ayuntamiento en septiembre de 2024. Ahora, tras múltiples intentos de los afectados por acceder al informe para conocer las propuestas del catedrático Villar Rojas, se han topado con la sorpresa de que Arona todavía no ha pagado el dictamen jurídico recepcionado hace más de un año.
No se ha pagado
Una resolución firmada el 30 de septiembre de 2025 por el teniente de alcalde del área de Gobierno de Educación, Deportes, Juventud, Transparencia y Modernización, Luis Sierra Ladrero, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy reconoce expresamente que la información solicitada por los vecinos “es estrictamente privada, por cuanto que fue un dictamen interno de asesoramiento entre empresas” y añade: “Para más inri, la factura de dicho contrato aún está pendiente de ser pagada por razones diversas, por lo que los datos de dicho dictamen no pueden ser utilizados ni privadamente ni mucho menos públicamente, al provenir de un contrato que aún está sin ejecución por falta de pago”.
En el encargo del dictamen se precisaba este se justificaba en la necesidad de obtener una interpretación experta sobre la compleja situación urbanística del ámbito y sus efectos jurídicos, tarea para la que se consideró al equipo académico de la ULL como “posiblemente los profesionales más cualificados de la Comunidad Autónoma”. Sin embargo, no parece que el Ayuntamiento de Arona tenga mucha prisa por conocer esta interpretación experta sobre la compleja situación urbanística de Cho-Parque la Reina, pues no ha abonado los casi 15.000 euros que costaba y los vecinos suman un año más sin poder construir en sus parcelas.
El encargo, no obstante, especificaba que debía ejecutarse en dos meses. La ULL cumplió, el consistorio no. El documento, del que todavía no se sabe nada públicamente porque Arona se lo niega a los vecinos, debía incluir un análisis exhaustivo de los aspectos legales que impiden al ayuntamiento resolver la controversia que mantiene paralizadas las licencias en el núcleo.
¿Qué pedía Arona en el informe?
Entre los puntos que el consistorio pidió que se abordaran figuraba, en primer lugar, la cuestión de si concurrían los supuestos necesarios “para considerar que la urbanización se encuentra tácitamente recibida por el Ayuntamiento de Arona”, una de las claves del conflicto. También se solicitaba determinar si esa recepción tácita requería “una declaración formal para que se desplegara los efectos que le son propios” y cuáles serían esos efectos.
El Ayuntamiento pidió además a los juristas de la ULL que valoraran si esa recepción tácita podía utilizarse “como fundamento jurídico para motivar y justificar el otorgamiento de licencias urbanísticas edificatorias en este ámbito”, teniendo en cuenta que se trata de “una figura de construcción jurisprudencial y no existiendo norma legal positiva que regule su aplicación y efectos”.
Otra de las cuestiones planteadas fue si el eventual incumplimiento por parte de Gestur Tenerife, promotora original del plan parcial, de otras obligaciones legales —“como la participación en el proceso equidistributivo de beneficios y cargas del sector o la cesión del 10 % del aprovechamiento medio del ámbito”— podría influir en la existencia o no de la recepción tácita.
Revisión de oficio
Los responsables municipales pidieron igualmente que el dictamen determinara la posible aplicación de la “recepción por imperativo legal regulada en el artículo 267 de la Ley 4/2017, de 13 de julio” y aclarara si, para que se produjera esa recepción automática, “la documentación que debe aportarse junto con la solicitud debe ser en todo caso la reglamentariamente exigida en la actualidad o la que resultaba exigible en el momento de la presentación de dicha solicitud”.
También se planteó que se analizara cuándo se entendería producida la recepción por imperativo legal en los casos en que la solicitud no hubiera sido resuelta antes de la entrada en vigor de la ley de 2017: “¿Lo sería en el momento de operar el silencio o con la entrada en vigor de la citada ley?”.
Por último, se pidió valorar si sería posible revisar de oficio las licencias ya otorgadas en el pasado y si esa revisión podría utilizarse “para buscar una solución proclive al otorgamiento de licencias, en aras del principio de proporcionalidad (…) y del principio de igualdad entre propietarios”.
Transparencia y Diputada del Común
La resolución que niega a los vecinos el acceso al documento de la ULL ha sido recurrida por estos ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, donde se argumenta que el informe solicitado “constituye información pública, en tanto documento elaborado por encargo de la Administración y en poder de ésta” y que el retraso en el pago “no puede condicionar la existencia ni la accesibilidad del documento”. También se alega que la doctrina en materia de transparencia es clara: los informes y dictámenes contratados con fondos públicos son accesibles salvo que concurra un límite legal expreso, lo que no ocurre en este caso, argumentan.
El prooblema de los vecinos también llegó además a la Diputada del Común, Lola Padrón, aunque el pasado 17 de octubre comunicó el archivo del expediente tras recibir un escrito del Ayuntamiento de Arona en el que se aseguraba que aceptaba una resolución formulada previamente por la institución para que pusiese fin al enredo urbanístico que vivían los vecinos. El consistorio le aseguró a Lola Padrón el caso “se encuentra en vías de solución” y esta cerró el expediente de queja presentado por los vecinos, que ahora asisten atónitos al hecho de que ni siquiera se ha pagado el dictamen que debería poner fin a su calvario.
Los vecinos han protestado formalmente contra este archivo, y han notificado a Padrón, en una queja a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy que "el Ayuntamiento de Arona continúa sin realizar avances efectivos en la resolución del fondo del asunto y, además, se sigue negando el acceso al dictamen cuyo conocimiento se ha solicitado reiteradamente". Piden, asimismo, que la Diputada del Común inste al consistorio a pagar el informe, entregárselo a los vecinos y resolver definitivamente el problema.
La historia detrás del conflicto
El conflicto de Cho-Parque la Reina se remonta al Plan Parcial Cho II, aprobado en 1976 y promovido años después por la empresa pública Gestur Tenerife. La urbanización se dio por finalizada en 1986, pero nunca se produjo su recepción formal por parte del ayuntamiento.
Pese a ello, durante décadas el consistorio ha prestado servicios municipales en la zona —alumbrado, limpieza, recogida de residuos— y ha concedido licencias de construcción a algunos vecinos, una práctica que se frenó hace poco más de siete años con el argumento de que la recepción no consta oficialmente. Esa contradicción ha dejado a decenas de propietarios atrapados en un limbo administrativo.
Recientemente, los vecinos afectados se han personado en el contencioso-administrativo del exconcejal de Arona Nicolás Jorge, que en diciembre de 2024 demandó al ayuntamiento por el desarrollo urbanístico de esa zona de Arona. El objetivo de los vecinos es introducir su caso en la demanda para tratar de solucionarlo por la vía legal.